Un documento de más de 300 páginas será el que tendrán que leer los integrantes de la comisión evaluadora ambiental de la Región del Bío Bío, a partir de este miércoles, para volver a decidir sobre la construcción o no de la polémica central termoeléctrica Pirquenes en Laraquete.

Y es que este proyecto ha dado que hablar ya desde enero del 2010, cuando la empresa SW Business, ligada a los empresarios Rodrigo Danús y Paul Fontaine presentaron una Declaración de Impacto Ambiental por una generadora de 50 MW y una inversión superior a los US$82 millones.

Desde el día uno que un grupo de vecinos se opuso a la central, argumentando graves daños ambientales y sociales. Las sesiones de la comisión se repetían, hubo enfrentamientos verbales entre la entonces intendenta Jacqueline van Rysselberghe y Rodrigo Danús, manifestaciones en las calles y un sinfín de otros problemas.

Fue el 14 de abril, que en un empate de votos, dejó por rechazado el proyecto, pero que se retomó para revertir dicho empate.

Finalmente, con Víctor Lobos ya como intendente, se volvió a analizar la Declaración de Impacto Ambiental y fue el lunes 12 de diciembre de 2011 cuando por 7 votos a favor y 4 en contra, el proyecto es aprobado.

A favor se mostraron los seremis de Economía, Patricio Ojeda (s); de Energía, Rodrigo Torres; Rodrigo Saavedra de Vivienda; Claudio Silva, Transporte y Telecomunicaciones; Luis Ulloa de Minería, y Sergio Giacaman, de Desarrollo Social, además del propio intendente Víctor Lobos.

En contra estuvieron el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Bolívar Ruiz; de Medio Ambiente, Pedro Navarrete; de Salud, Boris Oportus, y de Agricultura, José Manuel Rebolledo.

Pero nuevos recursos de protección de los vecinos obligaron a llegar hasta la Corte de Apelaciones de Concepción para que se anulara la sentencia de la comisión evaluadora regional. 

La petición principal era que se aplicara un Estudio de Evaluación Ambiental y no una declaración.

Dicho recurso fue aprobado y más tarde apelado por la misma empresa ante la Corte Suprema, la que el pasado 27 de noviembre de 2012 respaldó lo acordado por el tribunal penquista y dijo, fuerte y claro, que la decisión no estaba fundada. (Ver recuadro).

Pero eso no era todo. También obligó al presidente de la Comisión (en este caso el intendente) a repetir la votación, con todos los antecedentes sobre la mesa, otra vez.

Pero los tiempos políticos hicieron esperar una vez más la votación, ya que se sucedieron cambios en seremis y estos debían necesariamente volver a informarse. Es el caso de la titular de Medio Ambiente, que ahora es Marianne Hermanns. 

El de Economía, que igual que en diciembre de 2011, es subrogado ahora por Cristián Muñoz; el de Obras Públicas hoy es John Reid y Desarrollo Social lo dirige Claudia Hurtado.

Por eso desde mañana se harán presentaciones, entrega de extensos documentos y la votación final deberá volver a acordarse en una nueva fecha.

"PROYECTO CHICO"

Bolívar Ruiz, director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es categórico al ser consultado sobre este tema: "en primer lugar, este uno de los casos en que el tamaño no importa. 

Lo que importa es si el proyecto genera o no genera las circunstancias que indica el artículo 11 de la ley (para realizar un Estudio de Impacto Ambiental). Es un tema legal y técnico, porque podemos tener un proyecto chiquitito, que a lo mejor genera los tremendos impactos ambientales. 

Que una termoeléctrica sea chica o gigante, no importa, no va ni viene, porque uno igual tiene que evaluarla técnicamente, si genera o no los requisitos que expresa la ley".

Y entonces enumera los casos en que la ley exige sí o sí un Estudio y no una Declaración de Impacto Ambiental: a) si el proyecto genera riesgo para la salud de la población; b) efectos adversos significativos en los recursos naturales, tierra, aire o agua; c) si el proyecto genera impactos en las comunidades o necesita relocalizar grupos de habitantes; d) si va a alterar monumentos nacionales, ruinas arqueológicas; e) si va a provocar impactos importantes en la calidad paisajística en un territorio o dentro o en las proximidades de un área silvestre protegida.

Y Ruiz vuelve a ser enfático. "Uno tiene que verificar si el proyecto cae dentro de esas circunstancias. 

Si no cae en ninguna, entonces basta una simple Declaración, pero si se da una sola, entonces legalmente el proyecto está obligado a hacer un Estudio de Impacto Ambiental. Y no hay más que alegar".

EN MARZO SÍ O SÍ

Por otra parte, el intendente Víctor Lobos también se refirió al reinicio de este polémico proceso.

"Nosotros tenemos la instrucción de la Corte Suprema, de someter nuevamente a votación el proyecto Pirquenes porque se nos ha solicitado que fundamentemos el voto en forma verbal y no hagamos referencia solamente al Informe Consolidado".

Además, confirmó que los distintos seremis se encuentras recabando la mayor cantidad de antecedentes ya entregados en el proceso anterior, como nuevos que pudiesen haber surgido, así como las consultas jurídicas que pudiesen nacer ahora.

En lo que sí es claro es que marzo debería ser el mes clave para esta inversión. "De todas maneras dentro de marzo se desencadena nuevamente el proceso de votación del proyecto Pirquenes".

Recuadro :

– "Uno tiene que verificar si el proyecto cae dentro de esas circunstancias. Si no cae en ninguna, entonces basta una simple declaración, pero si se da una sola, entonces legalmente el proyecto está obligado a hacer un Estudio de Impacto Ambiental. Y no hay más que alegar".

Bolívar Ruiz, director regional SEA.

– "Los seremis han estado recabando la última información que se ha entregado. Vamos a poner en tabla, en el mes de marzo, nuevamente la votación. Hay una serie de consultas jurídicas que podrían presentarse. De todas maneras dentro de marzo se desencadena nuevamente el proceso de votación del proyecto Pirquenes".

Victor Lobos, intendente.

– 82 millones de dólares es la inversión estimada para el proyecto.

– Suprema pidió "fundamentar" los votos de seremis

El pasado 27 de noviembre, en fallo unánime, los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Alfredo Prieto y Ricardo Peralta confirmaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió la acción cautelar de un grupo de vecinos de la central en Laraquete y que pedía, entre otras cosas, aplicar un Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración.

"Lo así resuelto resulta arbitrario, pues aparece como una actuación desprovista de sustento, más producto de la pura voluntad de su autor que de fundamentos que la expliquen y legitimen, y vulnera la garantía establecida en el número 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República", reza el fallo del máximo tribunal del país.

Y en él exige al "Presidente de la aludida comisión adoptar las medidas necesarias para citar a una nueva sesión a los miembros de la misma para los efectos de llevar a cabo una nueva votación". 

Lo que comenzará a ocurrir desde mañana en la misma Intendencia a las 15:30 horas.