Lo que se viene: Tribunales Ambientales y Superintendencia Ambiental

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en blog de La Tercera el 20 de diciembre 2012. Vea blog AQUÍ.


El gobierno  ha anunciado que a fines de este mes deberían entrar en funcionamiento los Tribunales Ambientales, con lo cual asegura que se resolverán muchos problemas asociados a conflictos ambientales. Pero esto definitivamente no será así, pues hay mucho por hacer para que los tribunales realmente operen plenamente; de ahí a resolver temas en conflicto hay un gran distancia.

Si bien antes de fin de año deberían estar nombrados los jueces titulares y suplentes que conformaran el primero de los tres Tribunales Ambientales que operarán en Chile, se debe tener presente que esta es una institución nueva, por tanto habrá que dotarla de todo lo necesario para que pueda funcionar. Para ponerlo más claro, este primer tribunal que funcionará en Santiago tiene mucho trabajo por delante antes que los jueces puedan abocarse realmente a cumplir sus funciones, pues deberá contratar personal, habilitar un lugar para funcionar y, aún más importante, elaborar el o los  reglamentos de la ley N°20.600. Así, afirmar que el 28 de diciembre estarán funcionando los Tribunales Ambientales es claramente una exageración que crea falsas expectativas.

Además, el de Santiago es uno de los tres tribunales que se deben crear, entonces cabe la pregunta ¿qué pasa con los otros? En teoría, deben implementarse a mediados de 2013. También surgen otras interrogante, como si estos jueces serán capaces de resolver respecto de todos los caso que se le presenten o hay casos que vera la justicia ordinaria; o si el diseño institucional le entrega garantías de acceso a la justicia en iguales condiciones para todos los habitantes de Chile.

Junto con ello, la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales permitirá que finalmente pueda operar la Superintendencia Ambiental, entidad encargada de la fiscalización ambiental de segundo nivel, o sea, que fiscaliza a los fiscalizadores. Si bien esta institución fue aprobada el año 2010 y cuenta con presupuesto y una dotación de personal desde entonces, no ha sido capaz de sacar adelante el o los reglamentos necesarios para funcionar.

Por ello es inevitable que para el ciudadano común y corriente surjan numerosas dudas sobre cuál es el rol de cada una de estas entidades y sobre cómo van a operar en la práctica. Es de público conocimiento que desde el año 2010 existe una nueva institucionalidad ambiental, con un Ministerio encargado de dictar políticas, un Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) encargado de la calificación ambiental de los proyectos y una Superintendencia Ambiental, que no ha operado y cuyo rol es fundamentalmente la fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de proyectos aprobados, planes de descontaminación, normas de calidad y emisión. Sin embargo, desde octubre de 2010 a la fecha estas instituciones no han sido capaces de dictar los reglamentos que las hagan completamente operativas. Como consecuencia, el Ministerio y el SEA han estado funcionando con una suerte de “puzle o parches”, entre reglamentos antiguos, instructivos y dictámenes de Contraloría, que constituyen un sistema muy complejo de entender y que deja amplios espacios de incerteza.

El caso de la Superintendencia es  aún más dramático, pues su entrada en funcionamiento quedó condicionada a la aprobación de la Ley sobre Tribunales Ambientales, por tanto, desde hace dos años su única tarea ha sido prepararse  para cuando operen estos tribunales. Aun así, no ha sido capaz de tener listo el reglamento de la ley N° 20.417, ni tampoco de establecer vínculos y capacitar personal de los otros servicios públicos que en definitiva serán los encargados de realizar en terrenos las fiscalizaciones; es decir, estamos frente a una institucionalidad que tendrá mucha dificultades para funcionar.

Pareciera que tras dos años de espera y aun sin reglamentos, ahora hay más probabilidades que comience a funcionar la “nueva institucionalidad ambiental”, pero es necesario establecer algunas consideraciones. Por una parte, la Superintendencia  funciona por denuncias y su dotación de personal es bastante limitada, así como lo es la capacidad del ciudadano común para acceder a esta institución.

Junto con ello, los Tribunales Ambientales partirán en Santiago y luego en Valdivia y Antofagasta, y no se contempla en el mediano plazo el establecimiento de más tribunales en otras regiones del país, por lo que estos tres atenderán las denuncias de todo Chile. Esto al menos parece cuestionable, pues el acceso a la justica de estos tribunales que podrá tener una persona comun y corriente es muy distinto al que tendrá una gran empresa. Así, acceder a la justicia común mediante recursos de protección seguirá siendo la alternativa más viable para la población en general cuando vea afectados sus derechos; con ello, lo que pasó con la termoeléctrica  Castilla y otros proyectos seguirá ocurriendo. Todos los habitantes de nuestro país tenemos derechos constitucionales que se ejercen mediante los recursos de protección; en relación al medio ambiente, el artículo 19 N°8 establece “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y por tanto toda persona puede recurrir de protección respecto de este der echo cuando lo estime conveniente.

Ante este panorama de institucionalidad a medio funcionar, resulta altamente preocupante el constante mensaje que han emitido el gobierno y los grandes empresarios, en el sentido que con la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales se acabarán las reclamaciones ante la justicia ordinaria y que serán éstos junto a la Superintendencia los encargados de resolver los problemas.  Han sido enfáticos además en señalar que situaciones como la ocurrida con Castilla no hubiese existido de haber tribunales especializados, pero esto no es cierto, pues los recursos de protección son para garantizar derechos constitucionales y por tanto es un tipo de acción que seguirá existiendo.

Así, el futuro en términos de institucionalidad ambiental para el país ofrece más dudas que certezas. Claramente, el nombramiento de los jueces del Tribunal Ambiental de Santiago es un paso adelante, pero muy pequeño en relación a los desafíos que aún se encuentran pendientes, y no debe cargársele  la mano a esta entidad, cuando hay muchos problemas que se arrastran y que tienen que ver con la precariedad y el débil sistema institucional ambiental chileno.

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