Acuerdo gobierno-oposición por proyectos eléctricos tambalea… por Convenio 169

Diputados rechazaron el articulado de la ley de Concesiones, echando por tierra así el pacto alcanzado entre ambos bloques, que tambíén involucra a la ley 20-25. Pulso, 15 de julio 2013.
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Causó sorpresa. El rechazo a varias normas del articulado del proyecto de Concesiones Eléctricas, en contra del cual han levantado fuerte lobby grupos ambienta-listas, no estaba en los cálculos del gobierno, donde se daba por descontada la aprobación de la iniciativa tras la firma de un acuerdo con la oposición que destrababa la agenda eléctrica.

En el gobierno, y entre los parlamentarios de la Alianza, sienten que no se respetó el acuerdo que involucraba el apoyo del ejecutivo a la ley Fomento a las ERNC, conocida como 20-20 –devenida en 20-25, y que ahora busca que el 20% de la energía comercializada en el país provenga de fuentes renovables a 2025– a cambio de que la oposición visara finalmente la ley de Concesiones. Por ello, el pacto hoy tambalea. Y, de paso, pone en riesgo el 20-25. Ahora, el proyecto de Concesiones irá a comisión mixta, donde se debatirán los artículos rechazados, aunque hay uno en particular que será el que causará más polémica, y que se relaciona con la consulta indígena y la forma en que se aplicará en esta ley el Convenio 169 de la OIT.

La propuesta original planteaba realizar la consulta indígena, por una sola vez, de forma posterior al otorgamiento de la concesión, pero antes de iniciarse la construcción de las obras. Esto no satisfizo a los diputados, quienes plantean que la consulta debe hacerse antes de la entrega de la concesión. Por ello rechazaron la enmienda. Tampoco fueron aprobadas: la propuesta que regula la determinación de las costas sobre un eventual arbitraje para la solución de controversias entre concesionarios, una norma que establecía la posibilidad de que si se ordena la paralización o suspensión de las obras, el concesionario pueda rendir una caución suficiente para responder de la demolición de las obras o de la indemnización de perjuicios (para así suspender los efectos de la orden de paralización) y una norma sobre la toma de posesión material de un predio por el que atraviesen líneas eléctricas, que entregaba al juez la facultad de recurrir a la fuerza pública para cumplir con la autorización judicial sobre toma del precio para el concesionario. Entre los parlamentarios de gobierno no descartan que esto derive en una quitada de piso al 20-25, norma que en realidad nunca ha convencido del todo al gobierno, y que sólo accedió a apoyar para destrabar la agenda. De hecho, en enero pasado, le quitó el piso y propuso a cambio un sistema de licitaciones de ERNC, lo que finalmente no prosperó. El proyecto de Carretera Eléctrica también entra en la discusión. Según el ejecutivo, sí es parte del acuerdo, pero parlamentarios de oposición, como el DC Juan Carlos Latorre, aseguran que no es así. Según su opinión, una vez que se destrabe Concesiones, Carretera Eléctrica sólo tendrá un artículo polémico, y que es la duración de la concesión a privados. El proyecto señala que deben ser perpetuas, pero los diputados son contrarios a ello.

REGLA LEGAL. La jugada del ejecutivo respecto del proyecto de Concesiones era poder establecer límites al Convenio 169 por la vía legal. En concreto, lo que se pretendía normar mediante la ley de Concesiones es cómo llevar adelante el proceso de consulta y la participación indígena en los proyectos de inversión. El problema es que no ha habido mucho interés de la contraparte en avanzar. Por ahora, los grupos indígenas están cómodos con el actual escenario, pues como no hay un reglamento, el alcance del convenio que protege sus derechos frente a iniciativas de inversión es casi ilimitado.

Así, ha sido la Corte Suprema la que ha tenido que zanjar el tema. Recién el año pasado, tras largo tiempo discutiendo, se llegó al acuerdo de que la consulta indígena se realizaría a través de la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).   
 
¿Qué ha pasado? La Cámara de Diputados, en lo que en el gobierno fue calificado como el incumplimiento de un acuerdo previo, rechazó algunos puntos del articulado de la ley de Concesiones Eléctricas, lo que obliga a ir a comisión mixta.
¿Por qué ha pasado? Hubo gran lobby de algunos grupos ambientalistas para que se rechazaran estos artículos, principalmente aquellos relacionados con la consulta indígena y el Convenio 169 de la OIT, cuyo reglamento, que corre por otro carril, está hoy en Contraloría.
Hoy hay consenso en el mundo político en que estas normas, impopulares, deben ser aprobadas antes del nuevo gobierno. Nadie quiere heredar el tema.

“Yo tengo la impresión de que en estricto rigor se incumplió el acuerdo ya firmado. Pienso que sería absurdo quitarle el piso a la ley 20-25” J. CARLOS LATORRE Diputado DC
“Esperamos que en la comisión mixta tengamos una ley que proteja tanto los derechos de los empresarios como de los pueblos indígenas” ENRIQUE ACCORSI Diputado PPD
“Si se hubiese aprobado la ley tal como venía del Senado, se habría actuado en contra de la voluntad ciudadana, pues vulneraba el Convenio 169”. ALFONSO DE URRESTI Diputado PS

 

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