Gobierno reflotaría la idea de mapear terrenos aptos para termoeléctricas

Frente a la judicialización de proyectos termoeléctricos, el Ministerio de Energía buscaría reflotar la idea de ordenar el territorio con la finalidad de mapear zonas aptas para la instalación de centrales a carbón, petróleo y petcoke. Expertos cuestionan que los anuncios sean siempre trascendidos de prensa y que se pretenda ordenar el territorio mediante una decisión inconsulta y sin atender a instrumentos jurídicos y políticos ya implementados en países con más desarrollo institucional en materia de protección del ambiente. Diario U. Chile 09 de septiembre 2013.


La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es el instrumento que se usa en países con legislación ambiental más avanzada para decidir la vocación de un territorio. Es decir, para saber dónde y con qué condiciones instalar proyectos forestales, mineros o eléctricos, entre otros. La EAE implica la participación de intendentes, alcaldes organizaciones sociales y todos los grupos interesados en explotar o usar recursos naturales al interior de una cuenca, pero se hace antes de que se presente un proyecto.

En Chile, sin embargo, no hay definición de las vocaciones de un territorio, sino que todo se decide proyecto a proyecto, mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EAE) que es evaluado y aprobado por el Gobierno a través de servicios públicos.

Ante este panorama, y la “excesiva judicialización” de proyectos eléctricos, el Gobierno estaría reconsiderando la idea de mapear el territorio para definir dónde instalar este tipo de proyectos, aun cuando no existe todavía anuncio oficial, para evitar una reacción impopular de afirmar que tal o cual comuna debe destinarse a la termoelectricidad.

El abogado y académico de la Universidad de Chile, doctor Eduardo Astorga, ha dicho que la Evaluación Ambiental Estratégica debería ser el instrumento adecuado para resolver este tema, porque ya no se puede pedir al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que decida proyecto a proyecto.

“El sistema de evaluación de impacto ambiental no puede ser más un instrumento al cual se esté pidiendo permanentemente la definición de los valores ambientales desde los territorios. El sistema de evaluación de impacto ambiental no es capaz de resolver eso. Eso se da a través de mecanismos democráticos, regionales y políticos, donde se hace una definición participativa a nivel de intendencias o gobernaciones de cuáles son las vocaciones y los destinos naturales, qué es lo que la gente quiere para sus territorios”, expresó.

Por su parte, el subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, Guillermo Jiménez, lamentó que el Estado no tenga herramientas para limitar la instalación de termoeléctricas, porque el desarrollo energético de Chile no es más que la sumatoria del plan de obras que presentan las empresas privadas.

“Ese es, por ejemplo, una de las cosas por las que preocuparse y creo que, al interior del sector eléctrico, hay bastante controversia al respecto. Desafortunadamente, el gobierno no tiene una injerencia directa en eso. Los generales manejan un portafolio en el que tienen diferentes tecnologías: una central de carbón, una a gas, una hidroeléctrica, y en función de ese portafolio definen su estrategia de negocios, lo único que se limita a hacer el gobierno es fijar reglas, pero en realizada las decisiones de inversión son de criterio directo de los agentes privados”, explicó.

Adicionalmente, el ingeniero ambiental y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, Marcelo Mena, releva la necesidad de mayor transparencia sobre la información de emisiones contaminantes de las termoeléctricas.

“Las termoeléctricas deberían entrar a operar con monitoreo continuo de sus emisiones y eso va siendo reportado a la superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, no todos los sectores tienen ese tipo de transparencia. Las fundiciones no están declarando completamente sus emisiones, pero van a tener que hacerlo con la norma de fundiciones, las termoeléctricas también van a tener que reportar, pero las calderas, hasta el momento, no están con ese tipo de régimen si es que están fuera de Santiago”, denunció.

En Chile existe un total de 239 centrales térmicas a carbón, petróleo y petcoke, 42 de ellas aprobadas durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Click aquí para ver listado de termoeléctricas más contaminantes de Chile.

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