Proyecto sanciona a quienes arrojen basura en playas

Iniciativa castiga hasta con 15 días de trabajo social a los que provoquen daños en los balnearios. Además, incluye multas de hasta $ 450 mil por afectar áreas protegidas. La Tercera 12 enero 2014.
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Obsoletos van a quedar los panfletos, llamados de atención y propaganda de buen hábito para proteger el patrimonio de todos. Esto, después de que el Congreso despache el proyecto de ley que modifica el Código Penal y tipifica como falta el ensuciar o provocar daños en playas, riberas de ríos, lagos, parques nacionales y hasta caminos.

Multas de una a cuatro UTM ($ 163.740), incluso con posibilidad de ser sustituidas por trabajos comunitarios en la zona afectada por un plazo mínimo de 15 días, son parte de los artículos de la iniciativa, ingresada en marzo de 2012 por el senador Baldo Prokurica (RN) y que esta semana logró pasar a la sala del Senado para ser votada, en su primer trámite.

El documento argumenta la necesidad de sancionar la mala rutina individual que repercute y ocasiona un daño a la comunidad en general y a la sociedad, al vulnerar el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente limpio en un bien público que se encuentra bajo administración del Estado.

Según un estudio de la Universidad Católica del Norte, en la zona boreal del país se recolectan anualmente 60 toneladas de basura en playas y parques. El informe es aún más categórico cuando revela que “uno de cada cuatro chilenos reconoció botar basura en la playa (…) y que los chilenos están dispuestos a ser sancionados por botar desperdicios en las playas del país”.

Fue esta la motivación del parlamentario para incluir la limpieza en las playas por quienes cometan la falta. “Esto debe ser aplicable para toda persona que ensucie o contamine una playa de nuestro territorio nacional. No podemos seguir tolerando que las personas no respeten los espacios públicos, a los que todos tenemos derecho de disfrutar en un ambiente limpio”.

AREAS PROTEGIDAS

Casos como los de España y México inspiraron la creación del reglamento para el uso de las costas, que establece la potestad del cuidado de las playas a los municipios, los que, a través de una ordenanza, fijan sanciones de carácter pecuniario a quienes infrinjan la norma establecida en las playas públicas.

En la legislación federal mexicana, por ejemplo, se establecen sanciones en cuanto al mal uso de las playas y áreas protegidas, estableciendo de 10 a 500 veces el salario mínimo como multa.

Es por esto que una indicación de la senadora Soledad Alvear (DC) separa la normativa de playas y parques con el daño provocado a monumentos naturales y otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo protección oficial.

Para estos casos, la multa aumenta de $ 200 mil y hasta $ 450 mil. Esto, sin perjuicio de la acción de reparación del daño ambiental que corresponda en su caso.

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