Lo que arriesga Pascua Lama tras la resolución del Tribunal Ambiental contra la sanción de la SMA

Un aumento de la multa a más de US$300 millones y la revocación del permiso ambiental son los principales riesgos que tiene que enfrentar la iniciativa de la canadiense Barrick, según el abogado de las comunidades diaguitas de Huasco, Lorenzo Soto. La Tercera 06 marzo 2014.

El abogado de las comunidades diaguitas del Valle de Huasco, Lorenzo Soto, sostuvo que el nuevo proceso sancionatorio que deberá efectuar la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) sobre el proyecto Pascua Lama de la minera Barrick podría derivar en un alza de las multas a más de US$300 millones, una eventual revocación del permiso ambiental y un aplazamiento de la iniciativa de hasta un año.

El representante de las comunidades diaguitas del Valle de Huasco afirmó “se abre la instancia y la posibilidad de que el proyecto pueda tener mayores sanciones económicas, pero también la sanción mayor contemplada en la ley que es la revocación del permiso (ambiental). Además, sumado al hecho del tiempo
que va a tomar esto. Es decir, el proyecto obviamente que está en una situación compleja”.

Cabe recordar que el Tercer Tribunal Ambiental resolvió este lunes anular la sanción con que la SMA había multado al proyecto minero, y le ordenó rehacer totalmente la resolución sancionatoria, resolviendo los vicios e ilegalidades contenidos en el primer documento.

El Tribunal decidió rechazar el criterio utilizado por la SMA, que agrupó las 22 infracciones cometidas y reconocidas por la minera para fijar las sanciones. A través de un concurso infraccional, la entidad fiscalizadora tomó 19 de ellas y conformó solo dos incumplimientos, los que sumados a
las tres restantes dieron lugar a una multa total de unos $8.000 millones (US$14,2 millones).

En relación a la multa a la que podría estar expuesta la empresa en el nuevo proceso sancionatorio, Soto precisó “esto podría llegar fácilmente a los US$300 millones, si uno considera que las infracciones cometidas son de carácter grave o gravísimo y que ya están reconocidas al menos 22 infracciones, que si las desagregamos con mayor detalle superan las 34-35, según nuestros cálculos, y que además el tribunal (ambiental) estableció que hay otros que hechos ameritan
ser sancionados, como la eventual contaminación de la cuenca del Río Huasco)”

“Cada uno de esos hechos tiene que ser objeto de una sanción como se estableció y no agrupándolas como lo hizo la Superintendencia (…) y cada una puede tener una sanción de hasta US$10 millones. Es lo que dice la ley. Entonces, multiplicando la sanción puede estar en torno a los US$300 millones, o incluso más”.

REVOCACION RCA

En cuanto a una eventual revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), Soto aclaró que “existe la posibilidad real, porque el proceso se vuelve a instruir y contempla esas sanciones. Y además, nosotros en representación de las comunidades diaguitas lo vamos a solicitar”.

En ese sentido, el abogado aseveró “lo que nosotros pedimos siempre es que se constate el estado del muro cortafuego, que es el único cargo que no ha admitido la SMA. Es la obra civil más cara y más grande del sistema de aguas del proyecto, que es la que impide la contaminación, es como una represa que
impide que se contamine el río. Y eso, consideramos que no está debidamente definido”.

PLAZOS

Soto estimó que este nuevo escenario pone en una situación muy compleja al proyecto minero binacional Chileno-argentino, porque más allá de las mayores multas que podría enfrentar, existirá un nuevo retraso en el calendario de la iniciativa.

El proyecto ya se encuentra paralizado en el lado chileno por orden de la justicia, a lo que se sumó la decisión de la minera de suspender su construcción en ambos países, manteniendo sólo las obras que se requieren para la protección del medio ambiente y el cumplimiento regulatorio, en medio de sus esfuerzos para reducir costos.

“El proceso debiera durar desde seis meses a un año. Ahora eso, descontando el tiempo que tome terminar con el proceso judicial. Este puede finalizar ahora, si la SMA no recurre a la Corte Suprema”, dijo Soto.

De lo contrario, si la Superintendencia decide apelar ante la Corte Suprema el retraso se extendería aún más. Tras la resolución del Tribunal Ambiental, la SMA afirmó que “está analizando el fallo para determinar las acciones a seguir, según lo establecido por la ley, y evaluar posibles acciones legales”.

Frente a esto, Soto señala que “esperamos que no lo haga, porque nos parece que cuando hay una decision adversa, pero que es razonada y justa, uno se puede conformar. Y de hecho, ese el llamado que hacemos a la SMA. Pero si ellos quieren insistir en su decisión original, vamos a tener una participación activa para defender la sentencia del tribunal ambiental ante la Corte Suprema”.