Con la nueva norma del SEA -que entrará en vigencia en diciembre-, Chile se pone en línea con el Convenio 169 de la OIT. Gremios valoran definición y anticipan que ésta reducirá incertidumbre.  

 

La señalada normativa -que entrará en vigencia el 24 de diciembre próximo- aborda puntualmente este tema, haciéndose cargo de uno de los requerimientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, de paso, aclarando uno de los aspectos que los gremios empresariales habían planteado como fundamental para evitar incertidumbre respecto de la forma de abordar esta materia.

 

Este punto fue central en el encuentro Pro Inversión realizado a fines de septiembre, a la luz de los antecedentes judiciales.

Esto, porque una serie de fallos de tribunales habían acogido recursos de protección de distintas comunidades indígenas ordenando a las comisiones regionales del Medio Ambiente respectivas la realización de una "consulta" a las comunidades bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT. Pero dicho proceso no existía como tal y se entendía en la práctica que la "participación ciudadana" cumplía con los estándares.

 

Sin embargo, ambos mecanismos difieren en la finalidad, explica el director ejecutivo del SEA, Ignacio Toro.

"La consulta tiene como objetivo que los pueblos indígenas tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental, generando espacios para lograr acuerdos.

 

Mientras que la participación ciudadana sólo tiene como objetivo que las personas puedan acceder al expediente de evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas", sostiene la autoridad.

 

No vinculante

 

Toro agrega que si bien las comunidades participarán en todo el proceso de consulta, el resultado no será vinculante. Es decir, no condicionarán la aprobación del proyecto, si éste cumple con todas las normativas vigentes.

 

Esto, en línea con los lineamientos establecidos en el Convenio 169.

 

Los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz; de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, y de la Sociedad Nacional de la Minería, (Sonami), Alberto Salas, valoraron la definición realizada a través de esta normativa. Pero coincidieron en la necesidad que el nuevo reglamento que reemplazará al "124" y abordará las consultas indígenas para las iniciativas que no pasan por el SEIA esté totalmente alineado con el objetivo de evitar espacios de ambigüedad que lleven a la judicialización de los proyectos.

 

En el proceso de consulta, un rol clave jugará el SEA. De hecho, cuando el proyecto se emplace en tierras indígenas, será el director regional o el director ejecutivo de dicho organismo quien deberá realizar reuniones con aquellos grupos localizados en el área por un período no superior a veinte días, con el objetivo de recoger sus opiniones y analizarlas. Además, el SEA tendrá que generar un acta de cada una de las reuniones.

 

Avisos radiales Visados por el SEIA deberán realizar los titulares de los proyectos de inversión. Etapas y diferencias con la participación

 

La "participación ciudadana" se realiza en los 60 primeros días, tras la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y solo en el caso de adendas -o consultas- que contengan modificaciones sustantivas se amplía un nuevo proceso por 30 días.

 

Mientras, la nueva normativa fija la "consulta" como un mecanismo permanente que se realiza en paralelo a la evaluación ambiental y garantiza a las comunidades espacios durante todo el proceso. El estándar mínimo de dichos espacios corresponde a 60 días después de ingresado el EIA y 30 días después de cada adenda.

 

Ignacio Toro, del SEA, explica que una vez calificado el proyecto (favorablemente o desfavorablemente), el servicio debe volver a reunirse con los pueblos indígenas para informarles sobre el alcance de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), indicándoles cómo sus observaciones han sido consideradas e influido en el proceso de evaluación, e indicarles los recursos que proceden. El nuevo reglamento además entrega una nueva herramienta a los inversionistas: tener la opinión del SEA en la etapa temprana del proyecto, respecto de si se verifica o no susceptibilidad de afectación de pueblos indígenas.

 

CPC, Sofofa y Sonami analizan impacto de normativa

 

"El nuevo reglamento apunta a dar mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión, lo que constituye un avance importante (…) Esta materia, hasta el momento, se ha prestado para confusión, porque no había una norma clara que la reglamentase". De esta forma definió ayer el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, la normativa del SEA que entrará en vigencia en diciembre próximo.

 

"Esperamos que pueda, junto con satisfacer los requerimientos de la consulta establecidos por el Convenio 169 de la OIT, proporcionar un marco claro y estable a los inversionistas respecto de la regulación de la consulta. En este sentido, estimamos que el borrador del reglamento de consulta indígena en estudio en el Ministerio de Desarrollo Social -la norma 124- debe ser coherente con la solución que establece el reglamento del SEA y remitirse a este, de manera de evitar duplicidades o eventuales inconsistencias normativas que solo contribuirían a aumentar la incertidumbre jurídica y, consecuentemente, la eventual judicialización", agregó el timonel de la Sofofa, Hermann von Muhlenbrock.

 

Alberto Salas, presidente de la Sonami, coincidió con este último punto argumentando que si el reglamento del SEA ya está en línea con el Convenio 169, el nuevo reglamento 124 debiese seguir las mismas directrices.

 

"No cabe duda que el reglamento constituye un avance respecto al reglamento anterior, por cuanto facilita la aplicación del proceso del SEA, aunque demanda mayor contenido a los estudios de impacto ambiental", agregó Salas.

 

Los gremios empresariales precisan que si bien ya conocen el detalle del reglamento del SEA, siguen analizando sus efectos con sus comisiones para poder dimensionarlos.