Al Pie de las Reglas

El nuevo reglamento del SEIA aspira a elevar el estándar de la evaluación ambiental y reducir los plazos asociados a este proceso. Revista Induambiente, 31 de diciembre 2013.;


HidroAysén es un ejemplo claro de lo que tanto autoridades como también proponentes no desearían para el desarrollo de futuros proyectos de inversión. Con más de cinco años de tramitación, millones de dólares gastados en estudios adicionales y controvertidas campañas mediáticas -además de una fuerte oposición ciudadana-, esta iniciativa ha evidenciado diversas falencias que tiene la institucionalidad ambiental del país en materia de evaluación.

El titular presentó información insuficiente al iniciarse la tramitación?, ¿no se calcularon bien los impactos en el entorno? O bien, ¿la autoridad solicitó demasiadas aclaraciones luego de su ingreso al sistema?

Lo cierto es que este caso es el de numerosos proyectos que sufren largas demoras, obstáculos y reveses jurídicos antes de obtener sus respectivos permisos ambientales.

Sin embargo, hoy las reglas del juego han cambiado y para ello la autoridad tomó cartas en el asunto. En agosto pasado se publicó en el Diario Oficial el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual comenzó a regir a mediados de noviembre recién pasado. A través de esta modificación se pretendió no sólo actualizar los procedimientos para la evaluación de las iniciativas de inversión, sino además elevar el estándar aplicable a la evaluación de impacto ambiental y acortar los plazos reglamentarios asociados a dichas tramitaciones.

Más Temprano que Tarde

Ricardo Irarrázabal, Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), afirma que los objetivos principales del nuevo reglamento son "efectuar la evaluación ambiental en etapas tempranas, aclarar ciertos conceptos y definiciones, destacar el rol coordinador y de autoridad del SEA, y ampliar y. Mejorar los procesos de participación de la ciudadanía". De esta forma, ejemplifica la autoridad, el reglamento mejora sustancialmente la lista de contenidos técnicos y formales que se exigen respecto de los distintos Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).

Asimismo, se establece el deber del SEA de elaborar una Guía Trámite para cada PAS. "Por otra parte, se define con mayor claridad cuál es el rol de otros actores relevantes dentro del SE/A, tales como los órganos de la administración del Estado en la evaluación misma, o del titular del proyecto o actividad dentro del proceso de participación ciudadana", precisa Irarrázabal.

Una de las críticas que habitualmente se han formulado respecto del SEIA es que no se cumple con los plazos de evaluación establecidos. Es decir, 60 días ampliables a 90, para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), y 120 días prolongables a 180, para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Ello, sin considerar la posibilidad de suspender o extender dichos períodos, tanto por parte del titular como también del SEA.

Además, según señala el Director Ejecutivo, comúnmente ocurría que la información con que se contaba al principio del proceso no era suficiente para evaluar los aspectos más importantes del proyecto. "Por lo mismo, uno de los ejes principales del nuevo reglamento consiste en llevar la evaluación a las etapas tempranas. Para tal efecto, se precisan con mayor claridad los casos en que puede ponerse término anticipado a un proceso de evaluación, por falta de información relevante o esencial no susceptible de ser subsanada", afirma Irarrázabal.

Al respecto, Marie Claude Plumer, Gerente de Cumplimiento Ambiental de Arcadis Chile, y Pablo Durán, Consultor Senior de la Gerencia Medio Ambiente de la compañía, destacan la importancia de esta modificación. A juicio de los expertos, el otorgar facultades al SEA para dar por finalizado un proceso cuando se estime necesario "debiera tener como consecuencia EIA y DIA más fundamentados y detallados y, por lo tanto, derivar en un menor plazo de evaluación".

Por su parte, Hernán Durán, Gerente General de Gescam, estima que este cambio apunta a "evitar largas tramitaciones en que la información se obtenía mediante sucesivas adendas".

Calidad de Información

Para los consultores de Arcadis Chile, con el nuevo estatuto los titulares también se verán obligados a elevar el estándar de la información que provean, en cuanto no sólo a la cantidad, sino sobre todo a la calidad de la misma. "Estas disposiciones legales se complementan con una serie de exigencias del nuevo reglamento, que también permiten fundar la aseveración de que se elevará la calidad de los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental", señalan Marie Claude Plumer y Pablo Durán.

Los expertos añaden que un ejemplo de ello es el artículo 18 del reglamento, referido a los contenidos mínimos de los EIA. "Aquí se señala que la descripción de los proyectos, la línea de base, el área de influencia y los impactos deben estar detallada y justificadamente descritos", explican. A su juicio, otro paso trascendente es que las denominadas Guías Trámites deben ser "observadas" por el titular respectivo. Es decir, tienen que ser consideradas como obligatorias en sus respectivas materias al momento de elaborar una DIA o EIA.

"Estas Guías son reguladas por la Ley N° 19.300, art. 81, letra d) y tienen por objetivo uniformar criterios y exigencias técnicas, constituyendo instrumentos claves, no sólo para dar garantía de trato igualitario entre proyectos, sino que permiten dar mayor certeza respecto a los alcances y metodologías a aplicar para efecto de evaluar o preparar un EIA o DIA", sostienen Plumer y Durán.

Desde otra perspectiva, Hernán Durán complementa que, al reformarse la Ley 19.300 se dispuso que el SEA administre una línea de base común. "La concreción de esta innovación y todos los avances recientes en materia de acceso a la información activa, producto de la reforma, han elevado el piso mínimo de información de linea de base que los proponentes deben aportar", puntualiza.

Por su parte, la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, plantea que, mediante el nuevo cuerpo normativo, los proponentes tendrán claro desde un principio cuál es la información que se les solicitará. "En la medida que entregue toda la información requerida, la evaluación se centrará en lo ambientalmente relevante y no en preguntas innecesarias que dilaten el proceso", sostiene la secretaria de Estado. Y añade que, en la misma descripción del proyecto, se le solicitará al titular contenidos mucho más específicos para que la evaluación se concentre en la primera parte, "de modo de entregar desde el inicio del procedimiento la mayor certeza posible en cuanto al contenido del proyecto, como también de los impactos que tiene".

Menos Adendas

Otro ámbito en el que se establece un cambio sustantivo es el número de veces que la autoridad podrá solicitar información al titular del proyecto, en circunstancias de que hasta ahora muchos procesos tenían tres y hasta cuatro ronda de consultas al proponente.

Al respecto, Irarrázabal sostiene que en el caso de las DIA solamente se considerará la posibilidad de emitir un ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones) y un ICSARA Complementario. Estos, a su vez, dan lugar a la presentación de un Adenda y un Adenda Complementario.

En el caso de los EIA —agrega la autoridad— en principio también se establece la posibilidad de enviar un ICSARA y un ICSARA Complementario. "No obstante, se establece que de ser necesario yen casos debidamente justificados, se podrá solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimen pertinentes al Adenda complementario. Pero éstas sólo podrán referirse a los antecedentes presentados en la Adenda Complementaria respectiva", precisa el Director Ejecutivo.

Hernán Durán estima favorable la limitación del número de adendas, expresando que ello "también obliga a que los proponentes presenten proyectos más completos, ya que se limitan las oportunidades para completarlos durante la tramitación".

Convenio 169

Según explica Ricardo Irarrázabal, la razón principal que motivó la reelaboración del reglamento del SEIA fue la modificación de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por medio de la Ley 20.417. Esta última introdujo importantes modificaciones al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y otorgó nuevas facultades al SEA, tales como la de revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental o abrir procesos de participación ciudadana.

En ese sentido, el nuevo cuerpo normativo establece el deber del SEA de diseñar y desarrollar un proceso de consulta en caso de que un proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias indicados en la Ley 19.300 y en el nuevo reglamento (artículos 7, 8 y 9). Ello, en la medida que se afecte directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, en los contextos de "reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos" (art. 7), "localización y valor ambiental del territorio" (art. 8) y "valor paisajístico o turístico" (art.9).

El Director Ejecutivo explica que, específicamente, el artículo 85 recoge el estándar establecido en el Convenio 169 de la OIT en materia de derecho a consulta de las etnias originarias. Este punto precisa que la consulta debe llevarse a cabo de buena fe, contemplando mecanismos apropiados y según las características socioculturales propias de cada grupo; a través de sus instituciones representativas y con el fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.

"Todo lo anterior, a fin de que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación", afirma Irarrázabal.

No obstante, una opinión diametralmente distinta tiene en esta materia Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram. A su juicio, la Ley 20.417 y, derivado de ésta, el nuevo reglamento del SEIA, no aportó cambios significativos en términos de participación ciudadana. "Por lo tanto, las personas seguirán sintiendo que deben enfrentar megaproyectos sin el apoyo del Estado, como por ejemplo el caso de Expansión Andina 244, en que se les invita a ‘participar’ de un proceso donde no tiene ninguna importancia lo que opinen, si se define que el proyecto se debe aprobar igual", puntualiza Liberona.

En cuanto a la aplicación del Convenio 169, la personera de Terram plantea que "esto es peor, pues se señala un mecanismo de consulta que puede ser cuestionado a nivel internacional y, en ese sentido, parece muy riesgoso". Y añade: "Por ejemplo, en el artículo 92 del reglamento se estipula que deberá haber un nuevo proceso de participación ciudadana o consulta indígena cuando el proyecto tenga modificaciones sustantivas. Allí surgen dos problemas, ¿quién define qué son modificaciones sustantivas? Y si lo son, ¿no, se debería iniciar un nuevo proceso de calificación ambiental?".

Al Debe

Los expertos de Arcadis Chile y Fundación Terram coinciden en que el reglamento del SEIA aún presenta carencias, pero que éstas tienen su raíz en la ley y no en el cuerpo normativo en sí.

Al respecto, Flavia Liberona entrega su diagnóstico: "La Ley 19.300 presenta falencias importantes y, en ese sentido, difícilmente un reglamento podrá subsanar dichos problemas. Es probable que ahora se intenten acortar los plazos de tramitación de proyectos en el SE1A, pero esto podría resultar en un mal negocio, ya que después se terminará recurriendo a los Tribunales Ambientales o a la Superintendencia del Medio Ambiente".

La especialista agrega que, en particular, el reglamento tiene problemas serios como, por ejemplo, que no respeta la Convención de Washington. "En los artículos 127, 128 y129 se establecen las condiciones para la corta de especies declaradas Monumento Natural y que están amparadas por este convenio internacional, lo que está fuera de toda legalidad", sostiene.

Por su parte, Marie Claude Plumer y Pablo Durán también señalan que el nuevo estatuto posee falencias, como por ejemplo no dar claridad respecto a la forma de evaluar efectos sinérgicos. "El nuevo reglamento no cuenta con ninguna disposición que reglamente cómo se debe realizar dicha evaluación. Lo anterior, se releva aún más dado que el artículo 11 ter de la Ley N° 19.300 -incorporado por la reforma-, más bien regula los impactos acumulativos", señalan.

Otra insuficiencia mencionada por los profesionales de Arcadis Chile se refiere al capítulo de medidas de compensación, mitigación y reparación. A su juicio, esta sección continúa siendo exigua y con ajustes menores en relación con el estatuto anterior, "no obstante constituir un aspecto central en la evaluación ambiental".

Finalmente, Plumer y Durán advierten otras dos carencias relevantes del reglamento: debilidades en la regulación de fraccionamiento de proyectos y la necesidad de generar una discusión de fondo respecto a que si la causal de ingreso al SEIA debe estar asociada al listado de proyectos o, más bien, a la generación de impactos significativos.  
 
1997 Año en que entró en vigencia el reglamento anterior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
12 de agosto de 2013 se publicó el nuevo Reglamento del SEIA en el Diario Oficial, el cual comenzó a regir 90 días después.


 

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