Ley de fomento forestal: los cuestionamientos que amenazan su aprobación

En plena discusión en las comisiones de Agricultura y M. Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, se encuentra la normativa ya tiene más de 500 indicaciones. Es que los problemas con los pueblos originarios y falta de consulta efectiva afectan su paso por el Congreso, mientras defensores de la iniciativa destacan el beneficio económico que ha traído al país. Gobierno mira atento; sabe lo difícil del escenario. El Pulso 19 de agosto 2013.


Con casi 40 años de vigencia, el decreto ley 701 de 1974 que impulsa el desarrollo forestal de Chile a través de monocultivos exógenos, vive días agitados en el Congreso Nacional. Hoy, eso sí, debido a la tramitación de la ley de Fomento Forestal.

Es que la importancia que representa esta normativa, tanto para la reforestación del territorio nacional, como para el empuje económico del país, y el aporte ambiental a las zonas donde se ejecuta, enfrenta numerosos reparos (más de 500 indicaciones) respecto a la toma de razón de su aplicabilidad en zonas sensibles de algunas regiones, los adecuados estudios para seguir promoviéndola, y el eventual no respeto a pueblos originarios y convenios internacionales.

Ideado al inicio del gobierno militar, este cuerpo legal bonifica la forestación o estabilización de dunas en suelos de aptitud preferentemente forestal. Además, entrega subsidio y beneficios tributarios para realizar actividades de administración y manejo de bosques plantados en terrenos de aptitud preferentemente forestal, según consigna su normativa.

El decreto ley 701 estuvo vigente por 20 años (hasta 1996) y luego se extendió por 15 más, con dos años prorrogables hasta el 31 de diciembre del año pasado. Hoy, busca una tercera prórroga (como Ley) y en estos momentos está en discusión en las comisiones unidas de Agricultura y Medio ambiente y Bienes Nacionales del Senado, luego de ser despachada en marzo último por la Cámara de Diputados.

PRO Y CONTRA A LA INICIATIVA
Desde que se inició la posibilidad de extender esta normativa por 20 años más -en octubre de 2012 ingresó a la Cámara Baja- no son pocos los que han manifestado sus reparos e incluso acusan falta de diálogo en un tema sensible para muchas zonas del país.

Es que, en las casi cuatro décadas de vigencia, el Estado ha entregado bajo esta normativa alrededor de US$838 millones en bonos a las empresas que participan del mercado forestal, según cifras del Instituto Forestal de Chile; subsidios que comprenden el 90% en el caso de los pequeños propietarios y 75% para los medianos.

A esto se suma, según los detractores de la normativa, que la autoridad no habría hecho una consulta adecuada a los pueblos originarios, que sería un mercado concentrado, que no se contaría con estudios sobre los efectos sociales y ambientales a lo largo de los 40 años que se ha aplicado este Decreto y que no se daría impulso a la reforestación del bosque nativo.

En contraparte, quienes respaldan la prórroga, aseguran que cada uno de los argumentos esgrimidos contra las plantaciones forestales “es debatible y posee matices, que naturalmente los activistas omiten”, como señala Julio Torres, secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales.

Es más. A juicio del ingeniero forestal, los potenciales impactos ambientales o económicos de las plantaciones, “requieren un análisis más en profundidad que lamentablemente no tiene espacio en un debate polarizado como el que se enfrenta actualmente”.

Respecto a las mejoras, Torres explica que “se dice que este instrumento fue para apoyar a grandes empresas, pero las restricciones que habrá a grandes propietarios son explícitas: hay un tope de 50 mil UTM, y quienes tengan ingresos anuales mayores no tendrán el subsidio”.

Además, sostiene que en la nueva ley “se creó un pago por cobertura vegetal permanente, que quiere decir que si una persona plantó y quiere dejar esa plantación por 20 años y no tocarla, el Estado le va pagar todos esos años un monto por hectárea, algo muy novedoso y que no se resalta”.

EL DEBATE POLÍTICO
Según el senador DC, Mariano Ruiz- Esquide, este proyecto tendrá una larga tramitación por el abultado número de observaciones que le han hecho los parlamentarios.

Es que a su juicio “el gobierno se equivocó al seguir adelante con un proyecto donde el sólo hecho de que haya más de 500 indicaciones demuestra que existe una profunda discrepancia”.

Destaca que para destrabar estas diferencias, él propuso prorrogar por un año el actual sistema y durante este año, plantear una propuesta de mayor consenso, pero “el gobierno no lo aceptó, y tengo la impresión de que nos vamos a empantanar en un proyecto con tantas indicaciones y con errores que son muy importantes”, dice.

En esta línea, el senador añade que la iniciativa “es mala y atarantada. Además no tiene ningún sentido que un gobierno que va a perder, instale una propuesta que signifique llevar adelante un cambio tan sustancial”.

Ruiz-Esquide destaca a la ecuación un elemento político. “Espero que este proyecto se demore hasta el triunfo de la Concertación”, sentencia.

Por su parte, el senador RN, Antonio Horvath, señala que “se ha planteado la posibilidad de prorrogar esta ley por un año más, pero a nuestro juicio la ley tiene dos caras, por lo que creemos que se puede resolver. El tema es qué pasa este año, y por ende sí se puede hacer una prórroga en 2013, pero no tenemos por qué hacerlo por más tiempo si tenemos la posibilidad de tener una buena ley. Si tiene falencias más delante, es perfectamente posible corregirla”, explica.

Respecto a que no se respetaría el convenio 169 de la OIT, el legislador indica que ese es un tema “complejo, porque la Conaf intentó consultar a las organizaciones previamente, pero el acuerdo 169 tiene que tener unos estándares mínimos, y eso no se ha hecho porque aún no hay un reglamento al respecto. El 169, en este sentido, no es aplicable o no se puede considerar que se haya aplicado”.

Precisa que cuando se votó en general el proyecto en el Senado, que establece un tope de US$30 millones anuales al subsidio a los medianos y pequeños propietarios forestales, un grupo transversal de parlamentarios firmaron un acuerdo con el gobierno para que la ley cambiara su orientación hacia la vía de la recuperación del bosque nativo, y que el bosque exótico se usara más como un mecanismo de puente para alcanzar ese objetivo.

Sin embargo, Horvath apunta que su mayor preocupación es que “el pequeño y mediano campesino y forestal no sea atropellado o transformado en un mediador de las grande forestales. Eso ha generado un problema de migración de campesinos a la ciudad”.

Acota que “hoy existe puro bosque con monocultivo generando un problema social y ambiental, y no queremos que eso suceda con este nuevo instrumento”. La iniciativa se encuentra con suma urgencia y esta semana retomaría su análisis.

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