Valentina Durán: “La judicialización se solucionará con políticas públicas claras que rayen cancha”

Valentina Durán Medina es la coordinadora del programa ambiental de Michelle Bachelet. En el último número de la revista Qué Pasa, la sobrina de la ex primera dama Luisa Durán, esposa de Ricardo Lagos, figura como una de las candidatas a asumir el Ministerio de Medio Ambiente.

El jueves recién pasado, la abogada fue la encargada de dar a conocer el programa ambiental de la candidata de la Nueva Mayoría en una actividad en la Fundación Chile 21.

A su juicio, los programas de Bachelet y Evelyn Matthei contienen “enormes diferencias” en esta materia, debido -dijo- a que el sector que apoya a la abanderada oficialista ve al  medio ambiente como un “lomo de toro” y una barrera a la inversión.

En su presentación, Durán le puso la lápida al proyecto HidroAysén, asegurando que es inviable y no contará con el apoyo de un eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet.

Se propone la alternativa de que la línea de transmisión para este proyecto sea completamente submarina. ¿Esto puede cambiar en algo la visión de Bachelet sobre esta obra?

-Este no fue un tema que hayamos visto en la comisión de medio ambiente porque fue una decisión previa (de rechazar la iniciativa), incluso antes que se iniciara la campaña y el trabajo programático. Fue una decisión previa y muy clara de Michelle Bachelet de decir que el proyecto HidroAysén es inviable. El pasado jueves, en su reunión con el candidato del partido Ecologista, Alfredo Sfeir, Michelle Bachelet reiteró su posición.

¿Inviable tal cual como está?, ¿y si hay cambios?

-No podría agregar más apellidos a lo que ella considera respecto a este proyecto en particular. Pero me parece que es evidente que el Sistema de Evaluación  Ambiental no tiene las condiciones para resolver proyectos estratégicos como esos. Por lo tanto, creo que en lo que todos coinciden y también desde las empresas (Endesa y Colbún) es que necesitamos reglas claras. Estas reglas claras deben ser tanto para los inversionistas como para la ciudadanía respecto a lo que queremos proteger. Es decir, a mí entender, se requiere un rayado de la cancha previo. Aquí entran a jugar: política energética, ordenamiento territorial y todo lo que hemos señalado. Allí están las respuestas, más allá de hablar de proyecto en proyecto.

Si la ex presidenta rechaza la construcción del proyecto HidroAysén, ¿por qué no hace lo mismo con la iniciativa que desarrolla Energía Austral, Río Cuervo? Ambos inundan prácticamente la misma cantidad de hectáreas.

-Aquí hay definiciones de política. El programa de gobierno no se estructura sobre la base a decir más o menos proyectos. Hay una definición respecto al caso de HidroAysén. Ella ya lo ha señalado y fue clara.

¿Pero no considera que existe una visión diferente respecto a un proyecto de similar impacto?

-No podría referirme a eso, porque no lo sé. No es algo que hayamos decidido y, como comisión, no definimos postura respecto a cada uno de los proyectos. La idea es tener una institucionalidad más ordenada, que cumpla con sus objetivos y políticas más claras. Eso es lo que hemos definido, más allá de pronunciarnos en particular sobre cada uno de los proyectos.

Cuando señala que la judicialización de los proyectos de inversión no se resuelve con limitar el rol de la justicia y tampoco con acelerar los trámites administrativos, sino con una política de Estado. ¿Qué cambios se debe hacer a la institucionalidad?

-A lo que me refiero es que cualquier persona que se sienta afectada por una medida que emana desde la autoridad puede acudir a un juez, y él siempre tendrá la facultad de revisar el acto administrativo. Por lo tanto, no es por la vía de revisar el acceso a la justicia que se solucionará la judicialización, sino que será a través de políticas públicas más claras que rayen la cancha.

¿Dentro del programa de la candidata Bachelet hay una reforma al Servicio de Evaluación  Ambiental?

-Claro, se requiere reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero primero lo que se debe llevar adelante es el ordenamiento territorial para ir acordando las vías en que se llevarán adelante los proyectos de inversión.

Eso estuvo planteado en su anterior mandato.

-No, no recuerdo que lo haya planteado, pero sí sé que el actual presidente lo dijo tras el caso de Barrancones, cuando habló incluso de semaforizar el territorio. El ordenamiento territorial es más profundo que eso. Aquí lo que se busca es saber como sociedad lo que queremos proteger y cuáles son los criterios para tener una convivencia armónica que considere las necesidades económicas, sociales y ambientales con participación de la ciudadanía. Los problemas complejos no tienen soluciones fáciles como establecer un semáforo.

SEMILLAS

¿Una eventual nueva ley de bioseguridad, como la que se ha planteado, podría poner más trabas al cultivo de transgénicos en Chile?

-La ley de bioseguridad tiene que ver con hacerse cargo de los efectos e impactos de la tecnología moderna entendida como el uso de genes de otras especies dentro de otras. ¿Qué se requiere? Se necesitan definiciones; ratificar el Protocolo de Cartagena y tomar decisiones en el fondo como país de qué es lo que queremos y como prevenimos los distintos riesgos y beneficios que pueda tener la biotecnología moderna.

¿Se podría prohibir el cultivo de especies para la exportación de semillas?

-Esto es algo que se tiene que discutir en el Congreso. Eso es lo que plantea el programa: definir una política de bioseguridad y llevarla al Congreso.

¿Cuando se habla que el Estado tendrá mayor potestad sobre los recursos naturales se considera un nuevo royalty a la minería?

-Lo que dice el programa es que se considera la posibilidad de establecer regalías para el Estado por el uso de los recursos naturales no renovables y estratégicos.

¿Un nuevo royalty?

-Cuando dice regalías… está claro, pero no estuve en esa parte del programa, así que no podría detallar esos aspectos.