La discusión que entrampa el proyecto de Conaf Pública

En mayo, la iniciativa legal ingresaría al Congreso tras haberse rechazado su idea de legislar en 2012. Trabajadores exigen mejores condiciones y pago de indemninzaciones. Pulso, 07 de marzo 2013. ;


—Con casi 40 años operando como institución de derecho privado, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dependiente del Ministerio de Agricultura, está ad portas de transformarse en organismo público.

Es que, tras su creación en 1973, el organismo pudo ejercer la compra de materiales y contratación de personal con mayor flexibilidad que un organismo público. Con el paso del tiempo, Conaf ha asumido funciones propias de la administración del Estado, como pago de bonos y fiscalización a empresas, sin dejar su estatus privado. Así lo reconoce Eduardo Vial, director ejecutivo de Conaf, al señalar que dicha ambiguedad ha tratado de ser solucionada por gobiernos anteriores. “Entre 1986-87, se vió la necesidad de que Conaf se transformara en un organismo público donde se hizo una ley que por temas presupuestarios fracasó y después, en los 90 sucedió lo mismo, frenándose también por recursos”, asegura.

En esa línea, en 2008, el Tribunal Constitucional advierte a la ex presidenta Michelle Bachelet la imposibilidad de continuar entregando atribuciones y dineros fiscales a un organismo privado, compromiso que recogió finalmente la actual administración, con un proyecto ingresado en mayo de 2012. Sin embargo, la iniciativa de una Conaf pública fue rechazada en su idea de legislar, debido a los cuestionamientos que apuntaron a la poca claridad en que dejaba a los actuales trabajadores al pasar al sistema público, más las compensaciones económicas que se derivarían de lo mismo y en las que no había acuerdo. Hoy, pasado un año del fracaso del proyecto, el gobierno volverá a insistir reingresando la iniciativa.

DISCREPANCIAS.

Según el director ejecutivo de Conaf, los ajustes al texto que se prevé reingresar en mayo son “más bien menores”.

A su juicio, lo más importante es que asegura la continuidad laboral de los trabajadores de Corporación. “La Conaf ha estado siempre financiada por la Ley de Presupuesto entonces tiene un régimen laboral de acuerdo al decreto 249, que es igual a los servicios públicos en horarios, permisos administrativos, en vacaciones, escala de remuneraciones, etc”.

De acuerdo a cómo quedan los trabajadores, Vial aseguró que “todo lo que se refiere a indemnización y despidos, seguirían rigiéndose por el código del trabajo. Es lo que nos interesa y es lo que nos ha pedido el presidente, que esto se haga así sin perjuicio de los trabajadores”, declara.

Respecto a las negociaciones con los trabajadores para evitar un nuevo fracaso del texto, la autoridad plantea que han expuesto la iniciativa a los funcionarios de Conaf y que el objetivo es que este proyecto sea despachado este año sin aumentar el presupuesto de 2013, cifrado en $64.400 millones, donde el 26% es utilizado para la prevención de incendios forestales.

Vial da garantías a los funcionarios de la Corporación. “Los sueldos de Conaf fueron corregidos con una ley hace 4 ó 5 años atrás donde se nivelaron y hoy nuestros estudios nos indican que estamos en una condición similar al resto, incluso por el hecho de estar regidos por el código del trabajo, tenemos beneficios que el general de empleados públicos no tiene”. En todo caso, agrega que este tipo de materias “se debe solucionar en la Ley de Presupuesto y no en este proyecto”. Por su parte, los trabajadores de Conaf mantienen sus aprensiones. Daniel Arniz, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Conaf (Fenasic), acusa que el proyecto no especifica el universo de trabajadores beneficiados, que hoy llega a 1.900 funcionarios.

El dirigente argumenta que esta iniciativa tampoco se hace cargo de reivindicaciones salariales y de garantizar el pago de indemnizaciones que deberían recibir los trabajadores al pasar de ser una corporación privada a una entidad pública. “Pensamos que a través de la misma ley está la oportunidad para igualar y compensar a los trabajadores que han estado por años pidiendo una mejora en su remuneración que por lo demás es algo que comprometieron ministros anteriores y hasta la fecha no se ha cumplido”, afirma.

Otra de las demandas tiene que ver con la escasez de personal. Asegura que en el patrimonio silvestre existen alrededor de 480 funcionarios y se necesitan 1.400.

“Esto implicaría mayores recursos e infraestructura para funcionar ya que un 25% de las unidades de los 7 patrimonios silvestres no tiene personal”, señala.

Un gran punto pendiente, a juicio de Arniz, tiene que ver con los incentivos al retiro. Pese a que el dirigente sindical reconoce que hay un plan apoyado por Dirección de Presupuestos para quienes están en edad de jubilar, subraya que esto debiera extenderse a laborales más pesadas como la de los guardaparques y brigadistas. “En particular en los guardaparques, donde por sus condiciones de soledad y aislamiento, tienen una tasa de suicidios no menor”, asevera. Respecto de las negociaciones que evitarían un nuevo fracaso del proyecto, Arniz señala que el año pasado fue la última vez que mostraron sus aprensiones al proyecto y que a la fecha no han sido convocados por el gobierno nuevamente para su discusión.   
 
¿Qué ha pasado? El gobierno insistirá en convertir a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de carácter privado, en una entidad pública, mediante un proyecto de ley que ingresará en mayo.

¿Por qué ha pasado? Esta es la segunda vez que se ingresa una iniciativa de estas características, bajo esta administración. En la primera se rechazó la idea de legislar por falta de claridad de las condiciones laborales en materia salarial y de indemnizaciones.

¿Qué consecuencias tiene? Los trabajadores mantienen las aprensiones que hicieron fracasar el proyecto en 2012 y ponen en duda su éxito.

 

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