En los próximos días el Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia podría ser inaugurada con un polémico recurso: el de los opositores a Central Cuervo, segunda mayor hidroeléctrica de la Patagonia que ayer fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental.

Esa es una de las opciones que barajan los detractores a la iniciativa de Energía Austral -sociedad entre la australiana Origin Energy (51%) y la minera Glencore (49%)- ubicada en la localidad de Puerto Aysén y que gracias a una inversión de US$733 millones la represa contaría con una capacidad instalada de 640 megawatts (MW). Sería la primera central de un total de tres que alcanzarían una potencia superior a los 1.000 MW.

El abogado representante de las organizaciones sociales y ambientalistas de Aysén contrarios al proyecto, Rodrigo de los Reyes, comentó que si bien la instalación del tribunal ambiental que tratará las reclamaciones de proyectos instalados en el sur del país está retrasado, según la ley se puede acudir a él desde el 28 de junio.

"Es una opción válida poder inaugurar la sede de Valdivia de los tribunales ambientales, la ley se encuentra vigente y, por ella, está en operación desde finales de junio", opina el abogado.

Pero no se cierran a otros caminos, uno de ellos es presentar reclamaciones al Comité de Ministros para hacer inviable la construcción de la central en la Patagonia. "Ese es otra opción que nos encontramos analizando, aunque lo conversaremos con abogados representantes de la Fiscalía del Medio Ambiente, quienes participaron en la interposición del recurso anterior", dice De los Reyes.

Esta es la segunda vez que esta central es aprobada por la autoridad, ya que tras ser visada el año pasado, la Corte Suprema puso en jaque la iniciativa al acoger un recurso de protección presentado por ambientalistas. En el fallo los magistrados declaraban "ilegal" la aprobación de la eléctrica por no haberse realizado un estudio de suelo y vulcanológico solicitado por Sernageomin.

De los Reyes tampoco descartó presentar un nuevo recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique o Puerto Montt.