La agenda y las cuentas pendientes con las que el movimiento social espera a Bachelet

Demandas y quejas sobre su periodo cruzan a las organizaciones. Subcontratación, demandas del pueblo mapuche, limpiar la matriz energética, mejores estándares de termoeléctricas, asamblea constituyente, educación gratuita y recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, son algunos de los temas con los que tendrá que lidiar la ex Presidenta cuando toque suelo chileno y confirme su participación en las presidenciales. El mismo panorama que le esperaría a cualquier candidato, salvo que en este caso no sólo hay expectativas, también hay facturas. El Mostrador, 13 de marzo 2013.


La última semana de marzo Michelle Bachelet debería arribar a Chile y comunicar que será candidata presidencial de la Concertación. Pero cuando pise la loza del aeropuerto no sólo la esperarán el recuerdo del 84 % de aprobación que alcanzó antes de dejar La Moneda ni tampoco la amplia ventaja que la mantiene a zancadas de sus contendores, sino que un país bastante distinto al que abandonó en 2010 y que tiene un nuevo motor en la calle: el movimiento social.

El panorama común hacia delante tiene un factor en que coinciden muchos actores del movimiento: los acentos continuarán estando en la educación; también la desigualdad, el trabajo y medioambiente. Sobre este último punto, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, señala que los temas pendientes son muchos: “A Michelle Bachelet particularmente se le recordará por permitir el desarrollo de estudios sobre energía nuclear, el promover desde el Ministerio de Energía la aprobación de proyectos de generación eléctrica con poco resguardo ambiental, realizar una reforma a la institucionalidad ambiental que no solucionó nada y dejó peores espacios de participación ciudadana, rescatar a la industria salmonera en la crisis del virus ISA y
aprobar un número importante de termoeléctricas durante su gobierno”, entre otros temas.

En el diagnóstico, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, suma frases para el análisis y señala que un punto a favor fue el cambio de la institucionalidad ambiental. “En el resto no hay confianza con la Concertación, en el sentido de que el cumplimiento es mínimo… cuando se encomendó realizar una ley de protección a los glaciares, finalmente la Concertación no patrocinó por el lobby de las mineras… Los movimientos ciudadanos no tienen confianza suficiente en la Concertación”.

La agenda que en el frente ambiental espera a la eventual candidata Bachelet es nutrida y con materias en las que existe consenso en diversos grupos. “Hay pendientes en el tema del desarrollo energético: Chile tiene que evidentemente tomar un rol con los ciudadanos para una reforma mayor de la política energética que permite que Chile vaya a la limpieza de la matriz; y es un desafío porque implica corrección de las distorsiones y ordenamiento territorial”, añade Larraín.

Al igual que Larraín, Liberona cree que la energía será un tema importante que estará sobre la mesa. “También conflictos socioambientales asociados a proyectos de generación eléctrica, mejores estándares para termoeléctricas, regulación de combustibles sólidos (leña y carbón), definir una matriz eléctrica de mediano plazo, incorporación de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica, eficiencia energética, jugarse por la aprobación o rechazo del proyecto HydroAysén”, asegura Liberona sobre un ámbito que le trajo los primeros dolores de cabeza a Piñera y sacó a cientos de ciudadanos a la calle en agosto de 2010, cuando se manifestó en la calle la oposición a la termoeléctrica Barrancones. Esa fue una de las primeras muestras de fuerza del movimiento ciudadano.

Las lupas de las organizaciones estarán puestas sobre esta materia y los conflictos de interés. Prueba de ello son las numerosas críticas que recibió el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, por asesorar y tener entre su lista de clientes a Gonzalo Vial Concha, controlador de Graneles de Chile e hijo del dueño de Agrosuper, como dio cuenta un artículo de revista Qué Pasa. Esta información se hizo pública cuando aún la situación ambiental provocada por la planta faenadora de cerdos, en Freirina, incendiaba las calles de reclamos.

Educación: el corazón de las demandas

Además de los temas medioambientales, la educación tampoco se irá de la agenda. Y en este ámbito, el movimiento secundario siente que tiene una boleta grande que pasar. “Basta con hacer un poco de memoria y recordar lo que fueron las movilizaciones de los estudiantes secundarios el 2006, con Bachelet de Presidenta. La gestión del conflicto y cómo este se encauzó hacia un pacto entre oposición y oficialismo de espalda al movimiento. Michelle es igual de responsable que los anteriores gobiernos de la Concertación y que el gobierno actual de haber profundizado un modelo heredado de la dictadura que hoy desmantela progresivamente nuestra educación pública”, señala Eloísa González, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES.

En ese contexto, las demandas se mantendrán inalterables y abarcarán desde lo más reivindicativo hasta lo más específico y que ha ido surgiendo de cada sector, como la gratuidad del pase escolar, el fin a la PSU y al Simce, por mencionar algunos ejemplos.

Según Giorgio Jackson, ex presidente de la FEUC, los avances en este tema debieran apuntar a plantear una hoja de ruta para recuperar la educación pública, para que las futuras generaciones tengan acceso gratuito y de excelencia a ésta, en todos los niveles educativos. “Se debería plantear un sistema agresivo de inversión fiscal; además de combatir y dejar fuera el lucro, en cualquier nivel”.

Sobre esta misma materia, Camila Vallejo, cree que a partir de una “profunda autocrítica respecto a su gestión” se debiesen identificar cuáles fueron los errores que permitieron la profundización de la privatización, desregulación y segmentación de nuestro sistema educativo, “y si acaso va a comprometerse con terminar con el lucro, fortalecer la educación publica para su desarrollo y democratizar nuestras instituciones, tanto en su acceso como en su forma de gobierno interno”.

Vallejo cree que si Michelle Bachelet decide ser precandidata de la oposición, “así como cualquier otro candidato que provenga del mundo de la Concertación”, debiese responder en primera instancia a las demandas provenientes del movimiento social. La ex presidenta de la FECh enumera los temas que Bachelet no puede pasar por alto y que estarán en las bocas de los ciudadanos, las mesas y la calle: “Asamblea constituyente, la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales como el agua y el cobre, la recuperación de nuestros derechos fundamentales como la educación y la salud, la solución a los daños medioambientales y humanos producidos y por producir de parte de los proyectos energéticos a lo largo de todo Chile, partiendo por Pascua Lama, las demandas del pueblo mapuche, el fin a las AFP, y por sobre todo, el combate decidido a la profunda desigualdad estructural que hay en Chile, reflejada en los últimos resultados de la Forbes”.

La agenda del movimiento social es fundamental para Vallejo. “No puedo asegurar un apoyo a Bachelet ni a ningún otro posible candidato de la oposición si no hay acuerdo en esos temas”, asegura quien se ha convertido en la figura más importante del PC.

Deudas históricas

Uno de los temas que menciona Camila Vallejo y que también será relevante en los próximos meses es aquel que lleva años de insistencia desde el pueblo mapuche, una demanda que no es la misma que hace 20 años, según Pedro Cayuqueo, periodista y autor del libro “Sólo por ser indios”, cuando la Concertación tuvo como carta de navegación el Acuerdo de Nueva Imperial del año 1989, donde se planteó la necesidad de la Ley Indígena, la creación de la CONADI, la entrega de tierras a comunidades y políticas públicas que fueran en beneficio de los indígenas desde el enfoque pobreza/asistencialismo.

“Hoy el movimiento mapuche, en parte producto de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, está demandando ser consultado en los temas que les afectan (políticas públicas, megaproyectos, leyes sectoriales, etc), participar en la toma de decisiones políticas (vía escaños reservados en el Congreso y gestación de instancias propias de representación) y que se reconozcan espacios de soberanía jurídico-administrativa, por ejemplo, reconociendo y garantizando el Estado el derecho al Autogobierno, reconocido en países como Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y EE.UU a sus pueblos indígenas. Esos son los temas del futuro, la carta de navegación mapuche con la cual deberá lidiar Bachelet”.

Pero Cayuqueo dice que tal vez la principal deuda de la administración Bachelet con el pueblo mapuche sea en el ámbito de los derechos humanos, “una paradoja considerando su propia historia personal y las ideas que dice defender el partido del cual ella es militante”. En este punto, Cayuqueo menciona el “asesinato de dos jóvenes mapuches bajo su mandato, el manto de protección institucional que cobijó a sus responsables, y la persistencia que tuvo en aplicar severas medidas represivas contra la protesta social mapuche (Ley Antiterrorista y militarización de comunidades), son puntos bajos de su gobierno que el pueblo mapuche no ha olvidado”.

En este contexto, una antesala del sentimiento del pueblo mapuche son las críticas expresadas hace unos días por la lonko Juana Calfunao, quien señaló que Bachelet no es bienvenida en el país y que deberá pedir perdón.

A la ebullición de estas demandas podrían sumarse otras que asomaron hace unas semanas luego de la muerte del trabajador de Azeta, Juan Pablo Jiménez y tiene que ver con los trabajadores.

La subcontratación es una de las demandas que se instalará con fuerza, pero también hay otras que no podrán ser soslayadas. “Es imposible que la desigualdad de ingreso se resuelva si los trabajadores no tienen poder y no pueden disputar las utilidades que se generan en las empresas”, dice Marco Kremerman. El economista de la Fundación Sol asegura que hay un problema estructural que ni Bachelet ni otro gobierno de la Concertación resolvió, que es dotar de poder a los trabajadores y sus relaciones ligadas aún a las leyes y Código del Trabajo, un modelo que prácticamente no ha sido tocado desde 1979. Kremerman apunta a los temas de fondo: “Tener derecho a huelga real (eliminar el reemplazo) y que la negociación colectiva esté más allá del espacio de la empresa, que se pueda negociar por holding o por rama, como ocurre en los países mas avanzados”.


 

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