Empresa de la Universidad de Harvard es procesada por tala ilegal de bosque nativo en Chiloé

Desde 2004 la Universidad de Harvard ha creado al menos once sociedades en Chile para explotar el negocio forestal. Una de ellas es Agrícola Brinzal, la que enfrenta dos procesos judiciales en Ancud. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) la denunció por la tala rasa ilegal de 76,84 hectáreas de bosque nativo. Además, la acusó de no cumplir con el plan de manejo de bosques, pues reforestó con eucaliptus 73,5 hectáreas que debían ser plantadas con especies autóctonas. La misma sociedad recibió subsidios de reforestación del gobierno chileno por cerca de $114 millones entre 2007 y 2010. CiperChile, 06 de marzo de 2013.

Desde 2004 la Universidad de Harvard ha creado al menos once sociedades en Chile para explotar el negocio forestal. Una de ellas es Agrícola Brinzal, la que enfrenta dos procesos judiciales en Ancud. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) la denunció por la tala rasa ilegal de 76,84 hectáreas de bosque nativo. Además, la acusó de no cumplir con el plan de manejo de bosques, pues reforestó con eucaliptus 73,5 hectáreas que debían ser plantadas con especies autóctonas. La misma sociedad recibió subsidios de reforestación del gobierno chileno por cerca de $114 millones entre 2007 y 2010. CiperChile, 06 de marzo de 2013.


En diciembre de 2011 un grupo de pequeños propietarios agrícolas se acercó a la oficina de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) en Ancud para compartir una preocupación: una empresa había comprado terrenos colindantes a los suyos y estaba cortando bosque nativo para plantar eucaliptus. Javier Sanzana, uno de los ingenieros forestales de la AIFBN que trabaja en el programa de asistencia técnica a comunidades campesinas, decidió chequear en terreno en los predios ubicados en las localidades de Aguas Buenas, Choroihué y Belben, en la zona central de Ancud. Lo que vio no dejó lugar a dudas: “Estaban los restos de los árboles recién cortados”, recuerda. Sanzana constató también que en algunas zonas se había plantado eucaliptus a menos de un metro de cauces de agua y que los desechos del corte del bosque habían obstruido algunos de ellos.
 
Tras comparar con fotografías satelitales anteriores del terreno, se sistematizaron los datos y se elaboró un informe de Monitoreo Forestal que se entregó a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en abril de 2012. “Se observaron amplios sectores plantados extensamente con eucaliptus, sustituyendo para ello bosque nativo, existiendo además otros sectores de praderas y matorrales arbustivos igualmente plantados sin respetar los sectores de protección de cursos de agua”, se explica en el texto (ver el documento).
Entre junio y noviembre de 2012, funcionarios de la CONAF inspeccionaron varios predios colindantes en la zona de Ancud y cursaron ocho infracciones. Siete de ellas fueron por incumplimiento de reforestación (se plantaron eucaliptus aunque el Plan de Manejo de Bosques aprobado por la CONAF obligaba a poner especies nativas). La octava fue por tala rasa ilegal de bosque nativo. Todos eran propiedad de la misma empresa: Agrícola Brinzal.
Según datos de la CONAF, aportados por Brinzal, ésta es propietaria de 22 predios en Chiloé, ocupando una superficie total de 2.216,7 hectáreas. La información extraída por los ingenieros de la AIFBN desde el Conservador de Bienes Raíces de Ancud -incluida en su ya citado informe de Monitoreo Forestal-, indica que Agrícola Brinzal tendría 24 predios en la zona, adquiridos desde 2010, sumando una superficie aproximada de 2.800 hectáreas.
CIPER solicitó a CONAF, por medio de la Ley de Transparencia, información sobre las infracciones cursadas a Brinzal y a otras empresas del mismo propietario. La Corporación respondió enviando copias de todas las actas de inspección que originaron infracciones (vea los documentos) y un cuadro explicativo que informa la etapa en que se encuentran esos procedimientos, si originaron una causa judicial y si se aplicaron sanciones (vea ese cuadro).
De acuerdo con el cuadro enviado por CONAF, las fiscalizaciones determinaron dos tipos de infracciones: al artículo N° 17 del Decreto Ley N° 701 (1974), por incumplir compromisos de reforestación con especies nativas en una superficie de 73,5 hectáreas, correspondiente a cinco predios colindantes entre sí. La otra infracción es al artículo N° 51 de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, por “cortas ilegales de bosque nativo a tala rasa sobre una superficie de 76,84 hectáreas, con el objeto de sustituir dicho bosque nativo por plantación de Eucaliptus”. La información entregada por CONAF señala que estas infracciones dieron origen a dos causas (Rol 101330-3 y Rol 101329) en el Juzgado de Policía Local de Ancud.
Estos antecedentes también figuran en una carta remitida por CONAF a la Cámara de Diputados, fechada el 19 de junio de 2012, en respuesta a un requerimiento formulado por parlamentarios (ver la carta de CONAF a la Cámara).
CONAF propuso una multa para la empresa de $ 425,9 millones por la tala rasa ilegal y de 15 UTM por hectárea por el incumplimiento en la reforestación (equivalente a $ 44,1 millones). El total de las multas propuestas suma poco más de $ 470 millones.
Además, CONAF informó que ha denunciado a Agrícola Brinzal en las localidades de Fresia (Región de Los Lagos) y Lago Ranco (Región de Los Ríos) por incumplimiento de reforestación. La primera causa está en trámite y en la segunda, el tribunal condenó a la empresa a reforestar con ulmo el mismo terreno afectado (1,2 hectáreas). La Corporación también indicó que otra empresa del mismo propietario, Agrícola Duramen Limitada, fue denunciada por “corta no autorizada” en Purranque (Región de Los Lagos), juicio que culminó con una multa de $1,2 millones y la obligación de reforestar la superficie afectada (2 hectáreas).
Lo que nadie sabía, hasta ahora, es que estas empresas -Brinzal y Duramen- son controladas por una de las más prestigiosas universidades a nivel mundial: Harvard.
LA AGRÍCOLA CHILOTA
La sanción que derive del juicio contra Brinzal es clave para CONAF, porque hace más de una década que en Chiloé no se procesaba a una empresa dueña de grandes extensiones de terreno por la tala ilegal de bosque nativo. “A nosotros lo que nos interesa es que se foreste, nos interesa recuperar bosque. Pero lo que también nos interesa es que esto se haga bien y tiene que hacerse de acuerdo a la legislación vigente. Bajo ningún punto de vista estamos de acuerdo con que se haga una sustitución de bosque nativo, o se plante de mala forma, o no se respeten los planes de manejo que están presentados ante la Corporación”, explica Jorge Aichele, director de CONAF de Los Lagos.
El ingeniero Sanzana asegura que antes de Brinzal no se habían visto talas masivas por parte de empresas en Chiloé: “Antes han sido operadores o consultores más pequeños, pero esta es una empresa grande que compra predios, los planta masivamente y sustituye, en algunos casos, bosque nativo con plantaciones exóticas”. El presidente de la junta de vecinos de la localidad de Belben, Carlos Muñoz Grandón, dice que su comunidad está preocupada porque los eucaliptus se están plantando muy cerca de sus terrenos. “El impacto es grande, es enorme, desde las fumigaciones hasta cuando crezcan los eucaliptus, porque tendremos un tremendo problema con la distribución del agua. Eso va a afectar la producción de animales y leche, que es a lo que la gente aquí se dedica”, asegura Muñoz.
La AIFBN recibió denuncias de que Brinzal ofrecía comprar predios más caros si estaban “limpios de bosque”; es decir, listos para plantar especies más propicias para comercializar madera (como el eucaliptus, que crece más rápido que las especies nativas).  Jorge Aichele no tiene claro si los bosques fueron cortados por trabajadores de Brinzal o si esta empresa adquirió los terrenos ya talados. De todos modos, afirma que la responsabilidad en las infracciones detectadas es de Brinzal, ya que el propietario del terreno debe asegurar que se cumplan en todo momento los planes de manejo comprometidos con CONAF.
De acuerdo al monitoreo que hizo la AIFBN, en la zona de bosque nativo que fue talada había coigüe, canelo, tepú, ulmo y tepa. El director regional de CONAF, Jorge Aichele, descarta la posibilidad de que toda la madera obtenida de la tala del bosque nativo tuviese un valor comercial alto. Pero el daño ambiental sí es importante.
Las causas contra Agrícola Brinzal en Ancud están en manos del abogado de CONAF Francisco Urrutia Ganoa. En ellas, ya se tomaron las declaraciones de las partes y se rindieron las pruebas. CONAF presentó fotografías satelitales y llevó como testigos a sus fiscalizadores y a propietarios de predios de esa zona. La información proporcionada por la corporación indica que la causa por incumplimiento de reforestación ya se encuentra lista “para que el juez dicte sentencia”. Respecto del juicio por tala rasa ilegal, señaló que “el tribunal decretó inspección personal en los predios para la primera semana de marzo de 2013”.
PROPIEDAD DE HARVARD
Los registros del Diario Oficial indican que Agrícola Brinzal está controlada por la sociedad Phemus Corporation. Este es un fondo de inversión de la Universidad de Harvard que es administrado por Harvard Management Company (HMC). Esta última es la entidad encargada de rentabilizar el patrimonio de la universidad y para eso invierte a largo plazo en distintos rubros y lugares del mundo. Según se lee en la página web de HMC, su objetivo es “abrir las puertas de Harvard a alumnos que de otro modo no podrían estudiar aquí, así como ayudar a financiar descubrimientos significativos en la investigación científica”. En 2004 los fondos de Harvard desembarcaron en Chile creando sociedades agrícolas para invertir en el sector forestal.
Al momento de crear Agrícola Brinzal, el representante de Phemus Corporation en Chile era el abogado René Fuchslocher Raddatz, quien fue candidato a concejal en Puerto Montt por la UDI en 2008. En esa ciudad tiene hoy su estudio jurídico “Fuchslocher, Bogdanic & Asociados”. El abogado describe su experiencia profesional reciente como enfocada a “la adquisición de grandes superficies agrícolas, forestales y costeras con interés turístico o acuícola, la aplicación de herramientas legales tendientes a su saneamiento, y la gestión de planes de desarrollo productivo en ellas, todo bajo un prisma tributario”.
Fuchslocher dijo a CIPER que trabajó en la creación de las sociedades de Harvard junto al abogado Roberto Edwards Smith, quien representó a Harvard Private Capital Holdings Inc. Ambos abogados, en representación de los fondos de inversión de Harvard, crearon en diciembre de 2004 la sociedad Inversiones Tres Cumbres Limitada. Un mes más tarde, en enero de 2005, crearon Agrícola e Inversiones Pampa Alegre S.A. A través de esas dos sociedades formaron, en febrero de 2005, Agrícola Brinzal Limitada, Agrícola Crecer Limitada y Agrícola Duramen Limitada con un capital de $1 millón cada una (ver registros del Diario Oficial). En noviembre del año pasado Agrícola Duramen absorbió, por fusión, a Agrícola Crecer (ver publicación en el Diario Oficial).
El abogado Fuchslocher aseguró que ya no tenía la representación legal de estas empresas. “Básicamente eran sociedades constituidas afuera (Phemus Corporation y Harvard Private Capital Holdings Inc.), y nos dieron a nosotros el mandato para iniciar actividades (en Chile). Pero, físicamente, hasta donde yo sé, esas no tuvieron ninguna operación comercial, aparte de haberse usado para constituir otras sociedades. La idea original de esto era que estas sociedades compraran predios agrícolas para forestar, pero no sé qué hayan hecho más allá con esto”, explica.
Fuchslocher confirma que las inversiones son de Harvard y agrega que el hombre que lleva los negocios forestales de esa universidad en Chile es Jorge Ross Amunátegui: “Él era el contacto directo que tenía este fondo en Chile, nosotros fuimos el estudio de abogados que nos encargamos de estructurarlos para efectos prácticos, pero nada más. Respecto a la operación, Jorge (Ross Amunategui) siempre se encargó de todo”.
La conexión de Jorge Ross con el rubro de las inversiones forestales data al menos de 1987. En octubre de ese año, Ross Amunátegui figuraba con la representación, administración y uso de razón social, de Inversiones y Comercio Contao Limitada, creada en Chile por la Simpson Timber Company, una compañía de productos forestales de Estados Unidos (ver extracto del Diario Oficial).
En marzo de 1988 la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) creó la sociedad Celulosa del Pacífico S.A. con la norteamericana Simpson Latin America Ltd. En los registros de constitución de esa sociedad no figura Jorge Ross. Sí aparece en agosto de 1989, cuando representó a Simpson Paper Company en la creación de Forestadora Simpson Chile Limitada (ver ese registro). A través de esta última sociedad, Ross Amunátegui participó en negocios con la CMPC.
Efectivamente, en octubre de 1989, Forestadora Simpson Chile Limitada y la CMPC crearon la sociedad Forestal Angol Limitada, con un capital de $1.400 millones. En febrero de 1998 la empresa Simpson vendió a Inversiones CMPC S.A. su participación en la propiedad de Forestal Angol (50% de la sociedad), la que tenía un capital de más de $14.122 millones. En abril de ese año la CMPC transformó  a Forestal Angol en una sociedad anónima cerrada de nombre Papeles Angol S.A. Ross representó a la norteamericana Simpson en sus negocios con la papelera al menos hasta noviembre de 1997, de acuerdo a los extractos publicados en el Diario Oficial (ver documentos).
De acuerdo a los registros del Diario Oficial, en 2005 Jorge Ross constituyó dos sociedades vinculadas al negocio forestal, pero a título propio y ya no en representación de terceros. El 29 de marzo de 2005, a través de la sociedad Inversiones Río Enco, junto a Patricia Moreno, a través de Inversiones Río Toltén, crearon Capital Forest Consultores Limitada, con el objeto de prestar “asesorías en materia forestal, inmobiliaria, económica, financiera y legal, tanto en Chile como en el extranjero”. Tres meses después, el 13 de junio de 2005, Ross y Moreno, a través de las mismas sociedades, crearon Llanoverde S.A. para “la prestación de toda clase de servicios destinados a la plantación, mantención y explotación forestal, de servicios agrícolas, inmobiliarios, agropecuarios, administrativos y contables, respecto de predios que administre” (ver extractos del Diario Oficial).
Los documentos oficiales de las sociedades que controlan Agrícola Brinzal muestran que desde 2009 están domiciliadas en la oficina de Jorge Ross, en Vitacura. CIPER fue hasta esa dirección a fines de enero pasado, donde informaron que Ross estaba de vacaciones y que a cargo de las empresas sólo había un contador. Este último explicó que la única persona que podía atender consultas era Ross, quien tampoco respondió los correos electrónicos que se le enviaron. El martes 5 de marzo CIPER contactó telefónicamente a Ross en su oficina, para que se refiriera a la relación de Brinzal con Harvard y manifestara la posición de la empresa respecto de las infracciones cursadas por CONAF. Él mismo nos respondió y pidió que lo llamáramos por la tarde de ese día. No volvió a contestar y aunque se le dejaron nuevos recados en una grabadora, no hubo respuesta.
BRINZAL RECIBE SUBSIDIO ESTATAL
En la escritura de constitución de Brinzal quedó registrado quiénes tenían la administración y el uso de la razón social de la empresa. En primer lugar, aparecía el neozelandés Andrew G. Wiltshire, quien comenzó su carrera en el Servicio Forestal de Nueva Zelanda a cargo de la planificación y el manejo de bosques. Desde 2001, Wiltshire trabaja en HMC, la corporación que administra e invierte los dineros de la Universidad de Harvard y que maneja un fondo de  US$ 30,7 billones según datos de septiembre de 2012 (ver el reporte anual de HMC). Wiltshire fue director del área de Recursos Naturales e Inversiones Forestales de HMC y hoy, según la información publicada en la web de HMC, está a cargo de los “activos alternativos” de la compañía. En la administración original de Brinzal también figuraba Jack R. Meyer, Michael S. Pradko y Sheila Mathews, todos relacionados con HMC. De hecho, Meyer fue presidente de esa corporación de Harvard.
De acuerdo a la información publicada en el Diario Oficial, en 2006 un chileno ingresó a la administración de Brinzal: el ingeniero forestal Álvaro Aguirre Simunovic. El encargado de comunicaciones de Harvard, Kevin Galvin, señaló que Aguirre no respondería las preguntas de CIPER. La base de datos de internet “One Source”, que permite localizar ejecutivos en Estados Unidos, indica que Aguirre dirige el portafolio de inversiones forestales de Phemus Corporation, pero Galvin no quiso confirmar esa información por razones de “privacidad”.
Justamente el mismo año en que Aguirre se sumó a la administración de Brinzal, la empresa acordó un aumento de capital desde $1 millón a $1.400 millones. Lo mismo hicieron y por idéntico monto Agrícola Crecer y Agrícola Duramen, las otras empresas controladas por Harvard, exactamente el mismo día (ver registros del Diario Oficial). El 30 de junio de 2011, se repactaron los estatutos de Agrícola Brinzal y se acordó un aumento de capital desde $1.401 millones a más de $2.322 millones. Es el último registro que aparece de Brinzal en el Diario Oficial, donde Álvaro Aguirre Simunovic seguía figurando en la administración, y las sociedades controladas por Harvard seguían apareciendo como dueñas de la agrícola (ver extracto del Diario Oficial).
Desde 2007, al menos, Agrícola Brinzal ha accedido, vía concurso público, a beneficios que entrega todos los años el Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, administrado por CONAF. Los interesados en adjudicarse este fondo deben presentar “una solicitud acompañada de un proyecto de Plan de Manejo, que deberá detallar la o las actividades a realizar y la superficie a intervenir”, según indica la ley que regula este beneficio. Brinzal recibió entre 2007 y 2010 alrededor de $114 millones por bonificaciones forestales (vea la base de datos de beneficiarios del Ministerio de Agricultura 2007-2009 y el resultado de las postulaciones al Fondo de Conservación,Recuperación y Manejo del Bosque Nativo 2010).
LAS RESPUESTAS DE HARVARD
La entidad que dirige los destinos de la Universidad de Harvard, y de la que depende HMC, es President and Fellows of Harvard College, la que en una declaración que abarca desde julio de 2010 a junio de 2011 -hecha para fines tributarios en Estados Unidos- informó que Harvard tiene la propiedad del 99,99% de Agrícola Brinzal y que su participación de ese período en los activos de la empresa correspondió a US$ 8.099.525, unos $ 3.820 millones. En esa declaración, Harvard indicó que su participación en los ingresos totales de Agrícola Brinzal de ese año fue de US$ 515.744, unos $ 243 millones (ver una copia de la declaración). Una declaración en términos similares hizo Phemus Corporation, el fondo de inversión de Harvard que constituyó sociedades en Chile (vea el documento).
En su declaración, la Universidad de Harvard reconoce tener al menos once sociedades en Chile: Inversiones Tres Cumbres Limitada, Agrícola e Inversiones Pampa Alegre S.A., Agrícola Brinzal Limitada, Agrícola Duramen Limitada, Agrícola Crecer Limitada (absorbida en 2012 por Duramen), Agrícola Fundo Bucalemu Limitada, Agrícola Rapel Limitada, Agrícola Retiro Limitada, Agrícola Ribera Limitada, Clag (Chile) SpA y Sociedad Explotadora Agrícola SpA.
CIPER contactó a Kevin Galvin, a cargo del departamento de comunicaciones de Harvard, para preguntar si estaban al tanto del proceso judicial que enfrenta Agrícola Brinzal y para confirmar si esa empresa sigue en manos de la universidad. La respuesta fue escueta: “HMC tiene una política de no comentar inversiones específicas o estrategias de inversión”. En todo caso, en el Diario Oficial no hay registro de que los fondos de inversión de Harvard se hayan desvinculado de Brinzal. Por lo demás, la declaración jurada tributaria de 2011 hecha por Harvard acredita que ese año, cuando se hicieron las primeras denuncias ante la AIFBN por los ilícitos detectados posteriormente por CONAF, la empresa era controlada por los fondos de inversión de la universidad.
Consultado por las políticas ambientales que guían las inversiones de Harvard, Galvin respondió citando la información publicada en el reporte anual de HMC: “Por la naturaleza de nuestra misión, estamos preocupados de tener una gestión responsable y sostenible. Nuestros gerentes y nosotros mismos nos guiamos por un alto estándar en áreas como la gestión responsable del medio ambiente, prácticas laborales y buenos gobiernos corporativos”. CIPER revisó ese reporte y en él no hay detalles que describan sus políticas ambientales ni las particularidades del “alto estándar” que menciona ese texto.
LOS BOSQUES INTERNACIONALES DE HARVARD: DENUNCIAS EN ARGENTINA
Harvard no solo ha invertido en los bosques de Chile. También ha intervenido en negocios forestales en Nueva Zelanda, Rumania, Brasil, Ecuador, Panamá, Letonia y Argentina, entre otros países, según la declaración jurada tributaria de 2011 realizada por Phemus Corporation.
Al igual que en Chile, en Argentina las autoridades que fiscalizan el sector forestal también denunciaron irregularidades en predios controlados por la universidad. Un reportaje del diario Tiempo Argentino, escrito por el periodista Fernando Pittaro y publicado el 9 de octubre de 2011, citó un informe técnico del 22 de septiembre de 2010, suscrito por la Administración de Parques Nacionales, que da cuenta de que Empresas Verdes Argentinas S.A. (Evasa) y Las Misiones S.A., ambas controladas por Harvard, incumplieron la Ley Nacional de Bosques.
El artículo de Pittaro afirma que en esas empresas han participado los chilenos Jorge Ross Amunátegui y Álvaro Aguirre Simunovic, los mismos que están relacionados con Agrícola Brinzal en Chile. CIPER constató que ambos han participado en Las Misiones S.A.: Ross como presidente y Aguirre como director. De acuerdo a lo publicado por el Boletín Oficial argentino, en julio de 2012 Aguirre renunció al directorio de Las Misiones S.A. y también al de Forestal del Río S.A., otra empresa que figura en ese registro oficial presidida por Ross.
CIPER solicitó a la Administración de Parques Nacionales de Argentina información sobre los incumplimientos de las empresas de Harvard en ese país. La respuesta de Lorena Paszko, en representación de la Delegación Regional NEA (Nordeste Argentino) de esa entidad, indica que “una parte de las forestaciones de la empresa EVASA se encuentran instaladas dentro de la Reserva Provincial Iberá y en una zona de interés para el establecimiento de un corredor biológico que comunique dicha reserva con el Parque Nacional Mburucuyá, ubicado al norte de la misma”.
Según explica la funcionaria, “el remplazo de las áreas de pastizales existentes entre ambas reservas interrumpe la conexión ambiental y atenta contra la conservación de especies de  flora y fauna amenazadas como lo son: los palmares de ‘yatay poñí’; una especie de ave típico de pastizales húmedos, como lo es ‘el yetapá de collar’, y el cérvido más grande de Sudamérica: ‘el ciervo de los pantanos’”.
Lorena Paszko envió a CIPER una copia del informe oficial que, según explicó, “da cuenta de los problemas ambientales detectados y las irregularidades que la empresa debería corregir para adecuarse a la legislación vigente en la Provincia de Corrientes” (vea el documento). Ese informe estableció que “la superficie total de pastizales naturales que la empresa ha conservado en este campo es mucho menor que la exigida por la ley” y que, además, incumplió la reglamentación que exige “la presencia de una franja de amortiguación sin intervención de cultivos ni operación de herramientas agrícolas”.
El reportaje publicado por Tiempo Argentino en 2011 dio cuenta de la fuerte presencia de Harvard en la zona de Corrientes, señalando que desde 2009 explota más de 84.260 hectáreas en los Esteros del Iberá, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.

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