Falta de plata impide rematar derechos de agua no utilizados
En 2012, la Dirección General de Aguas (DGA) proyectó recaudar US$63 millones por pago de patentes por no uso de derechos de agua, pero sólo recaudó US$53 millones. El no pago faculta a la autoridad a subastar los títulos morosos, pero desde 2011 no se efectúa un solo remate. ¿La razón? Falencias normativas y resquicios legales. Abogados dicen que urge una reforma. Pulso, 28 de octubre 2013.;
Letra muerta. En eso se ha convertido la normativa que permite al Estado rematar los derechos de agua cuyos titulares no los aprovechan y que no pagan la multa asociada.
La reforma al Código de Aguas de 2005 autorizó al Estado a efectuar un cobro de una patente anual por los derechos de agua no utilizados, y en caso de que no se cumpla con esta obligación, iniciar un proceso de remate. Así, la Dirección General de Aguas (DGA) publica los primeros meses de cada año un catastro de derechos de agua desaprovechados y afectos a una multa expresada en Unidad Tributaria Mensual (UTM), la que debe ser pagada a más tardar en marzo.
En 2012, la DGA impuso multas o patentes por US$63 millones, pero sólo recaudó US$53 millones. La diferencia, US$10 millones, da pie a que se rematen los títulos asociados. Pero desde 2011 no se ha efectuado un solo remate.
¿A qué se debe esta situación? Hay tres razones que lo explican. El primero es la falta de recursos: el trámite es engorroso y costoso para el Estado. El segundo es la existencia de un subterfugio que utilizan algunos titulares mediante una maniobra en la que utilizan al Conservador de Bienes Raíces. El tercero, la venta de derechos de agua antes del remate, lo que deja atado de manos al Estado.
“Para el remate de derechos, la DGA envía la nómina de patentes impagas a la Tesorería -se hace todos los años a mediados de mayo- y luego es tarea de la Tesorería iniciar el proceso de cobranzas. En caso que el titular del derecho no pague es la Tesorería la que debe iniciar un proceso de cobranza judicial que puede terminar con el remate y no la DGA”, plantea la Dirección General de Aguas.
Pero Tesorería no está cumpliendo con esta obligación.
Desde esa repartición argumentan limitaciones técnicas y presupuestarias que hacen complejo que se pueda cumplir este mandato. “La Tesorería General de la República, dentro de las posibilidades que le permite el presupuesto disponible en esta materia, efectúa acciones de cobro administrativo y judicial, las cuales han permitido que, durante los últimos tres años, de los montos totales que anualmente debieron ser pagados por concepto de patentes de aguas, sólo un 21% se mantiene actualmente moroso”, explica el jefe de la división Cobranza y Quiebras de Tesorería, Jaime Fuentes.
“La Tesorería, no obstante contar con un presupuesto limitado para efectuar publicaciones judiciales, realiza todos los esfuerzos de cobranza en forma previa al remate como política institucional, teniendo en cuenta los impactos que esto significa en los deudores morosos y los altos costos para el Estado. Y que en el caso particular del procedimiento de cobro de patentes de aguas, contempla la realización de costosas publicaciones (1 en diario oficial y hasta 3 en diarios comerciales, por cada juicio de cobro), además de avisos radiales, y otros gastos, lo cual hace sumamente complejo su avance”, agrega el personero.
Otro aspecto relevante es que los recursos no van a la Tesorería, sino que a fondos regionales y comunales, lo que hace aún más compleja la tarea, pues esta repartición debería, en teoría, efectuar una inversión que no le retribuye.
La ley estableció que los dineros recaudados por patentes, ya sea de pagos o de remates por no pago, se repartieran entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del gobierno regional respectivo (65%), los municipios en proporción a la superficie de las comunas que intersectan con la cuenca y la zona de inscripción respectiva (10%), y los fondos fiscales generales del gobierno central (25%), se explica en un artículo de la Cepal. “Las patentes por no uso son un impuesto relativamente nuevo en nuestro país. Los primeros juicios en que se cobraron patentes por no uso surgen del primer listado de derechos, que salió en 2007 y los primeros procesos por no pago se iniciaron en 2008. Es un proceso nuevo, y el sistema de cobranza está en pañales y requiere mayor conocimiento y mayor rodaje”, puntualiza Rodrigo Weisner, abogado socio de Puga y Ortiz y ex director general de aguas.
Maximizar su uso
Wesner dice que la idea original del remate de derechos de agua y del cobro de patentes no era el de generar recursos para el fisco, sino que incentivar la utilización al máximo posible de los derechos de agua solicitados en el país.
Su sucesor en la DGA y hoy profesor de Derecho de la U. Católica, Matías Desmadryl, agrega otro antecedente: en los últimos años se ha detectado un subterfugio que permite blindar a los titulares de eventuales remates, para evitar su ejecución.
Esto consiste es no inscribir ante el Conservador de Bienes Raíces el título otorgado por la DGA, lo que hace que, en la práctica, el derecho no esté constituido ante la ley y, por ende, el objeto a rematar no exista. “En materia de derechos no consuntivos se ha producido un acaparamiento y especulación, que en el caso de derechos que no se inscriben al CBR, hace que se cree un subterfugio que se ha utilizado para evitar el remate de los derechos”, señala Desmadryl.
Tesorería ratifica esta situación. Jaime Fuentes afirma que respecto de un número importante de derechos de aguas no se cuenta con los antecedentes de su inscripción de dominio, lo cual impide llevar estos procesos a etapa de remate, ya que se carece de uno de los elementos establecidos por la ley como esenciales para tener por constituido el título ejecutivo de cobro respectivo.
No es todo. Otra problemática que se ha detectado es que en la actualidad se pueden transferir derechos de aprovechamiento de aguas afecto al pago de patente con saldo moroso, sin que la legislación lo impida. Esto, a juicio de Fuentes, “entraba y encarece el avance de los procesos de cobro, al tener que efectuar actuaciones ya realizadas respecto del dueño original, como por ejemplo, la notificación de la demanda”.
Esto podría resolverse inscribiendo el 100% de los embargos de los derechos de agua con deuda de patentes impagas generadas en cada año, pero esto implica un costo de derechos del CBR y honorarios para los receptores judiciales superior a los $130 millones.
¿Qué ha pasado? Los derechos de agua que no son utilizados y cuyos titulares no pagan la patente por el no aprovechamiento, no están siendo rematados por falta de recursos por parte del Estado.
¿Por qué ha pasado? Además de que Tesorería (la entidad encargada de liquidar estos derechos) no cuenta con los recursos, se ha detectado algunos subterfugios que hacen aún más difícil el control de esta situación.
¿Qué consecuencias tiene? El fisco deja de percibir unos US$10 millones por año por patentes no pagadas, e incluso más si es que el derecho fuese rematado en un valor superior a la multa impaga. Estos recursos van en directo beneficio de las regiones, a través de los FNDR y de fondos municipales específicos.
El Estado otorga los derechos de agua de manera gratuita. No obstante, estos se comercializan entre privados.
Hasta 2006 no se obligaba al titular del derecho a invertir ni a utilizarlo.
“De los montos totales que debieron ser pagados por concepto de patentes, sólo el 21% se mantiene actualmente moroso”, JAIME FUENTES Jefe Cobranzas Tesorería
“Este es un proceso nuevo y el sistema de cobranzas está en pañales. Todavía requiere de mayor conocimiento y rodaje para operar correctamente”, RODRIGO WEISNER Socio de Puga y Ortiz
Tesorería acusa que para rematar debe poner tres avisos en diarios comerciales y además uno en radio.
Los recursos pagados por patentes van en el 65% al FNDR y 10% a los municipios donde se ubica la cuenca.
La idea original del remate no era recaudar recursos para el fisco, sino que favorecer el uso de los derechos.
EL COBRO DE PATENTES
65% de los recursos recaudados por pago de patentes y remates van a parar al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
US$53 millones recaudó el Fisco este año por concepto de pago de patentes correspondientes a 2012. Debió recaudarse US$63 millones.
67% fue el porcentaje de pago efectivo de las patentes cobradas en 2008. La cifra ha ido subiendo a cerca de 80% en 2012. Según estudio de la Cepal, los derechos consuntivos son los que presentan mayor tasa de mora.
El porcentaje de derechos de agua afectos al cobro de patente varía por zonas, pues depende del caudal determinado para cada región.