Por un nuevo modelo de gestión ambiental

Una de las consecuencias del enorme crecimiento económico de Chile de los últimos años ha sido el impacto ambiental. Los esfuerzos por conciliar crecimiento económico con la sustentabilidad ambiental han motivado importantes reformas a la institucionalidad ambiental, incluyendo la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. A pesar de los esfuerzos, no sólo persisten los problemas ambientales, sino además se han agudizado los conflictos sociales, especialmente relacionados con la instalación de megaproyectos de inversión y proyectos energéticos.

Por ello no cabe duda de que el próximo gobierno deberá avanzar en nuevas reformas a la institucionalidad medioambiental. La candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, y probable Presidenta, ya ha anunciado dos medidas importantes, estas son la creación de un Servicio de Área Protegidas y Biodiversidad y la renovación de los Planes de Descontaminación. Sin embargo, sin un giro sustancial en la lógica de la política y gestión medioambiental, será difícil revertir los agudos problemas de contaminación y atenuar los conflictos sociales que se prevén. La reforma al sistema pasa por entender la lógica del actual modelo de gestión ambiental.

Una de las orientaciones centrales en política ambiental en Chile, como en otros países, ha sido el concepto de “externalidades”. A través de esta idea los economistas han sido exitosos en instalar el marco conceptual de la “falla de mercado” como el problema central en la política y gestión ambientales. Aunque existen diferencias en cuanto al tipo más adecuado de instrumentos de gestión ambiental, todos repiten —desde políticos de izquierda a derecha, científicos y abogados, y hasta activistas ambientales— la consigna de “internalizar las externalidades”. En los hechos han aceptado la teoría de las externalidades como la perspectiva sine qua non para entender la problemática ambiental.

Sin embargo, la teoría de externalidades instala una perspectiva en la política ambiental que es profundamente ideológica, consistente con la lógica del Estado subsidiario y el modelo neoliberal impuesto en Chile. Esta visión es el problema de fondo en el modelo de gestión ambiental y lo que impide resolver los evidentes problemas que existen; un modelo, por lo demás, que evidencia similares problemas en otros ámbitos, como la educación, salud o pensiones.

El Estado debe actuar como un orientador, estableciendo acuerdos sociales de largo plazo sobre la ocupación y uso del territorio. Por cierto debe proteger las funciones y servicios ambientales esenciales, pero también reconocer que toda actividad humana genera impactos ambientales y explicitar los costos y beneficio que ello significa. El nuevo modelo de gestión debe entregar reglas de largo plazo de manera de dar garantías a la inversión privada, pero también debe generar instituciones que permitan incorporar las demandas y preocupaciones de la ciudadanía sobre su desarrollo local.

Entre los elementos centrales en la concepción de la política ambiental actual se encuentran: primero, que se asume que la naturaleza no tiene valor intrínseco, sino sólo valor de intercambio; segundo, que el problema de fondo es de eficiencia, no de gestión sustentable; y tercero, que no se reconoce que la decisión ambiental se encuentra en un espacio físico y social. Concepciones que claramente se repiten en otros ámbitos, como el modelo educacional.

Pero quizás el problema central es que el “objetivo ambiental” —cuánto debemos proteger el medio ambiente— se define a partir de la sumatoria de las preferencias individuales y circunstanciales de los agentes involucrados en un área determinada. Estos supuestos, que finalmente orientan la política pública, impiden optimizar la ocupación del espacio a partir de la vocación ambiental y cultural de un territorio.

En consecuencia, un nuevo modelo de gestión ambiental pasa por desechar el marco conceptual de las “externalidades” y avanzar hacia uno donde se reconocen “interdependencias” entre los individuos y su medio ambiente, así como el espacio económico, social y político que ocupan. En esencia, el nuevo modelo debe desechar la subsidiaridad como eje orientador de la política ambiental.

Un nuevo modelo de gestión ambiental debe tener como objetivo central no sólo la sustentabilidad, sino también la justicia ambiental, vale decir que los costos del desarrollo no caigan desproporcionadamente sobre las comunidades más vulnerables. Es indudable que el instrumento central debe ser el ordenamiento territorial. Este no sólo debe orientar los proyectos de inversión a partir de las vocaciones ambientales del territorio, y proteger a las comunidades vulnerables, sino sobre todo consensuar modelos de desarrollo local.

El Estado debe actuar como un orientador, estableciendo acuerdos sociales de largo plazo sobre la ocupación y uso del territorio. Por cierto, debe proteger las funciones y servicios ambientales esenciales, pero también reconocer que toda actividad humana genera impactos ambientales y explicitar los costos y beneficio que ello significa. El nuevo modelo de gestión debe entregar reglas de largo plazo de manera de dar garantías a la inversión privada, pero también debe generar instituciones que permitan incorporar las demandas y preocupaciones de la ciudadanía sobre su desarrollo local.

En suma, una nueva política ambiental requiere de más Estado: uno activo, democrático y prospectivo. Este Estado no sólo debe velar por la protección del medio ambiente, sino por las comunidades vulnerables y las legítimas iniciativas de inversión y desarrollo económico. El único instrumento de política ambiental que puede cumplir con estos objetivos es el ordenamiento territorial, de otra manera el medio ambiente continuará degradándose, los conflictos sociales persistirán y el crecimiento económico será inviable.