A dos años de la aprobación de HidroAysén

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Funcación Terram, publicada en el blog de La Tercera el 09 de mayo de 2013. Vea blog AQUI.


Hace dos años la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén dio luz verde a la construcción de cinco centrales hidroeléctricas que constituyen uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos tiempos, sobre el cual se levantó enorme oposición ciudadana. Tras la aprobación de HidroAysén, la gente salió masivamente a protestar a las calles en diversas ciudades de Chile y el extranjero. Sin embargo y pese a esta aprobación, el cuestionado proyecto no ha logrado materializarse, en parte debido al proceso de reclamación admirativa que aún no ha concluido, pero además porque, para  viabilizar HidroAysén , es necesario que también sea evaluada y aprobada ambientalmente la línea de trasmisión que permitiría sacar la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas hacia la zona central. Pero si las represas de Aysén desataron el descontento social, ¿que podría pasar con un proyecto de transmisión eléctrica de más de 2.300 kilómetros de longitud, que cruzaría ocho regiones de Chile? Así, este es sin duda un proyecto emblemático tanto en el rechazo ciudadano que provoca, como en el apoyo que ha recibido por parte de diversas autoridades, a tal punto de ser catalogado como necesario para el país.

El 21 de mayo de 2011, en su cuenta anual, el Presidente Sebastián Piñera anunció el denominado proyecto de “carretera pública eléctrica”. Esta iniciativa legal fue ingresada al Parlamento en septiembre de 2012, después del anuncio de la empresa Colbún  de que no habían condiciones para evaluar ambientalmente el tendido eléctrico de HidroAysén. Por ello, el proyecto de ley de carretera pública a eléctrica fue percibido claramente como una forma de facilitar la materialización del HidroAysén.

Junto al proyecto de “carretera publica eléctrica”, el Ejecutivo envió al Parlamento una modificación del D.F.L  N° 1 para “perfeccionar el procedimiento de entrega de concesiones eléctricas”. Si bien en este proyecto no es tan evidente el vínculo con el proyecto HidroAysén, existen una serie de modificaciones que resultan cuestionables desde todo punto de vista. Según el Ejecutivo, el proyecto tiene como propósito acelerar el procedimiento de entrega de concesiones, sin embargo al analizar el contenido del mismo resulta evidente que no sólo apunta a este objetivo, sino que también afecta derechos de las personas y/o comunidades, lo cual en definitiva podría incidir en generar más conflictos socioambientales que solucionarlos.

El proyecto de concesiones eléctricas del gobierno establece que basta sólo con presentar una solicitud de para obtener la categoría de concesionario, aun cuando ésta no haya sido aprobada. También establece  que una concesión eléctrica tiene preeminencia, es decir, una mayor jerarquía, que otras concesiones, por ejemplo, turísticas o mineras, en el mismo territorio. Otro de los puntos importantes y que merecen atención es que se pretende que quienes pueden presentar oposición a una concesión, ya que sólo pueden oponerse los directamente afectados, entendidos como los propietarios del predio donde se solicita la concesión, pero no otras personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas.

Además de estos aspectos, hay otros que no son abordados por el proyecto, como por ejemplo no se establece restricción alguna al establecimiento de concesiones en áreas protegidas, y con ello se vulnera convenios internacionales suscritos por Chile. Tampoco se establece la necesidad de la consulta previa de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Adicionalmente, en la ley vigente, el D.F.L. N° 1, las concesiones se entregan a perpetuidad y el proyecto de ley en discusión en el Senado no propone ningún cambio al respecto, lo cual resulta impresentable, pues no permite integrar nuevos actores al sector eléctrico y que se diversifiquen los actores, sino que opera en el sentido contrario, perpetuando la concentración de poder.

En definitiva, este proyecto de ley, en las condiciones actuales, más que generar procedimientos adecuados para  agilizar las entrega de concesiones,  se basa en restringir los derechos de las personas naturales o jurídicas a presentar oposición, establece una jerarquía respecto a qué tipo de concesiones son más importantes que otras y vulnera Convenios internacionales suscritos por Chile.

Comments are closed.