Razones para cuestionar el proyecto de Ley de concesiones eléctricas

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en portal El Dinamo 24 de junio 2013. Vea columna AQUÍ.


La controversia que suscita el proyecto de ley de Concesiones Eléctricas que actualmente discute el Senado está centrada en que lo que se busca es agilizar este tipo de concesiones, sean otorgadas en terrenos privados o en bienes públicos.

Comprender cómo funciona el sistema eléctrico chileno no es una tarea fácil; este sistema fue diseñado de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República, y esto significa que asume el rol subsidiario del Estado. Como consecuencia, el sistema eléctrico está completamente entregado al sector privado, tanto en la generación, como en la trasmisión y distribución, mientras que las instituciones públicas asumen un rol neutral.

Así, las empresas del rubro las que deciden cómo, cuándo, dónde y con qué tecnología trabajar. Es un sistema que “confía en el mercado” y deja al Estado una ínfima capacidad de regulación y una nula posibilidad de planificación. Dentro de lo que debe resguardar el sistema eléctrico esta lo que está lo está garantizado en la Constitución: la propiedad privada, y secundariamente los bienes públicos que son administrados por diversas instituciones.

La controversia que suscita el proyecto de ley de Concesiones Eléctricas que actualmente discute el Senado está centrada en que lo que se busca es agilizar este tipo de concesiones, sean otorgadas en terrenos privados o en bienes públicos. Actualmente la entrega de concesiones está regulada por el D.F.L. N° 4, cuya primera versión es del año 1982 y tiene una modificación el año 2004. ¿Cuál es el problema? Que el trámite para entregar una concesión es muy largo, ya que si bien la ley vigente establece que debe hacerse en 120 días, en la realidad esto está ocurriendo en más de 600 días, como ha señalado el gobierno.

¿Por qué esta demora? Porque la gente se opone a la entrega de concesiones en sus terrenos; a esto el gobierno suma que hay especuladores que se oponen sólo para subir el precio de un terreno. La solución propuesta por el actual gobierno apunta a agilizar este trámite, pero sin realizar una revisión del fondo del D.F.L. N° 4, ni tampoco implica incurrir en más gastos de parte del Estado para que los procedimientos cuenten con más personal, o se entregue apoyo técnico a las personas afectadas que no tengan la capacidad socioeconómica de hacerlo. El argumento puro y simple es que hay que apurar las concesiones o nos quedaremos a oscuras.

Lo curioso es que este sistema viene operando hace más de 30 años, pero sólo ahora se da la señal de alerta en el sentido que “nos vamos a quedar a oscuras”. Si este es un problema puntual, ¿Por qué no se busca una solución específica?

Aún asumiendo que se necesita agilizar el procedimiento para la entrega de concesiones, surgen varias preguntas y cuestionamientos. El primero tiene que ver con el contexto. ¿Por qué parlamentarios de gobierno y oposición, 6 por Cámara, suscribieron un acuerdo que involucra dos proyectos de ley: éste y el denominado 20/20? Según ellos para destrabar el proyecto del 20/20, pero eso no se entiende, cuando vemos que el senador Antonio Horvath, promotor del las ERNC y uno de los autores del proyecto del 20/20, no suscribe el acuerdo. Además tanto Horvath como el senador Gómez se oponen a la forma en que está siendo tramitada la ley de concesiones eléctricas. Esta mirada ya ha sumado adeptos dentro del Senado y son varios los parlamentarios que suscribieron indicaciones promovidas por Horvath y Gómez.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos? Básicamente, el hecho que en el proyecto del Ejecutivo se proponga entregar las concesiones a perpetuidad; y esto ni siquiera está en discusión. Lo segundo es que a pesar de lo que digan los parlamentarios que suscribieron el acuerdo, la redacción del proyecto no permite asegurar que se respeta el convenio 169 y la consulta previa a los pueblos originarios; de hecho, la interpretación mayoritaria es que no lo respeta.

Por si esto fuera poco, ocurre lo mismo con el resguardo a un bien público como son las áreas protegidas, ya que el proyecto que se pretende aprobar sólo señala que se deben cumplir los tratados internacionales vigentes y las regulaciones internas. Sin embargo, los expertos coinciden en que esto tiene escasa fuerza y aplicación práctica, pues Chile presenta un enorme retraso en protección de su biodiversidad.

Esto hace prever que la solución puede ser peor, pues tanto en lo relativo a Consulta Previa como a áreas protegidas el proyecto no resuelven los problemas, más bien los traslada y todo hace prever que aumentará la judicialización de casos.

Otros puntos en cuestión en el proyecto de ley es que sólo basta con presentar una solicitud para transformarse en concesionario para efectos de trámites y permisos para realizar obras. Además, restringe a quienes se pueden oponer, y reduce únicamente a los dueños de los predios los considerados como afectados con derecho a oposición. Junto con ello, una vez fijado el monto de la indemnización por un juez, permite el ingreso a un predio con auxilio de la fuerza pública.

Claramente, las soluciones propuestas por el gobierno para un problema complejo, y avaladas por 6 senadores y 6 diputados, están lejos de resolver el problema de la agilización en la entrega de concesiones. Se pretende instalar un sistema más injusto que el actual para las personas, no se resguarda el patrimonio natural de Chile, lo que probablemente será motivo de cuestionamientos. En definitiva, se está tratando de instalar una norma general que afecta a muchas personas, sin antes intentar solucionar problemas puntuales previos.

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