En su último informe, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se lanzó en picada en contra del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), el que aún se encuentra a la espera de la toma de razón por la Contraloría, aduciendo que éste contiene una serie de insuficiencias en materia de regulación de las consultasa pueblos indígenas relativas a proyectos de inversión. La crítica tuvo respuesta inmediata.“Este informe (INDH) se basa en una presentación preliminar de nuestro reglamento, no es la última a versión que está en Contraloría. Para la elaboración del instrumento se desarrolló un proceso participativo con los pueblos originarios”,, destaca Ignacio Toro Labbé, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En el organismo encargado de visar los proyectos de inversión del país esperan la pronta toma de razón del nuevo reglamento, el cual contará con un proceso de consulta indígena que se extiende durante toda la tramitación ambiental, y dónde cualquier iniciativa, por muy pequeña que sea, pero que influya en una comunidad indígena, estará obligada a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

¿Los sorprendió la opinióndel INDH?
El servicio agradece el trabajo realizado por el INDH, pero debemos decir que se pronuncian frente a una versión anterior. La actual cuenta con las mejoras que ellos propusieron. Todos pueden opinar si se cumple o no el estándar, pero el servicio desarrolló un extenso proceso, de buena fe e informado. Acá los pueblos indígenas pudieron participar.

¿Hubo un feedback con los pueblos originarios?
Participaron en la consulta y eso se ratifica en nuestro trabajo, ya que se acogieron más del 90% de las observaciones de la consulta. A un costado del reglamento, que está ahora encontraloría, hay cuatro cajas con las observaciones presentadas por ellos.

Una opinión de esta entidad señala que la consulta previa no debiera estar entregada exclusivamente a un reglamento de ejecución.
La ley expresamente debiera contemplar mecanismos de consulta a indígena. No es rol del Servicio de Evaluación Ambiental, ni de las autoridades responsables de generar el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental emitir opinión o juzgar respecto a las materias que debieran o no ser discutidas por el legislador. Sin perjuicio de lo anterior, es importante aclarar que la ley 20.417 fue modificada en enero de 2010, de manera a posterior a que el Convenio 169 estuviera vigente en Chile.

¿Entonces, el futuro reglamento cumple?
El servicio afirma categóricamente que el reglamento cumple con el Convenio 169.

En el nuevo reglamento, ¿la consulta indígena atraviesa a todo el proceso de evaluación?

La participación ciudadana tiene un umbral máximo de participación, que son 60 días después de presentado un estudio y 300 días después de una adenda. La consulta está desde que se inicia hasta que se termina, y después de la RCA continúa, ya que el servicio después tiene que dar explicaciones a la comunidad sobre cómo influyó en el tema.

Cuando no haya acuerdos entre el titular y las comunidades, ¿quién zanja la diferencia?
La ley dice que es director del SEA; es él al realizar el ICE el que recomienda aprobar o rechazar el proyecto.

¿Qué ventajas tiene el inversionista con el nuevo reglamento?

Está diseñado para generar espacios entre los inversionistas, el Estado y las comunidades. Por ejemplo, hay un artículo que dice que si el inversionista lo quiere, puede acercarse al servicio y pedir a la autoridad un informe de pueblos originarios. La experiencia internacional dice que los inversionistas que usan estos instrumentos les va a mejor con sus proyectos.

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