Lucro de inmobiliarias y déficit de participación ciudadana marcan cuatro años de reconstrucción

Los expertos de diversas disciplinas concuerdan en que los cuatro años de reconstrucción por el terremoto y maremoto de 2010 están marcados por el déficit de participación ciudadana en las decisiones sobre viviendas y relocalización de la población afectada y también por el lucro de las empresas inmobiliarias. Académicos y organizaciones civiles estimaron que apenas 40% de los recursos fiscales de la reconstrucción beneficiaron efectivamente a los hogares afectados. Diario U.Chile 27 noviembre 2013.


“Déficit de participación ciudadana y lucro de las empresas inmobiliarias” es la evaluación general del proceso de reconstrucción entre las regiones Metropolitana y del Biobío, que se entregó este miércoles en el seminario sobre aprendizaje, críticas y propuestas para la reconstrucción, organizado por el observatorio de vivienda y políticas públicas Ciudadanía y Territorio (www.cyto.cl). Este es un organismo de sociedad civil financiado por la Unión Europea para promover la cohesión social en zonas afectadas por el terremoto.

Se ejemplificó con los casos de las caletas Tumbes (en Talcahuano) y Llico (en Arauco), la villa Futuro (en Chiguayante), la población Aurora de Chile (en Concepción), y el borde costero de Dichato, entre varios otros lugares, donde se erradicó a los vecinos hacia las periferias, “para liberar suelo urbano con mira a destinarlo a proyectos inmobiliarios de mayor rentabilidad privada”, según el sociólogo y director de Ciudadanía y Territorio, Rodrigo Sanzana.

En este sentido, el sociólogo explicó que “es casi imposible que la reconstrucción sea efectiva unilateralmente desde el estado hacia los damnificados, tienen que haber intermediarios que puedan madurar los procesos de comunicación. Tenemos los casos de Tumbes en que la gente vivía en el borde del mar y ahora vive en la punta del cerro, la gente de Llico que también vivía en la orilla del mar, paro ahora van a ser retirados hacia el fondo de la caleta. El caso de Villa Futuro es ejemplificador, era una población con 1.300 familias, que fue a terminar en las periferias de Concepción, por lo tanto, se ha visto esto como una oportunidad para desplazar a la gente y dejar esos paños para una rentabilidad mayor desde el punto de vista inmobiliario”.

Un caso crítico de tardanza en la reconstrucción es el de la caleta Llico, en la comuna de Arauco, donde 300 personas esperan 80 casas comprometidas por el Gobierno, las cuales fueron emplazadas en un sector retirado, sin alcantarillado ni desagües, y con pozos sépticos que no dan abasto, razón por la cual en ese lugar la reconstrucción tiene una baja calificación, según el vocero del comité de vivienda, Lautaro Pereira.

En esa línea, el vocero de la organización de vecinos indicó que “De 1 a 7, yo le pondría un 2,5 al proceso de reconstrucción en Chile. La planificación y más aún la disposición política organizativa del proceso de reconstrucción es un fiasco, por ejemplo, el 27 de febrero de este año se debieron entregar las viviendas en Llico y la primera semana de marzo la Municipalidad de Arauco ordena adquisición de obras en el sector, ya que la empresa no tenía los permisos correspondientes de edificación”.

Por su parte, el urbanista y doctor en arquitectura, Sergio Baeriswyl, dice que tarde o temprano las viviendas faltantes van a ser entregadas, pero un problema crucial para él es incorporar a la política pública el concepto de “resiliencia de las ciudades” (que el Urbanismo tomó prestado de la Biología), para que la institucionalidad haga más fácil que las urbes vuelvan a estar operativas después de un evento natural.

De esta manera, el urbanista detalló que “por ejemplo existen déficit en una norma de cálculo estructural para las viviendas en zonas vulnerables a los riesgos de tsunami. Hay un borrador elaborado pero no está promulgada. La ordenanza general de organismos de construcciones aún es muy débil en cuanto a las herramientas para mejorar los diseños de las áreas vulnerables ante eventos de maremoto. Hay una deficiencia en cuanto a una estrategia educativa”.

El especialista recuerda que más de 2 millones y medio de habitantes (21% de la población de Chile) viven en centros urbanos situados a menos de 10 kilómetros del mar, razón por la cual el país debería incorporar más barreras costeras y bosques de mitigación, porque, ya sea por terremotos o cambios climáticos, los riesgos naturales son inherentes a este territorio.

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