El nuevo escenario ambiental tras Freirina

Freirina marcó la pauta. A partir de lo ocurrido en la planta de Agrosuper en la III Región, quedó en evidencia que había mucho por hacer en el tema medioambiental en el país. Es a partir de ahí que se están elaborando o proponiendo nuevas normas que buscan que exista no solo una mayor fiscalización, sino también se tipifique y castigue como delitos distintas acciones que puedan provocar daño al medio ambiente, independiente del rubro en que se genere.

Precisamente, el de los olores era uno de los temas en que en el país existían importantes vacíos a nivel legal y no tenía una metodología clara para que estableciera cómo actuar ni qué sanciones aplicar frente al impacto de los olores.

Por ello el Ministerio del Medio Ambiente se puso de cabeza a elaborar el Reglamento para el Control y Prevención de Olores, con la esperanza de contar con un anteproyecto publicado en el primer semestre del 2014. Un escenario que no se presenta fácil tanto por la complejidad de un tema que por primera vez será abordado, como por el cambio de gobierno que sorprenderá a medio camino el trabajo que se esté realizando.

La elaboración de esta norma forma parte de la nueva estrategia que presentó la mencionada Secretaría de Estado, que tuvo como fase previa mesas de trabajo con representantes de distintas instancias públicas y sectores vinculados a la temática, además de un estudio que detectó los vacíos legales existentes. El plan se construye sobre dos pilares. El primero, avanzar y fortalecer el marco regulatorio y el segundo, incentivar el conocimiento en la materia (considera por ejemplo talleres de capacitación, la inclusión del tema en la malla curricular de los programas académicos técnicos y profesionales, además de crear canales de comunicación eficientes entre la fuente de olores y la ciudadanía).

A este trabajo se suma un proyecto de ley que tipifica como delitos los daños ambientales. Así se va configurando el nuevo panorama -al menos en materia legal- post lo ocurrido con Agrosuper en Freirina y Barrick Gold en Pascua Lama.

Ante tanto movimiento, el sector privado está inquieto.

En la industria porcina, por ejemplo, comentan que por un lado están las pérdidas económicas tras Huasco, pero por otro hay un fenómeno preocupante que afecta a pequeños y medianos productores de cerdos: la excesiva fiscalización y multas a las que se han visto sometidos. El gerente general de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos (Asprocer), Rodrigo Castañón, señala que "esta manera de proceder no contribuye a solucionar los problemas que se presentan".

Un reglamento inédito

Bajo esta misma mirada es que en los últimos meses el Gobierno decidió iniciar un proceso para elaborar lo que será algo inédito: un reglamento que pretende por una parte abordar los vacíos detectados y por otra enfrentar una problemática que tiene que apuntar a un desarrollo sustentable, en el que industria y comunidad logren puntos de encuentro. El objetivo es contar con procedimientos claros para controlar la contaminación por olores.

El reglamento contendría un capítulo en el cual estas actividades tendrían que autodiagnosticarse para determinar si impactan, luego tendrán que implementar medidas de control y prevención de olores (además del monitoreo de los mismos) y finalmente abordará la fiscalización. Se acompañará con guías que explicarán cómo realizar el diagnóstico y el potencial impacto, otras sobre mejoras técnicas disponibles por actividad, una para estudios de impacto y finalmente algunas para la elaboración de plan de gestión que contendrá las medidas de control, prevención y monitoreo.

Este reglamento, además, obligará a las fuentes de emisión de olores a reportar sus mediciones a través del Registro de Emisiones de Transferencia Contaminantes (RETC), perteneciente al MMA, y que es un catálogo o base de datos con información sobre las emisiones y transferencias al medio ambiente de sustancias químicas potencialmente dañinas.

Durante los próximos meses se trabajará para tener un anteproyecto en el primer semestre del próximo año. Tendrá el mismo proceso de las normas ambientales, es decir una etapa de anteproyecto seguida por una consulta pública, proyecto definitivo, aprobación por parte del Consejo de Ministros, presentación a la Contraloría y finalmente su publicación.

Para el anteproyecto se formarán mesas técnicas con comités operativos conformados por profesionales del sector público, además de un comité ampliado en el que pueden participar representantes del sector privado, académico y de la investigación.

Castañón señala que es fundamental normar el tema de "olores molestos", a fin de evitar sobrerreacciones por desconocimiento de las externalidades de la producción pecuaria, más que por consideraciones técnicas. En este contexto, los denominados "Acuerdos de Producción Limpia" ayudan y por ello es necesario que una vez firmados, las propias autoridades las respalden.

"Todos ganan con una normativa que dé certezas para operar", resalta Castañón, enfatizando que es importante que los servicios y fiscalizadores tengan claro el escenario normativo, los límites en que pueden moverse y lo que corresponde o no que sancionen, algo que hoy genera confusiones.

Ordenar el territorio

Un tema que en materia de medioambiente ha sido poco abordado es el ordenamiento territorial. Al contar con normas claras, se sabría de antemano qué puede o no instalarse en una determinada zona y bajo qué condiciones tiene que funcionar. De hecho, la falta de estas reglas lleva a que se genere una cantidad importante de denuncias y problemas por el emplazamiento de parcelas de agrado, condominios y asentamientos humanos habitacionales en sectores productivos y agrícolas. Ocurre que los nuevos propietarios, una vez instalados, se encuentran que en verano aparecen olores o moscas que no tenían contemplados, por ejemplo; o hacen un uso de las aguas que altera la producción agrícola.

Sin embargo, no existe certeza respecto al éxito con que desde el MMA se pueda abordar la situación, dado que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el con atribuciones en la materia. Por tanto depende de la coordinación interministerial y la importancia que esta última secretaría de Estado asigne al tema.

El ideal es que nuevamente este tema no quede en tierra de nadie, ya que es fundamental para avanzar en soluciones reales y prever conflictos a futuro.

Castañón destaca que Chile necesita una normativa en materia medio ambiental que esté a la altura de un país en vías de desarrollo.

Y, a su juicio, uno de los elementos clave que han resuelto las naciones que han logrado esta condición -como Holanda, por ejemplo- es el ordenamiento territorial y el respeto a los permisos y resoluciones otorgados por la autoridad.

Por su parte la senadora Isabel Allende -si bien no ha recibido información de esta iniciativa gubernamental- plantea que la penalización de situaciones de afectación del medio ambiente no se hace cargo de forma integral de esta problemática, pues es una herramienta que se reserva para aquellos casos de mayor gravedad.

"Lo cierto es que la única forma de enfrentar la problemática ambiental del país es a partir de una política clara de parte del Estado, que permita una aplicación efectiva de la actual regulación y que identifique las áreas en las que todavía nos queda por avanzar. Por ejemplo, en materia de olores o de contaminación de suelos la normativa es prácticamente inexistente en nuestro país".

Más sanciones

Desde el poder legislativo, en tanto, las senadoras Isabel Allende y Soledad Alvear presentaron recientemente un proyecto para tipificar como delitos los daños ambientales, con sanciones muchos mayores que las que actualmente existen en la legislación. Busca elevar a la categoría de delitos, daños que hoy están solo en el ámbito de lo administrativo y de situaciones pecuniarias.

"Lo anterior se fundamenta en que hoy por hoy, las empresas prefieren pagar las multas que resolver los problemas, ya que éstas no son lo suficientemente altas como para que la sanción sea ejemplificadora. Así, nos vemos enfrentados a situaciones como varias que hemos vivido, y que finalmente llevan a que se magnifiquen problemas que podrían haberse resuelto en los inicios, sin perjudicar a la población ni a nuestro medioambiente", precisa la senadora Allende.

El objetivo es identificar y castigar sólo aquellas conductas que provoquen daño ambiental.

"Ahora bien, quiero que se entienda que no se trata de tipificar todo como delito, sino que se identifiquen conductas que cuando sean dolosas o culposas, y acarreen un daño al medio ambiente, exijan que responda el titular del proyecto", aclara.

La legislación propuesta establece tipos penales que se refieren, entre otros, a los actos que autorizan el desarrollo de una actividad productiva. Se plantean penas de presidio a quienes falten a las obligaciones establecidas en las RCA, en un plan de manejo, en un plan de descontaminación, o en una norma de emisión, entre otras, vertiendo, por ejemplo, contaminantes en un cauce de agua, en el suelo o subsuelo.

El proyecto de ley incorpora en el Código Penal una serie de delitos contra el medio ambiente, considerando que las denuncias de distinta naturaleza sobre hechos y conductas que afectan al mar, a las aguas dulces, al suelo y al aire han aumentado considerablemente.

La senadora comenta que, además, debemos sumar las dificultades que tiene el Ministerio Público para perseguir estos casos, lo que hace necesario un perfeccionamiento de la legislación.

Según el Ministerio Público, desde el 2006 al 2010 la cantidad de casos ingresados por estos delitos han aumentado en un 33%. Estos mismos registros dan cuenta de que entre el 2010 y el 2011, un 49,9 por ciento de las denuncias se refieren a usurpación de aguas, un 13,9 por ciento a los delitos contemplados en la Ley de Bosques, un 11, 8% a otros tantos contemplados en la Ley de Monumentos Nacionales, y un 10 por ciento a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La parlamentaria reconoce que la legislación actual es limitada y se deben buscar caminos para frenar estas situaciones, que no solo afectan al medioambiente -como en el caso de Pascua Lama- sino que también a la salud de las personas, como ha ocurrido en Freirina, en la Región de Atacama.

"En desastres como éstos, las sanciones administrativas no son suficientemente disuasivas como para que no se reitere la conducta, por eso la necesidad de incorporar delitos precisos. El desarrollo debe ser sustentable y esto significa que Chile debe asumir el estándar OCDE en materia de delitos contra el medio ambiente, como corresponde a un país serio", plantea.

Comunidades empoderadas

Aunque la senadora Allende observa que, hasta ahora, más allá de la condena generalizada a los errores cometidos por la empresa Agrosuper, no se han visto propuestas concretas o experiencias innovadoras para evitar que se repitan casos similares. Rodrigo Castañón señala que "hoy la industria está trabajando en diversas instancias para resolver y prevenir estas nuevas demandas a través de mesas de trabajo con la autoridad y la comunidad, entregando información técnica para objetivizar las discusiones".

Destaca que "se ha producido un cambio en la industria que guarda relación con escuchar con mayor atención los planteamientos de la comunidad y trabajar conjuntamente en temas de su interés. Como asociación gremial estamos preparando un tercer Acuerdo de Producción Limpia, donde uno de los elementos centrales es la relación de las empresas con las comunidades vecinas".

Por ello, en los lugares puntuales en que existen conflictos "nos encontramos trabajando en distintas mesas de trabajo local, donde concurren representantes de las comunidades y autoridades regionales. Asimismo, mantenemos contacto con los distintos actores vinculados directos e indirectamente con el cuidado del medio ambiente y las colectividades".

La senadora Allende lamenta que se haya tenido que llegar a situaciones como Freirina o lo sucedido en Aysén, y ahora con Pascua Lama, para que las empresas tomen conciencia del tremendo impacto que producen proyectos que pueden ser económicamente muy rentables y que generan nuevas fuentes de trabajo, pero que, a la vez, afectan directamente a la ciudadanía.

"Muchas veces, este crecimiento impacta directamente en la salud de las personas, como lo vemos a diario en la mala calidad del agua que disponemos para consumo humano en la Provincia de Copiapó; o contamina zonas agrícolas o acuíferas, o interfiere sobre una zona de pueblos originarios", comenta.

En este contexto, resalta que es la propia ciudadanía la que se ha empoderado y ha hecho posible que se instale la necesidad de considerar, de manera efectiva a la comunidad, cuando se desarrollan proyectos de alto impacto. 
 
 
 Recuadro : 
 
 "Todos ganan con una normativa que dé certezas para operar".
Rodrigo Castañón.
Gerente General de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos.

"La única forma de enfrentar la problemática ambiental del país es a partir de una política clara del Estado".
Senadora Isabel Allende