Dentro de los diversos aspectos abordados por el Informe Anual de DD.HH, elaborado por el Instituto Nacional de DD.HH y presentado esta mañana por su directora Lorena Fríes están los conflictos respecto del acceso y uso de las aguas, concebida en el marco normativo vigente como un commodity (mercancía), lo que a juicio de la institución, “ha tenido como consecuencia la concentración de derechos de agua en manos de particulares para diversos fines, lo que ha incidido a su vez en el alto precio de estos bienes en el mercado.

En este contexto la preocupación que vislumbra el INDH en el mediano plazo es que “este escenario de concentración del recurso, pueda generar situaciones de inequidad para usuarios tradicionales (campesinos, indígenas, pequeños parceleros) y grupos vulnerados que han sido excluidos del acceso a los recursos hídricos existentes en sus territorios o en acuíferos ribereños a estos espacios territoriales)”. Y si bien el régimen de aguas chileno cumple con la exigencia de accesibilidad de los sectores más vulnerables en zonas urbanas, “preocupa la situación de un amplio porcentaje de esta población que debe pagar altas tarifas por el servicio y en especial de los segmentos más pobres que no acceden a las políticas de subsidio alentadas por el Estado”.