Prevención de desastres y protección al medio ambiente: los pendientes

Después del gran terremoto del 27 de febrero de 2010, se instaló como verdad indiscutible una sentencia que hasta entonces sostenían sólo algunos especialistas: que Chile es el país más sísmico del planeta, pues registra una parte importante de la actividad sísmica mundial. El sólo hecho de asumir este dato como un hecho de la causa, es un punto inicial positivo en el sentido de mejorar la capacidad de reacción de la sociedad frente a futuros eventos de gran magnitud.

Frente a la pregunta de cuán preparado se encuentra el país para reaccionar ante desastres, las opiniones oscilan entre quienes señalan que contamos con un cultura que permite minimizar riesgos y quienes apuntan a todos los problemas registrados en 2010 como prueba de la debilidad de las instituciones vinculadas al tema, especialmente de la Onemi. Claramente, las consecuencias de un terremoto de magnitud 8,8 en la escala Richter, registrado en una zona altamente poblada como es el centro-sur de Chile, podrían haber sido mucho más catastróficas en términos de vidas humanas y pérdidas materiales; la memoria colectiva y los aprendizajes en términos de técnicas de construcción permitieron minimizar hasta cierto punto los daños. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Especialmente si se considera que la forma en que, como sociedad, organizamos la ocupación del territorio va directamente relacionado con la manera en que los eventos de la naturaleza impactarán en la vida de las comunidades. En otras palabras, a partir de una mejor planificación territorial, es posible minimizar las consecuencias negativas en las personas y en la infraestructura pública y privada. Además, esta herramienta permitiría controlar de mejor manera un factor que hasta ahora no se ha tomado en cuenta en relación a los grandes desastres: el impacto en el medio ambiente.

Los problemas de contaminación y amenazas al ambiente han sido históricamente invisibilizados tanto por la autoridad como por la comunidad en general, que no ha tomado conciencia de la serie de problemas que se pueden generar en este ámbito, y de las consecuencias que pueden implicar para la salud de las personas.

Es importante recordar que el terremoto del 27F es el primer gran evento sísmico que se registra desde que se implementó en Chile una institucionalidad ambiental; es decir, por primera vez existe en el país una entidad cuyo deber es específicamente preocuparse por indagar y determinar eventuales medidas de mitigación ante problemas que afecten al medio ambiente derivados del terremoto y tsunami: desde derrames de productos peligrosos en instalaciones industriales, hasta la inspección de la integridad de relaves mineros, pasando por el adecuado manejo y disposición final de los escombros, entre muchos otros temas.

Sin embargo, queda clara una vez más la debilidad de la institucional del país en materia de protección al medio ambiente, expresado en este caso especialmente en la escasa capacidad de fiscalización. Como consecuencia, la entonces Conama ni siquiera tuvo la capacidad de elaborar y entregar al país un catastro detallado y por sector y/o zona geográfica de las consecuencias ambientales del terremoto y tsunami. Los únicos datos elaborados por la entidad, y por el posterior Ministerio de Medio Ambiente (que comenzó a funcionar en octubre de 2010), provienen de fuentes secundarias, de otros organismos públicos e incluso, en muchos casos, de información entregada por las propias empresas afectadas; el Estado no tuvo en este caso la capacidad para contrastar esta información.

Queda mucho por hacer para dotar al país de una infraestructura institucional capaz de responder adecuadamente a emergencias de gran magnitud. Hoy, cuando el gobierno y el Parlamento se preparan para discutir el diseño de una nueva institucionalidad ante emergencias, es el momento de valorar la importancia de incorporar el factor ambiental, y dotar a los organismos encargados –en este caso el Ministerio y la Superintendencia de Medio Ambiente- de las herramientas legales y la capacidad material de prevenir y eventualmente mitigar los daños al medio ambiente generados por desastres de origen natural.