Convención de Washington, ahora vulnerada por el nuevo Reglamento de Evaluación Ambiental

Columna de opinión de Flavia Liberona Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en blog La Tercera 10 de septiembre 2013. Vea blog AQUÍ.


El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado el 12 de agosto recién pasado, permite cortar alerces y araucarias, dos de las especies más emblemáticas de las plantas chilenas. También permite la corta de otras especies declaradas Monumento Natural al amparo de la Convención de Washington, así como el desarrollo de actividades comerciales dentro de los límites de los parques nacionales.

La insistencia y persistencia de los gobiernos, o al menos de ciertas autoridades, sin importar su color político, en no respetar acuerdos internacionales en materia de protección de la naturaleza parece ser un clásico. Lo que motiva en esta ocasión a las autoridades ambientales, claramente está lejos de lo que establece la Constitucion en el artículo 19 N° 8, que establece: “es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza”, o lo que señala en el artículo 5° inciso segundo: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitucion, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas, conocida como Convención de Washington, es uno de esos tratados internacionales que deberían ser respetados, pero lamentablemente con el nuevo reglamento nos encontramos ante un nuevo intento por no respetar el acuerdo suscrito por Chile a nivel internacional. Lo que es peor aún, esta historia es larga, pues ya en gobiernos anteriores se trató de burlar esta legislación. Durante el gobierno de Lagos el Ministro de Agricultura de la época, Jaime Campos, dictó el decreto exento N° 525, el que tuvo que ser derogado pues no respetaba la Convención de Washington. Algo parecido ocurrió en el gobierno de Bachelet, cuando la Ministra Marigen Hornkohl dictó el decreto exento N° 654, que fue derogado por Jose Antonio Galilea bajo la administración de Piñera.

En el transcurso de los años pareciera que la Convención de Washington se ha transformado en una molestia para las autoridades de turno; su interés por proteger nuestra naturaleza es notablemente bajo, por no decir nulo. El mayor interés de los gobiernos hasta ahora ha sido cómo aprobar proyectos de inversión burlando esta Convención, que fue ratificada el año 1967 por Chile. Es mas, nuestro país es uno de los que presenta mayor retraso a nivel regional en protección de la naturaleza, pues aun no contamos con una ley de biodiversidad ni con una institucionalidad y presupuesto para resguardar nuestra naturaleza.

A mediados de agosto se publicó en el Diario Oficial el DS. N° 40, “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, del Ministerio de Medio Ambiente, que claramente es un nuevo intento de la autoridad por vulnerar la Convención de Washington, pues en varios artículos que se refieren a los permisos ambientales sectoriales (PAS), abre la posibilidad de intervenir parques nacionales y monumentos naturales. Este reglamento pareciera ser un nuevo “por si pasa”, pues omite la definición que da la propia convención respecto de los Monumentos Naturales: “Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales” .

En los artículos N° 127, 128 y 129 del reglamento (D.S. N° 40) se establecen condiciones para la corta de especies declaradas Monumento Natural como la araucaria, el alerce, bellotos del norte y sur, queule, pitao y ruil; todos ellos fueron declarados bajo protección al amparo de esta Convención.

Además, el mismo reglamento en su artículo N° 121 define la manera en que se pueden realizar actividades mineras en parque nacionales, pese a que la Convención define clara y tajantemente la inviolabilidad de los mismos; un fallo de 2012 de la Corte Suprema chilena, además, reforzó esta protección al dictar un fallo que hizo referencia a la Convención, que señala: “Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ello sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en parques nacionales no se explotarán con fines comerciales”. Es decir, no se pueden usar las parques nacionales para actividades comerciales y por tanto este artículo del Reglamente resulta claramente en oposición a la Convención de Washington.

Lo lamentable de todo esto, es que una vez más estamos frente a autoridades ambientales que se equivocan en su misión, pues ésta no es aprobar proyectos y facilitar la inversión. Justamente, la autoridad ambiental debería defender el patrimonio natural del país, incluso si ello significa hacer frente a ministerios sectoriales más poderosos, que tiene como objetivo el fomento productivo. Con la dictación de este reglamento por parte del Ministerio de Medio Ambiente, una vez más se pone de manifiesto la poca importancia que le asignan las autoridades al cuidado y protección de la naturaleza, lo cual resulta aún más lamentable cuando esta autoridad es el Ministerio de Medio Ambiente.

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