“Quedarnos dos o más días en una instalación ha generado sorpresa en los fiscalizados”

Juan Carlos Monckeberg, superintendente (s) del Medio Ambiente. El 28 de diciembre pasado este servicio comenzó a funcionar con todas sus atribuciones, luego que juraran los cinco ministros que componen el Tribunal Ambiental con sede en Santiago. Con esto se dio el vamos a una de las aristas más esperadas de la institucionalidad ambiental: la fiscalización de la normativa vigente y sanción ante incumplimientos. El exceso de denuncias, el desconocimiento y dispar interpretación en algunas empresas son sólo algunos de los escollos que en sus tres meses de funcionamiento ha debido enfrentar este nuevo actor. La Segunda, 27 de marzo 2013.


La creación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) fue considerada en la institucionalidad ambiental por la necesidad de crear un organismo que unificara los criterios de fiscalización y sanción, con el fin de terminar con un sinnúmero de casos en los que las sanciones ante una misma falta eran diferentes, y donde existían autoridades y procedimientos que, para sus críticos, eran absolutamente discrecionales.

Esto fue avalado finalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que recomendó a Chile en la preparatoria para pasar a formar parte de sus filas tener un solo organismo que fuera capaz de unificar los criterios de fiscalización y sanción. Para lograrlo pasaron casi diez años.

El 28 de diciembre pasado, con el juramento de los ministros ambientales que forman parte del Tribunal Ambiental de Santiago, se dio por fin el inicio en terreno de este organismo fiscalizador. De eso ya han pasado tres meses, no exentos de éxitos y dificultades.

A la cabeza de la entidad está el ex jefe de la División de Evaluación Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Juan Carlos Monckeberg, quien asumió la tarea de forma interina tras el alejamiento de Jaime Lira, el primero en ostentar el cargo. Desde allí ha liderado la esperada puesta en marcha de este servicio encargado de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental.

En primer término, explica el superintendente (s), “consideramos que era necesario elevar el estándar de nuestra actuación, para lo cual se debía partir por homologar el procedimiento de fiscalización en todo el territorio nacional y de esta forma darle coherencia a nuestras actuaciones como superintendencia”. Para ello se estableció un procedimiento de fiscalización que replica la lógica de la auditoría ambiental y no simplemente la de realizar una visita. “De esta forma, en algunos casos estimamos necesario quedarnos en la instalación dos o más días, lo que me atrevo a decir ha generado bastante sorpresa en los fiscalizados”, comenta. De hecho, reconoce que en algunas oportunidades los supervisados les han insinuado “muy educadamente”, lo bueno que sería que terminaran su trabajo de forma rápida.

Monckeberg destaca que las empresas deben entender que no todas las actividades de fiscalización terminan necesariamente con un informe que da inicio a un proceso de sanción y que, incluso, puede significar una importante diferenciación cuando cumplen con las obligaciones. “De alguna forma, un informe de fiscalización de la SMA que no dé inicio a un procedimiento de sanción es un sello de calidad respecto de que ese proyecto está ajustado a su autorización”, subraya la autoridad.

Uno de los hechos que hasta ahora ha llamado su atención es que, en general, los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), que están acostumbrados a ser fiscalizados, manifiestan poco conocimiento sobre los permisos que requieren y cómo su empresa conversa con la nueva institucionalidad ambiental.

“Lo que llama la atención es que en oportunidades, cuando vamos a terreno, los gerentes ambientales o encargados desconocen sus obligaciones y quedan sorprendidos del conocimiento que nosotros tenemos de las mismas. Lo anterior se explica, ya que como parte del procedimiento de fiscalización que hemos definido, siempre realizamos una exhaustiva planificación, en forma previa a la ejecución de las actividades en terreno, que nos permite establecer los aspectos ambientales relevantes de la instalación a visitar”, subraya el superintendente (s).

Exceso de denuncias

En el primer año de funcionamiento, la mayor parte del presupuesto de esta superintendencia será destinado netamente a fiscalizar. Sin embargo, también se establecieron para este año cuatro ejes estratégicos, para lo que se definió un plan de compra de equipos de alta tecnología con el fin de poder responder de manera adecuada a las necesidades del país en cuanto al control del cumplimiento normativo en materia ambiental. Estos ejes son: asuntos atmosféricos, asuntos hídricos, biodiversidad y sistemas de vida de los grupos humanos y su patrimonio cultural.

“Nuestra meta es poder cumplir con los programas y subprogramas de fiscalización que publicamos en enero, que en lo principal implica que la SMA generara 400 informes de fiscalización sólo respecto de RCA”, detalla Monckeberg.

Es tal la expectativa que ha generado el trabajo de la SMA que en los tres meses de funcionamiento ya ha recibido 377 denuncias –cifra al 15 de marzo–; es decir, 6,73 denuncia al día. “Mi preocupación es que no podamos cumplir esta meta debido a que si se mantiene el ritmo de recepción de denuncias tengamos que dedicarnos sólo a ellas y no a lo que desde un punto de vista estratégico ha sido definido como lo ambientalmente relevante para el país”, reconoce la autoridad.

“No quiero que se entienda que las denuncias no son importantes para la SMA. Es evidente que si existen es porque de alguna forma ciertas situaciones están afectando el medio ambiente y la calidad de vida de muchas personas. No obstante, ante la disponibilidad de recursos humanos y financieros limitados debe compatibilizarse la fiscalización de denuncias versus nuestro programa de fiscalización, pues algunos proyectos pueden tener poco impacto ciudadano, pero alto impacto ambiental”, recalca Monckeberg.

Otro de los desafíos para este año es mejorar la presencia regional, por lo que se instalarán dos nuevas oficinas, una en Antofagasta y otra en Valdivia.

Areas prioritarias

La Superintendencia del Medio Ambiente tiene la obligación de establecer anualmente los programas y subprogramas de fiscalización para cada región, donde se identifican las prioridades para el año y las actividades para cada servicio u organismo sectorial en convenio con la SMA.

Para este 2013, en el caso de las fiscalizaciones a proyectos o instalaciones con RCA aprobadas para su funcionamiento, la superintendencia dispuso la elaboración de 400 Informes de Fiscalización Ambiental que deben realizarse. Cada región del país contará con 25 actividades de fiscalización.

Los sectores económicos potencialmente fiscalizados durante este año se dividen en minería (27,3%); saneamiento ambiental (21,4%); energía (15,0%); equipamiento, infraestructura e inmobiliario (6,5%); pesca y acuicultura (6,4%); instalaciones fabriles varias (5,8%); forestal y agropecuario (4,4%), y otros sectores (13,2%).

Monckeberg justifica la elección de estas áreas debido a que “la minería es uno de los sectores económicos más importantes del país y, por lo mismo, tienen muchas RCA aprobadas, por lo cual parece bastante lógico que hagamos un análisis de sus compromisos”.

Dificultades por superar

La puesta en marcha de la SMA no ha estado ajena a las dificultades. En este sentido, el superintendente (s) comenta que éstas han provenido desde temas administrativos, tales como la apertura, arriendo y equipamiento de oficinas, compra de equipos de fiscalización, contratación de personal de alto perfil profesional, entre otros, hasta la definición de temas clave e institucionales, como la definición de una estrategia de fiscalización, definición de metodologías de priorización de proyectos o metodologías de determinación de sanciones.

También se han enfrentado a algunas dudas de interpretación sobre normas que fueron dictadas con anterioridad a la ley que creó la SMA. “Respecto de las RCA, que corresponde al principal permiso que debemos fiscalizar, es posible indicar que no ha sido diseñado para fiscalizar, ya que contiene mucha información que no necesariamente es de interés de la SMA y además es de carácter eminentemente sectorial. Por eso, con el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) hemos estado en conversaciones respecto de cómo acoplamos lo relevante de la evaluación ambiental con lo relevante de la fiscalización”, explica.

Agrega que “siempre hemos dicho que si algo es importante para la evaluación ambiental debiera serlo también para la fiscalización y seguimiento, y por ende debemos ponernos de acuerdo en la mirada respecto del instrumento que genera el SEIA”.

Otro inconveniente ha sido el volumen y complejidad de la información: en sólo dos meses de funcionamiento recibieron 1.500 informes de seguimiento ambiental de proyectos y cerca de 377 denuncias de todo tipo. Algunas de ellas provienen de personas, otras de empresas y servicios del Estado. “Esto, más el histórico respecto de lo cual debemos hacernos cargo, es lo que nos obliga a priorizar y enfocarnos en ciertos temas que han sido definidos en la Estrategia de Fiscalización 2013”, precisa Monckeberg. Y en eso están.  
 
 
 Recuadro : 
 
 6,73 denuncias se reciben al día en la Superintendencia del Medio Ambiente

41% de las denuncias recibidas son por ruidos

13% de las denuncias recibidas corresponden a temas relacionados con aguas

11% de las denuncias responden a olores molestos

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