Nueva institucionalidad ambiental “mucho ruido y pocas nueces”

Columna opinión de Fundación Terram publicada en portal Quinto Poder el 04 de enero 2014. Vea Blog AQUÍ.


Comienza un nuevo año y es el tiempo propicio para evaluar los sucesos que marcaron el acontecer ambiental registrado en los últimos doce meses en el país. Para muchos ya es sabido que el 2013 fue un año en que los temas ambientales cruzaron la agenda política y de inversiones Sin duda, el gran empresariado eléctrico y minero ejerció enorme presión sobre el gobierno y el país para lograr la aprobación de proyectos de inversión de su interés, mientras que el gobierno del presidente Sebastián Piñera se mostró como un fiel guardián de los intereses del gran empresariado chileno.

Según reporta el Balance Ambiental Terram 2013, titulado Puesta en marcha de la nueva Institucionalidad Ambiental, “Mucho Ruido y Pocas Nueces”, entre lo peor del año que recién acaba, destaca el actuar al margen de la ley ambiental – ya sea la antigua o la nueva- las reiteradas falencias de las industrias contaminantes como Bocamina II, Nueva Aldea, Codelco Ventanas, Pascua Lama, etc. que comenzaron a quedar en evidencias con la puesta en marcha, a comienzos de 2013, del Segundo Tribunal Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Oscuro panorama que deja de manifiesto que no se avanzó positivamente en materia ambiental, ya que el sector empresarial también ganó terreno en cuanto a nuevas normativas, entre ellas la Ley de Concesiones Eléctricas, el Reglamento del SEIA D.S. N°40 y el Decreto N° 20, Noma de PM10 que elimina la norma anual.

Si bien existieron avances como la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales y de la Superintendencia de Medio Ambiente, ya que por primera vez se pone el acento en la fiscalización. El funcionamiento de estas instancias es aún muy precario y tímido, aunque sin duda pueden representar un paso importante. Pero a todas luces aún falta mucho por hacer, por ello este 2014 se plantea lleno de desafíos, siendo el más importante el fortalecer la justicia ambiental, ello significa necesariamente un reconocimiento a que la actual legislación es comprobadamente injusta. Por ello entre los desafíos para el año que comienza están:

1. Fortalecer la institucionalidad ambiental, incorporando reformas que contengan criterios de justicia ambiental de acuerdo al Principio 10 de la Declaración de Rio.

2. Revisar la Ley de Tribunales Ambientales de tal forma que se garantice el acceso a estas cortes en igualdad de condiciones para todos los habitantes del país.

3. Establecer un programa priorizado de normas de calidad y emisión que permita avanzar en la gestión ambiental de país.

4. Producto de la situación ambiental y de contaminación que se registra en la Bahía de Quintero se debe establecer un congelamiento del parque industrial existente, y revisar la situación ambiental y sanitaria de cada una de las industrias presentes en la Bahía.

5. En materia de energía, el desafío para el futuro gobierno es incorporar a la sociedad civil y a los parlamentarios en la elaboración de la agenda de energía y en la discusión país que se desarrolle a partir de esto.

6. El nuevo gobierno debiera hacerse cargo de la contaminación provocada por termoeléctricas, para lo cual tendrá que impulsar cambios normativos orientados a regular la tecnología y el tipo de combustible que utilizan.

7. Se debe avanzar en la discusión legislativa que permita crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, públicas y privadas.

8. Avanzar en la implementación de los compromisos suscritos por Chile en materia de biodiversidad y conservación de la naturaleza, especialmente en lo que dice relación con la Convención de Biodiversidad y las Metas de Aichi, además de suscribir y ratificar el Protocolo de Cartagena y suscribir y ratificar el Protocolo de Nagoya, que emanan de ésta.

9. Un gran desafío para el próximo gobierno será que las propuestas de nueva Constitución Política de la República incorporen la nacionalización de recursos naturales, mayores garantías para los derechos ciudadanos, e incluya criterios de justicia ambiental y una protección activa de la naturaleza y el medio ambiente.

10. Respecto al fomento forestal, urge realizar una análisis de la aplicación del DL 701 e identificar los impactos sociales, ambientales y económicos que ha generado durante sus 40 años de aplicación, y en base a ello, diseñar una nueva propuesta orientada a beneficiar a pequeños y medianos propietarios, con énfasis en forestación con especies nativas, en concordancia con la Ley N° 20.283

11. Impulsar la elaboración de una ley de incendios que contemple medidas para la prevención y combate de estos siniestros, así como la aplicación de programas de educación a la población en general y sanciones para los delitos relacionados.

12. En el marco del nuevo gobierno, desechar definitivamente HidroAysén, dejando en claro que se trata de una propuesta insustentable e innecesaria. El mismo rechazo se debe otorgar al proyecto Pascua Lama.

13. Durante el 2014 es prioritario lograr que el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales (UPOV91) no sea aprobado, por el riesgo que representa para el patrimonio genético nacional.

14.- Chile no debe suscribir el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica (TPP), por el peligro que reviste para el país y la limitación que establece para los derechos ciudadanos en materias como salud, derechos digitales, acceso a la cultura, entre otros.

El equipo de Fundacion Terram decidió dedicar este Balance Ambiental 2013 a la recién fallecida Nicolasa Quintreman Calpán, de Ralco-Lepoy Alto Bio Bio, destacada dirigenta Mapuche-Pehuenche en reconocimiento a su incansable lucha por la dignidad de los pueblos originarios y la defensa de nuestros territorios. La lucha de Nicolasa sin duda fue un gran aporte al país y permitió visibilizar la problemática de los pueblos indígenas, así como problemáticas asociadas al agua y la generación eléctrica.

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