Con la autorización vía telefónica de los ministros de los Tribunales Ambientales, el superintendente podrá clausurar una empresa de inmediato si constatan un grave incumplimiento, explica Juan Carlos Monckeberg. La Segunda, 28 de diciembre de 2012.
By Comunicaciones Terram
Superintendente de Medio Ambiente advierte a empresarios: “No tienen excusas para incumplir”
Tras dos años de preparación, hoy la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inicia funciones en plenitud. Pese a los pronosticados retrasos en la puesta en marcha, el superintendente del nuevo ente fiscalizador, Juan Carlos Monckeberg, deja en claro que la institución está preparada para actuar.
"Estábamos con las zapatillas de clavos esperando partir con todas las atribuciones. Una vez que los tres ministros titulares del Tribunal Ambiental juren ante el pleno de la Corte Suprema, comenzamos a operar", dice. (Ver página 27)
Monckeberg, geógrafo de 36 años, explica que hasta ahora las denuncias que recibía el organismo eran derivadas a los servicios públicos respectivos. Desde hoy recaerá en la SMA la atribución de fiscalizar que se cumplan los compromisos adquiridos por los titulares de proyectos, establecidas en más de trece mil resoluciones de calificación ambiental (RCA).?
Las facultades del nuevo organismo no serán pocas, especialmente en materia de multas. Se calcula que serán 240 veces mayores que las actuales. Existirán tres tipos de infracciones: leves, graves y gravísimas. Esta última incluye la revocación de la RCA, clausura y multa de hasta US$?10 millones.
En los primeros días de enero, comenta Monckeberg, publicarán el programa anual de fiscalización de 2013, que señalará sectores de la economía, "aunque obviamente no aparecerá nombres de instalaciones, queremos preservar el factor sorpresa y disuasivo de la fiscalización".
Eso sí, deja claros los cuatro pilares de fiscalización: atmosféricos, hídricos, biodiversidad y sistemas de vida de las personas.
La SMA cuenta con 100 personas trabajando, pero sumará a organismos públicos que podrán fiscalizar. "Es un ejercicio tremendo. No es fácil ponerse de acuerdo con 15 servicios públicos sobre qué, cómo, cuándo y dónde fiscalizar".
Adelanta que las empresas no podrán evadir el rol de la Súper. "Si el fiscalizador llega a una empresa, se identifica, y la compañía le impide el paso es considerado una infracción grave. Pueden recurrir a la unidad policial más cercana e ingresar con las fuerza policial".
-¿Están en condiciones de partir hoy con todas las labores de fiscalización?
-Sí, labor de fiscalización que puede ser revisando instalaciones en terreno o haciendo requerimientos de información como el realizado hace un tiempo, cuando solicitamos datos a cerca de 10.000 proyectos. En este último caso, a partir del 28 de diciembre comienza a correr el plazo para que las empresas puedan responder.?
Si no la entregan en el plazo, que vence el 21 de enero, serán sancionadas por la Superintendencia.
Primero, identificar empresas que operan sin permisos
-¿Cuáles serán las primeras acciones de la Súper?
-Hemos establecido que para este primer año desarrollaremos una línea de investigación asociada a la identificación de empresas que operan sin contar con los permisos ambientales debiendo tenerlas.
Existe información que permite señalar con seriedad que existen proyectos que actúan al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que están operando, pero que no cuentan con una resolución de calificación ambiental.
-¿De qué tipo son?
-Hay un abanico muy amplio de proyectos que están en esa condición. A veces no es tan fácil demostrar que sí requerían ingresar al SEIA, por lo que es relevante la coordinación con el Servicio de Evaluación Ambiental.
Sin embargo, en esa condición hay iniciativas mineras, de extracción de áridos, eventualmente proyectos inmobiliarios o agropecuarios. Me atrevería a decir que todos los sectores de la economía están representados en algunos proyectos que evadieron el ingreso a la evaluación ambiental.
-¿Podrán responder ante una eventual "avalancha" de denuncias a las que deberán dar respuesta?
-Actuamos bajo un criterio de jerarquización o de impactos ambientales más relevantes. Siempre está la decisión que toma la Superintendencia para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.
De todas formas, para efectos de las denuncias estamos obligados a recibirlas y tratarlas, además la ley nos impone plazos para las respuestas. Eso sí, hay que entender que la denuncia no es un twitter o correo electrónico. Tienen que identificarse con nombre completo, establecer lugar específico donde se verificó la posible infracción y, para eso, disponemos de un formulario en la página web.
-¿Qué tipo de denuncias han recibido?
-Llegan denuncias, probablemente de otras empresas, muy bien construidas en términos jurídicos y técnicos, con un estándar que quisiéramos recibir siempre. Es posible leer que una empresa denuncia a otras por razones económicas; no obstante, si en la denuncia existe información de incumplimiento, tenemos que dar el tratamiento que corresponde.
Sanciones: "Criterios técnicos y ya no políticas"
-En su opinión, ¿cuál es el cambio más importante con la entrada en vigencia de la Súper?
-Tal vez lo más relevante es que toda la sanción, que anteriormente aplicaba cada región a través de las comisiones de evaluación ambiental, conformadas por el intendente y los seremis, pasan ahora a la Superintendencia. Por tanto, serán decisiones técnicas, dejando a un lado el componente político.
-¿Es posible que con puesta en marcha de la SMA conflictos sociales, que se iniciaron como medioambientales, sean detenidos antes?
-Con la Superintendencia y su rol rector, aparece un actor que lo único que mira es el cumplimiento de las condiciones, exigencias y medidas establecidas en los distintos instrumentos.?
-Pero si la SMA hubiese estado en funcionamiento, ¿el conflicto en Freirina por la planta de Agrosuper era evitable?
-Es difícil referirme a un proyecto en particular, pero efectivamente cuando uno reciba las denuncias permitirá una capacidad de respuesta mucho mayor para detectar y parar de forma eficiente los incumplimientos.
Esto puede provocar efectos positivos en las expectativas que pueda tener la ciudadanía en relación con los problemas que la aquejan.
"Las empresas han tenido un tiempo razonable para revisar todos sus permisos"
-¿Qué consejo se les puede dar a los empresarios?
-Les diría que trataremos de actuar con estándares técnicos y jurídicos lo más alto posibles, porque nuestras actuaciones serán reclamables an? te el Tribunal Ambiental. Ellos podrán validar o revocar nuestras decisiones, y trabajaremos para que esto último nunca ocurra, por eso el desafío de la institución es sumamente técnico.
-Pero más de algún inversionista puede estar preocupado por las sanciones que puedan recibir…
-No buscamos sancionar, el ideal es incentivar el cumplimiento. Las obligaciones establecidas en las resoluciones ambientales son condiciones puestas a los titulares sobre las cuales se autorizó el funcionamiento. Nosotros determinaremos que los compromisos efectivamente se cumplan.
Las empresas han tenido un tiempo razonable, aproximadamente dos años, para poder revisar todos sus permisos, ponerse al día de los incumplimientos.
-¿No tendrán excusas para los incumplimientos?
-No tienen excusas, porque las condiciones que tienen son de las que ellos estuvieron conscientes al momento de obtener la autorización. Si no estaban de acuerdo, existían los mecanismos para que reclamaran en su minuto a las instancias correspondientes.
Hoy son obligaciones establecidas y, por ley, debemos verificar que se estén cumpliendo.
-¿Cómo ven su relación con los Tribunales Ambientales?
-Tendremos una relación entendiendo que son ellos los que nos controlan en términos de cómo procedemos jurídica y técnicamente.
Pero hay otro tipo de relaciones interesantes. Cuando vayamos a fiscalizar podríamos ver un daño ambiental que ocurre en el momento y, por ejemplo, podríamos requerir una clausura temporal o definitiva. Esas decisiones serán en consulta con el Tribunal, por ejemplo, llamando a algún ministro.
-¿Cuál sería el procedimiento?
-El procedimiento no está definido, la ley dice que sea la forma más expedita posible, por lo que estamos gestionando las reuniones con los ministros del Tribunal Ambiental para definir la forma específica.
"Me gustaría estar ratificado en el cargo"
Hoy comienza el desafío profesional de mayor relevancia en la carrera de Juan Carlos Monckeberg, geógrafo de la UC que liderará la Superintendencia del Medio Ambiente. "Me siento capacitado para hacer bien el trabajo y, para mí, estar en esta posición es un lujo", reconoce.
Esto, pese de hacerlo en forma subrogante, luego que el proceso que buscaba designar a un titular se declarara desierto al no poder conformar la terna de postulantes calificados.
-¿Afecta que la SMA inicie funciones con un superintendente subrogante?
-Para efectos prácticos, la calidad de subrogante no tiene implicancias en el funcionamiento. Evidentemente, me gustaría estar ratificado en el cargo, pero no afectará en el trabajo serio que nos hemos planteado para desarrollar en la institución.
-¿Cuándo se podría clarificar la situación?
-De acuerdo a lo que me han informado, el concurso se abriría nuevamente en marzo, procedimiento en el que obviamente participaré.
-Antes de que asumiera, ocupaba su cargo Jaime Lira. ¿Existió un cambio de mirada al trabajo realizado?
-No me corresponde opinar sobre el superintendente anterior. Lo que puedo decir es que nosotros nos enfocamos en la coordinación con el resto de los servicios públicos, materializado en la firma de un convenio donde se encomiendan acciones fiscalizadoras, algo que no se venía trabajando. También, desarrollamos una línea de compra de equipos por más de $400 millones para los fiscalizadores.