Ley de Cierre de Faenas incluiría cambios contables para beneficiar a medianos mineros

Se enviaría antes de noviembre, pero se discutiría en 2014. El proyecto que prepara el Gobierno está dirigido a buscar las falencias de la Ley 20.551, además de disminuir las provisiones que hoy se exigen.;El Mercurio, 30 de septiembre 2013.
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Hace unas semanas, el ministro Cristián Larroulet anticipó que la Ley 20.551, de Cierre de Faenas Mineras, estaba dentro de los planes del Gobierno para ser modificada, principalmente por "una imprecisión jurídica que la hace compleja para las pymes". La inexactitud a la que se refiere es sobre el método que se usa para determinar las garantías para el cierre, que en la actualidad se calcula estimando periódicamente el valor presente de los costos de implementación de este proceso de cierre de faenas, lo que implica, dicen las empresas mineras, un alto costo.

Algo que ha dicho Alberto Salas, presidente de la Sonami: "Resulta imprescindible modificar. No corregir esto se traducirá en proyectos que, dada la dinámica de la planificación minera, tendrán que ser modificados innumerables veces con la consiguiente pérdida de esfuerzos y recursos materiales y humanos, tanto del aparato estatal, como de los propios productores".

Pero, dice Benedicto Vásquez, socio director Chile de Minería de KPMG, este método no es ni caro ni barato, sino que simplemente es lo que es, en el marco de la contabilidad moderna.

"Si se mira desde el punto de vista de una inversión minera, más que caro, esto se trata de que si una compañía tuvo que desarmar un cerro, después tiene que reponerlo. Esto no es caro, es un costo que sí o sí se tiene que cumplir, y que se cumple en todos los países desarrollados. Existe la sensación de que es caro porque antes, hace cinco años, este costo no existía, pero es algo que hay que hacer", explica Vásquez.

Pero en el Gobierno están haciendo un levantamiento que busca enumerar todas las complicaciones de la ley enfocándose en aquellos que afectan a las medianas compañías.

En ese levantamiento está enfocado hoy el Ministerio de Minería (directamente, a través de sus servicios y junto a asociaciones gremiales) y, aunque el ministro Larroulet anticipó que estas modificaciones podrían presentarse antes de fin de este mes -junto con otras reformas en el marco de un proyecto pro inversión y competitividad-, lo más probable es que esto demore hasta octubre o noviembre, "y en ningún caso podría aprobarse en el actual Gobierno", dice un alto funcionario del Ejecutivo.

Esta demora es la que más complica a los mineros, que ven cómo es que esta ley se suma a otros factores que, dice Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Minera de Antofagasta, les hace más complicado el panorama.

Juan Carlos Sáez, presidente de la Corminco, explica que para la minería esta ley es solo una traba más al desarrollo minero: "Hoy la función de las mineras no solo es la explotación, también lo es la licencia social y la licencia medioambiental, y todo eso hay que pagarlo, y no siempre se puede. Con un cobre a cuatro dólares sí se podía hace dos años, hoy ¿quién va a invertir en una mina que cuesta 10% o 15% más que hace dos años y producirá quién sabe cuánto menos?".

Una muestra de esto es, por ejemplo, el cierre de El Indio, de Barrick, un yacimiento de tamaño mediano y cuyo proceso de cierre hasta ahora ha costado del orden de US$ 80 millones, un precio que, dicen los mineros, los complica.

Pero desde el Gobierno las autoridades coinciden en que todas las exigencias cuestan lo que cuestan, y que el costo debe pagarse para operar, porque el foco está en avanzar al desarrollo y no hacia el desarrollo barato de la actividad.

"Lo que se busca es permitir una facilidad mayor, pero hay que pagar los costos de tener una minería de clase mundial", explica una autoridad.

US$ 80 mills. ha costado el cierre de El Indio, una faena de Barrick.

 

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