Proyecto de concesiones eléctricas: una ley compleja y que no beneficia a los ciudadanos

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el Blog de La Tercera el 10 de julio 2013. Vea el Blog AQUI.


Desde el año pasado se tramita en el Congreso Nacional un proyecto de ley cuyo propósito es agilizar la entrega de concesiones eléctricas. Esta iniciativa legal fue enviada por el Ejecutivo, que la justificó señalando que el actual procedimiento para entrega de concesiones demora mucho y además permite que algunos de los afectados por el establecimiento de estas concesiones en sus propiedades presenten oposición e incluso lleguen a especular con el  valor de la indemnización, elevando los precios. Para entender la situación es importante tener presente que actualmente existe un procedimiento para la entrega de concesiones que se rige por lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos D.F.L. N°4, que es una modificación del D.F.L. N°1 del año 1982. Esto quiere decir que esta ley fue promulgada sin discusión parlamentaria, y han pasado más de 30 años sin que haya sido revisada en profundidad. Pese a ello, en lugar de hacer una revisión, actualización y armonización con otras normativas posteriores, como por ejemplo la ley ambiental, el Ejecutivo optó simplemente por impulsar la modificación de una parte de este cuerpo legal, que tiene relación con “agilizar el procedimiento de entrega de concesiones”. Otro elemento importante a tener en cuenta es que las concesiones eléctricas pueden otorgarse en terrenos públicos o privados, y principalmente están orientadas a la entrega de concesiones para el establecimiento de tendidos eléctricos. Además, tanto en la ley actual como en la que se pretende aprobar en el Parlamento, las concesiones se entregan a perpetuidad.

Las organizaciones ciudadanas agrupadas en el Consejo de Defensa de la Patagonia, tras analizar este proyecto de ley, han señalado que de aprobarse con el actual articulado, esta ley beneficiaría directamente a las empresas eléctricas en desmedro de los ciudadanos –propietarios o no— de los predios donde se establecerían las concesiones eléctricas. Además, esta iniciativa legal no respeta la consulta previa de acuerdo lo establecido en el Convenio 169, permite el paso por áreas protegidas y conculca derechos ciudadanos.

Pero pese a la oposición y a los argumentos presentados por las organizaciones y por un conjunto de parlamentarios, el proyecto de ley está pronto a ser aprobado por el Parlamento y convertirse en ley, pues se encuentra en la última etapa de su tramitación. ¿Cómo puede pasar esto? La respuesta no es fácil.

En parte esta aprobación se debe a la presión que ha puesto el gobierno; también se puede explicar por la complejidad que presenta el texto legal para la mayoría de los ciudadanos, pues no existen afectados inmediatos, sino sólo potenciales afectados, que somos todos los ciudadanos; por último, lo que posibilitó la aprobación de este texto en el Senado, fue un acuerdo entre el gobierno y senadores de la UDI y la DC. Este acuerdo, si bien introduce algunos cambios en el texto legal, no soluciona los problemas antes descritos, más bien incorpora textos que inducen a error. Así, por ejemplo, pareciera que se respeta el convenio 169 y se resguardan las áreas protegidas, cuando en la práctica no es así. Además, las modificaciones introducidas por el acuerdo conculcan derechos ciudadanos que están consignados en la ley vigente.

A estas alturas de la tramitación legislativa son pocos los cambios que se pueden hacer. Pese a ello, esperamos que los diputados, quienes deberán votar el proyecto en la Sala esta semana, rechacen algunas de las indicaciones introducidas en el Senado y con ello reviertan la actual situación. De no ocurrir esto, próximamente Chile contará con una ley que establece la supremacía de las eléctricas por sobre los derechos de las personas.

 

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