Al comenzar un nuevo año, se multiplican los balances del año que concluye y se proyecta lo que viene; en materia ambiental, existe un diagnóstico claro, que se viene reiterando desde hace varios años, que apunta a la debilidad de la institucionalidad ambiental del país, con la novedad que durante el 2012, la Corte Suprema comenzó a jugar un rol relevante, resolviendo situaciones ante las cuales las instituciones ambientales se han mostrado ineficientes e incluso incapaces. El rol asumido por la Suprema establece cuestionamientos en derecho a la interpretación que se ha realizado durante años por distintos gobiernos a la legislación ambiental, es decir, cuestiona la gestión en materia ambiental.

Como consecuencia, uno de los desafíos más importantes para el 2013 es revisar y repensar la institucionalidad ambiental, entender los problemas de fondo que presenta, escuchar a las comunidades y eliminar la desigualdad entre empresas y ciudadanos que presenta la ley ambiental. Este análisis debe estar encaminado a subsanar los problemas existentes en lugar de profundizarlos, deben ser impulsados con urgencia por todos los sectores, y liderados por el gobierno y el Parlamento. Pero sin duda, a pesar de la urgencia de buscar solución a los problemas, parece poco probable que esto suceda, pues entramos en un año electoral donde todo se canjea por votos, lo que no necesariamente implica mejoras a la calidad de vida de las personas.

Un camino intermedio puede ser fortalecer la actual institucionalidad ambiental, entregándole mayores competencias y presupuesto a los servicios que la componen: Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Superintendencia de Medio Ambiente; pero también completando el proceso de implementación de la reforma ambiental. Para ello, es imprescindible elaborar y promulgar todos los reglamentos contemplados en las modificaciones a la ley N° 19.300 de 2010 que permitan entregar todas sus facultades al Ministerio del Medio Ambiente y SEA.

Entre otros, urge la promulgación del Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), del Reglamento del RETC, Reglamento de Áreas Protegidas Privadas, Reglamento de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies, Reglamento de Caudal Ecológico Mínimo, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como establecer con claridad los mecanismos de consulta previa para la aplicación del Convenio 169 de la OIT tanto en la calificación ambiental de proyectos como en la dictación de normativa ambiental.

Junto con ello es necesario que se elaboren y promulguen los reglamento de la Ley N° 20.417 de 2010, que crea la Superintendencia de Medio Ambiente, pues a pesar que esta institución se creó junto con el Ministerio y el SEA, producto de un acuerdo político sólo pudo comenzar a operar a fines de 2012 tras el nombramiento de los jueces que conforman el primer Tribunal Ambiental de Chile. Es muy lamentable  que haya pasado casi desapercibido el rol e importancia de la Superintendencia, entidad encargada de la fiscalización ambiental de proyectos.

Como parte de la reforma a la institucionalidad ambiental se crearon también los Tribunales Ambientales, Ley N° 20.600; al finalizar el año juraron los cinco jueces designados para presidir la instancia en Santiago (tres titulares y dos suplentes), pero se encuentran por ahora imposibilitados de ejercer sus funciones pues no cuentan con espacio físico, personal ni en general los medios necesarios para ello. Así, en la práctica, estos tribunales se encuentran en proceso de implementación, lo que incluye dotarlos tanto de los medios físicos como de los reglamentos necesarios para su funcionamiento. A mediados de año, en tanto, deberán entrar en funciones los Tribunales Ambientales de Antofagasta y Valdivia; es de esperar que, con la experiencia de Santiago, esta vez se actúe con mayor prontitud y al nombramiento de los respectivos jueces éstos se encuentran, al menos, con que cuentan con oficinas y el personal necesario para empezar a funcionar de inmediato.

En todo caso, la implementación de los tribunales permite que entre en funciones la Superintendencia, creada hace más de un año pero cuyas funciones se encontraban hasta ahora en suspenso, de acuerdo a la ley Nº20.417. Para ello, sin embargo, también debe elaborar y promulgar al menos cuatro reglamentos, que no logró completar en sus casi 14 meses de existencia.

En materia de la institucionalidad ambiental del país, también se impone como un desafío fundamental sacar adelante un buen proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, públicas y privadas. Este proyecto se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, y ha registrado escasos avances durante el año que termina. Como complemento, se deberá presentar un nuevo proyecto para modernizar la institucionalidad forestal, creando una Conaf pública, tras el rechazo a la idea de legislar que se produjo en mayo último. Pasados 12 meses desde este rechazo, el Ejecutivo está facultado para enviar un nuevo proyecto sobre esta materia; es de esperar no sólo que el gobierno lo haga, sino que haya aprendido la lección del pasado rechazo, y envíe un proyecto con el suficiente respaldo, y que diseñe un nuevo Servicio Forestal que cuente con las competencias necesarias para enfrentar los desafíos que presenta el país, proporcionales a la importancia del sector forestal.