Proyectos mineros y eléctricos por US$ 37 mil millones están frenados por judicialización

Esta nueva dinámica ha impulsado una serie de planes tendientes a evitar que los tribunales se consoliden como una instancia adicional en la tramitación de las inversiones. El Mercurio, 02 de diciembre 2013.
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En 10 días, al menos dos proyectos mineros, por US$ 4.000 millones, fueron objeto de acciones en los tribunales de justicia.

Los Pumas, de Southern Hemisphere Mining (ver nota relacionada) y El Morro, de Goldcorp, se sumaron a otras 24 iniciativas mineras y eléctricas que fueron paralizadas por acciones judiciales que se han interpuesto. Ello, pese a que estos proyectos tienen aprobados sus permisos ambientales. Es el caso de Punta Alcalde, central a carbón por US$ 1.400 millones de Endesa de 740 MW de capacidad, que sufrió un revés judicial hace dos semanas en la Corte Suprema.

En total, hasta la semana pasada, eran prácticamente US$ 37 mil millones las inversiones que se habían visto frenadas por judicialización. De estas, más de US$ 17 mil millones corresponden a proyectos mineros.

El monto -calculado por “El Mercurio” sobre la base de informes de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) y la Sofofa, además de datos de las mismas empresas- se ha traducido en una presión de los gremios hacia el Ejecutivo para explorar caminos que ayuden a revertir o, al menos, frenar esta situación. Esto llevó a que el Presidente Piñera anunciara en la Cena del Consejo Minero hace dos semanas, una batería de iniciativas que enviará al Congreso para dar mayor certidumbre en la tramitación ambiental en temas relacionados con el uso de aguas y externalidades que genera el cierre de faenas, entre otras materias.

Pero, según muchos dirigentes y ejecutivos mineros, estas medidas llegaron tarde. “El Estado está evolucionando más lento que la institucionalidad”, dijo Nelson Pizarro, gerente general de Caserones y director del Consejo.

“Hoy la aprobación ambiental no sirve para nada, porque basta que alguien ponga un recurso y pare cualquier proyecto que ya fue aprobado”, dijo un dirigente gremial de Atacama, quien agregó que aunque la ley se alcance a aprobar durante este gobierno, “el daño ya está hecho”. Explicó que el marco regulatorio regirá desde la promulgación de las nuevas leyes en adelante, y no para atrás.

“Pero algo es algo”, manifestó un alto ejecutivo de una minera que tiene un proyecto paralizado por un tribunal, tras ser aprobado ambientalmente. Agregó que la ley fomenta una especie de chantaje hacia el inversionista: “Durante la tramitación se me acercaron abogados y representantes de comunidades que no participaron del proceso de consulta del proyecto y me ofrecieron no pararlo por la vía legal si les pagaba a ellos, de manera directa, un monto de dinero. Como no lo hicimos, después que fue aprobado pusieron los recursos y nos paralizaron, pese a haber cumplido con todo, y de haber pasado por un proceso de consulta exhaustivo y transparente”, lamentó.

Un avance que podría contribuir a reducir el abanico de acciones judiciales tendientes a paralizar inversiones, corresponde al reglamento que oficializa el establecimiento de la Consulta Indígena -de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT-, el que comenzaría a regir durante este mes.

Esto, dijo el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, “apunta a dar mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión, lo que constituye un avance importante (…) Esta materia, hasta el momento, se había prestado para confusión, porque no había una norma clara que la reglamentase”.

La precisión en la aplicación de este convenio cobra relevancia, considerando que la mayor parte de las paralizaciones de proyectos en Chile por la vía judicial se vincula con temas ambientales y conflictos con la comunidad, dos aspectos que buscarían “mejorar” las iniciativas de ley que se enviarían al Congreso. Entre estas figura una modificación del Código de Aguas, la Ley de Cierre de Faenas Mineras y nuevas atribuciones para el Sernageomin.

Iniciativas: El Gobierno enviará proyectos que buscan agilizar la ejecución de inversiones.

“Hoy los tribunales están fallando en temas técnicos que no les competen y que no conocen”

En proceso de revisión está hoy Alfonso Quintana junto con sus abogados.

Luego de más de dos años de tramitación y casi cuatro de preparación, el proyecto de manganeso Losa Pumas, que lidera desde su cargo de gerente general de Minera Hemisferio Sur, filial de la australiana Southern Hemisphere, está paralizado por una orden emitida desde la Corte de Apelaciones de Arica, que la semana pasada acogió un recurso de protección en contra de la calificación ambiental de la iniciativa, que contempla inversiones por US$ 100 millones en la zona.

“El problema es que después de aprobarnos los casi 100 permisos que tuvimos que pedir en el SEA, después de todo eso paralizaron el proyecto”.

-¿Les afecta mucho?

“Claro que nos complica. Es difícil para una empresa pequeña como nosotros tener un proyecto parado”.

-¿Cuánto han invertido ya en el proyecto?

“Hemos desembolsado cerca de US$ 15 millones hasta ahora”.

-Un monto menor en relación con la inversión total proyectada…

“Pero son US$ 15 millones que resultan importantes para nosotros. Hemos estado muy complicados financieramente hablando”.

Quintana, quien además fue tres veces director del Colegio de Ingenieros de Minas de Chile, explica que lo más difícil ha sido cumplir con el centenar de permisos que se desprende de una aprobación ambiental y que, tras todo ese proceso, se paralice el proyecto, el que, además, todavía no ha comenzado a construirse, y que hoy solo existe en el papel.

-¿Es muy difícil invertir en Chile?

“Para una empresa pequeña es muy difícil. Los tribunales están fallando en temas técnicos que no les competen y que no conocen, olvidándose de que hay una institucionalidad, de que hay profesionales que siguen las leyes y aprueban proyectos con criterios establecidos y en procesos claros y transparentes”.

-¿Han evaluado buscar el apoyo de gremios o autoridades para destrabar el proyecto?

“¿Para qué? Si ni el Presidente Piñera puede hacer algo, ¿qué van a hacer los gremios? No, lo único que queda es defendernos solos”.

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