Las dudas que genera el proyecto que busca regular el reciclaje en Chile

Iniciativa será ingresada esta semana al Congreso. Lleva más de un año discutiéndose con diversos gremios empresariales. Sin embargo, la industria y expertos aún tienen ciertos reparos a los alcances que pueda tener la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Mientras tanto, el Gobierno cumplirá el compromiso asumido con la OCDE de tener en trámite una regulación general sobre residuos sólidos al año 2014. El Mercurio, 08 de septiembre 2013.;


El punto de partida estuvo en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y en su cuenta pública del 21 de mayo de 2011, cuando aseguró que "enviaremos a este Congreso un proyecto de ley general de residuos, para fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos". Por eso, para el Ministerio del Medio Ambiente los últimos meses han sido intensos, con reuniones con diversos gremios productores -como la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile o la Asociación de Cerveceros de Chile-, y con parlamentarios de las comisiones de medio ambiente de las dos cámaras del Congreso.

El objetivo: incluir a "todos los actores" al debate, para que en un futuro cercano "los productores de ciertos productos se hagan cargo al término de la vida útil de estos productos mediante el reciclaje y la valorización", según indica la ministra de ramo, María Ignacia Benítez.

Ad portas de ser enviado esta semana al Congreso -para cumplir la promesa adquirida por Chile ante la OCDE de tener en trámite una regulación general sobre residuos sólidos al año 2014-, el proyecto de ley ya genera debate entre los distintos sectores involucrados por los alcances que pueda tener la nueva normativa.

La visión de los expertos es que si bien este es un primer paso para mejorar las cifras de reciclaje que presenta Chile, esta es solo una medida de las muchas que propone la OCDE, y por lo tanto esta legislación estaría lejos de los estándares y de las diversas experiencias internacionales frente a este tema (ver recuadro).

Actualmente, en Chile el 50% de la basura es orgánica, es decir, residuos provenientes de comida, como frutas o verduras, o del jardín. En Santiago hay 14 comunas que cuentan con los llamados "puntos verdes"; estaciones donde la gente puede dejar sus residuos reciclables ya segregados.

Benítez explica que en Chile "no existe una normativa que regule el reciclaje, sino que este se da por razones de mercado". Esto se traduce en que hoy son los municipios los responsables por el aseo de sus comunas, y ellos manejan los residuos sólidos en forma directa o a través de la contratación de empresas privadas. También son las municipalidades las que deben asumir el costo de recolección y disposición final de los residuos de su comuna, sistema que, según los expertos, ha terminado por segregar a comunas con menos recursos, las que muchas veces ni siquiera dan abasto para recolectar la basura de sus propios vecinos.

Según cifras que maneja el Ministerio del Medio Ambiente, en Santiago actualmente se generan 2,7 millones de toneladas de basura al año y solo el 13% es reciclado.

Así, al estar el sistema actualmente supeditado a la rentabilidad del negocio, cuando bajan los precios de la basura y trabajarla deja de ser rentable, disminuye el reciclaje también. Y en Chile, a pesar de que desde 1996 la Ley de Rentas Municipales permite cobrar de manera diferenciada a los vecinos de acuerdo a la basura que cada uno produce, los municipios han optado por cobrar una tarifa plana por el servicio a todos los usuarios.

La nueva normativa

La nueva normativa busca contrarrestar una realidad que nos muestra como un país que no es capaz de reciclar sus residuos y, según explica la ministra Benítez, "que los productores de ciertos productos se hagan cargo al término de la vida útil de estos productos mediante el reciclaje y la valorización". Es decir, que empresas productoras de aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, diarios, periódicos y revistas, envases y embalajes, medicamentos, neumáticos, pilas y baterías, plaguicidas y vehículos, entre otros, incorporen en sus procesos industriales conceptos como reciclaje y reutilización, e "integren instrumentos de gestión ambiental que establezcan requisitos mínimos de composición y diseño de estos productos", explica el proyecto.

También se pretende "mejorar el manejo de ciertos residuos peligrosos, como aceites usados y lámparas fluorescentes al final de su vida útil, abriéndose así la posibilidad de negocios rentables de reciclaje", asegura la secretaria de Estado.

De esta forma, los productores se deberán responsabilizar por el impacto ambiental que ocasionan sus productos, desde sus procesos de fabricación, venta y disposición final.

Otro de los objetivos a los que apunta la ley es reducir los desechos que se disponen en rellenos sanitarios, de manera de liberarlos de la enorme cantidad de basura que reciben sin tratamiento alguno.

Según la ministra del Medio Ambiente, el proyecto "se ha basado principalmente en la experiencia española, alemana, brasilera, y ha sido adecuada a la realidad del país".

También, se exigirá a productores e importadores que financien y organicen un sistema de gestión de estos residuos para alcanzar las metas de recolección y valorización que les impondrá la autoridad una vez que esta ley se encuentre vigente.

Según Benítez, "ello implica, en la mayoría de los casos, un costo adicional a los productores e importadores de estos productos, los que probablemente se lleven a precio, pudiendo repercutir en un alza del precio final de estos productos".

Apoyo de empresario, pero con reparos

Los productores, que ahora serán responsables del manejo de sus productos al final de su vida útil, valoran este proyecto, aseguran que han participado activamente (e incluso aportado con financiamiento) en los proyectos pilotos y sus estudios. No obstante, muestran dudas respecto a que las cifras que manejan hoy no son las oficiales, "y, por lo tanto, implican un margen de error". Y temen que la suma de nuevos actores aumente los costos en la cadena de reciclaje.

"(Haremos) el lobby pertinente en el Congreso para que se hagan estudios técnico-económicos donde se le diga a los productores cuál es la viabilidad de reciclar un porcentaje de esos residuos que hoy se van a vertederos", explica Mónica Reyne, gerente de proyectos de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile, (que también suma a la asociación de supermercados, de bebidas, de licores, papeleros, pilas y baterías, electrónica, entre otros).

Por su parte, la gerenta general de la Asociación de Cerveceros de Chile, Ximena Bravo, asegura que "como industriales sabemos que tendremos la obligación de financiar este Sistema Integrado de Gestión, pero hoy existe poca información para predecir precios, no se ha definido cómo se cobrará a usuarios ni el reglamento final". Y agrega que esperan que el ministerio los llame a trabajar en conjunto para ajustar los costos.

Vasco Costa, vocero del Comité Pro Reciclaje (que integra a 10 gremios y 193 empresas), espera que los costos asociados "no sean absorbidos solo por una parte" y recomienda "evaluar bien el proyecto para no dejarse tentar por alternativas sin un sustento técnico".

Reyne también apunta a dos aristas que "no han sido consideradas". Primero que "se debería involucrar a todos los actores, tanto productores, municipios -porque hoy son los dueños de los residuos- como la comunidad, que debe disponer de manera adecuada sus residuos".

Y en segundo lugar, concluye, "nos preocupa que se tomen resguardos para que esta ley no se politice o se comercialice", refiriéndose a que esta normativa debe mantener un "sentido verde", y velar por metas de reciclaje adecuadas a la realidad del país y que, por lo tanto, sean viables.

De esta forma, Bravo agrega que si el proyecto se fundamenta en estudios "bien basados, con metodologías claras, y si se conserva la idea base de adoptar un período de dos años de puesta marcha", los empresarios estarán "todos alineados para apoyarla".

La ministra Benítez, en tanto, espera una "rápida aprobación" de la ley porque, explica, "me reuní el miércoles pasado con la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y hay un acuerdo transversal de tramitar este proyecto con rapidez".

Benítez está conciente de que "será difícil tenerlo aprobado por ambas Cámaras en marzo de 2014", pero espera que al menos esté aprobado por la Cámara de Diputados antes de que termine este Gobierno. 

 

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