HidroAysén: Ex ministra de Medio Ambiente acusa «maniobra dilatoria» al Comité de Ministros

María Ignacia Benítez niega que el gobierno anterior haya cometido vicios de ilegalidad en el procedimiento de resolución de las 35 reclamaciones al proyecto y advierte que el plazo de 60 días que se puso la nueva autoridad para resolverlas "es irreal". La Segunda 20 marzo 2014.


Como una “maniobra dilatoria” que buscaría rechazar definitivamente el proyecto HidroAysén, calificó la ex ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, la decisión del Comité de Ministros del nuevo gobierno, que ayer llevó a fojas cero el procedimiento de reclamación en que se encuentra, el que a su vez había sido dilatado por dos años y medio por el gobierno de Sebastián Piñera.

En entrevista con La Segunda, la ex ministra Benítez afirmó que en ningún momento ha estado en riesgo la institucionalidad ambiental y que la actuación del anterior gobierno anterior y su Comité de Ministros “se adecuó rigurosamente al marco legal vigente”. Descartó de plano que la resolución de este Comité—adoptada el 30 de enero pasado— tenga “vicios de ilegalidad”, como lo sentenció ayer el ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier.

En compañía del ex subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, y del ex director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ricardo Irarrázabal, quienes participaron en el procedimiento, la ex ministra Benítez lamentó que el nuevo gobierno “ponga en duda nuestro trabajo realizado de manera eficiente, meticulosa y completamente ajustado a la ley”.

Junto con lo anterior, y basada en su propia experiencia, Benítez estimó que el plazo de 60 días que anunció el nuevo Comité de Ministros, primero para invalidar administrativamente el procedimiento del Comité anterior y luego para revisar y resolver las 35 reclamaciones interpuestas por HidroAysén y por representantes de las comunidades, “es irreal, porque quienes conocemos los reglamentos sabemos que cada uno de los pasos que se deben dar suman más que eso”.

De hecho, la ex ministra advirtió que durante el proceso de invalidación, “las partes serán llamadas a pronunciarse al respecto y si no están conformes pueden reclamar ante los tribunales ambientales, lo cual sin duda alargaría el proceso”. Agrega que el plazo para invalidar procedimientos puede ser hasta seis meses.

Con este mismo argumento, Benítez justificó el plazo de dos años y medio que se tomó el gobierno anterior para estudiar y resolver las reclamaciones, debido a la complejidad de las mismas y a la magnitud del trabajo que debieron realizar. Afirmó que la nueva ley ambiental que rige desde 2010 obliga a estudiar todas las reclamaciones, con el mismo estándar de rigurosidad, sean éstas presentadas por los titulares o por cualquier persona que represente a las comunidades.

—¿Incurrieron ustedes en alguna ilegalidad en el trabajo que realizaron?

—No, en absoluto. Siempre actuamos apegados a las normas y a las leyes y por eso mismo quizás tuvimos que darnos más tiempo para resolver.

—Uno de puntos que critican las nuevas autoridades es que las reclamaciones no se resolvieron en forma conjunta e integral.

— La ley no dice, en ninguna parte, que las reclamaciones no se puedan separar, para ser analizadas y contestadas en forma separada. Nosotros resolvimos todas las que estaban pendientes y dejamos otras que debieran ser resueltas con los nuevos estudios que propusimos. E hicimos esto, precisamente, para descartar incongruencias y cualquier indicio de que en el futuro ponga en duda la viabilidad del proyecto. Desde luego, este tema puede ser debatido, pero estamos plenamente conscientes de que actuamos conforme a la norma y descartamos de plano que aquí haya vicios de ilegalidad.

Cada una de las reclamaciones fueron estudiadas y resueltas en su integridad y las que quedaron sin resolver habría que contrastarlas con los futuros estudios.

—Las nuevas autoridades han señalado también que no debieron haberse encargado nuevos estudios, a estas alturas del proceso de aprobación en que se encuentra HidroAysén.

— La verdad es que la ley permite al Comité de Ministros poner nuevas condiciones o nuevas exigencias a cualquier proyecto que haya sido reclamado ente éste mismo. Además, la ley establece que para mejor resolver, el Comité de Ministros puede solicitar estudios adicionales. Por lo tanto, nuestra solicitud para hacer nuevos estudios es completamente pertinente.

En este aspecto, el fallo de la Corte Suprema emitido en enero pasado, por el caso de la termoeléctrica de Punta Alcalde, sentó jurisprudencia al señalar que el Comité de Ministros sí se puede establecer nuevas condiciones o exigencias a los proyectos.

—¿Cuál es su opinión entonces por la medida adoptada ayer por el Comité de Ministros, de desechar el trabajo realizado por ustedes?

— Es una decisión lamentable, porque nos estarían diciendo que todo nuestro trabajo fue en vano y que prácticamente no vale nada. Espero estar equivocada y quiero anticiparme que esta es una decisión para mejor resolver por parte de las nuevas autoridades y que al final valoren lo que hicimos porque, en verdad, fue un trabajo arduo, muy profesional y apegado al derecho.

No queremos suponer que esta medida sea una excusa para buscar el rechazo definitivo de HidroAysén. Más allá de que en lo personal guste o no guste éste o cualquier otro proyecto, el deber de la autoridad es respetar la institucionalidad y permitir que los actores involucrados ejerzan su legítimo derecho a presentar sus propuestas.
“Me gustaría que se hiciera (…) con línea submarina”

—Y usted, en lo personal ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que se haga HidroAysén?

— Estoy de acuerdo, me gustaría que se hiciera porque nos permitiría aprovechar nuestros recursos naturales para producir energía limpia. Eso sí, me gustaría que la línea de transmisión sea submarina. Tengo la plena convicción de que este proyecto es bueno para el país y si cumple con todas las exigencias medioambientales y con todos los procedimientos que dispone la ley, no debiera ser rechazado.
“Si dicen que es inviable en alguna medida se están inhabilitando”

—Las nuevas autoridades han dicho que el proyecto es inviable en las actuales condiciones.

— Creo que cuando las nuevas autoridades dicen que el proyecto, tal como está, es inviable, en alguna medida se están inhabilitando para participar en las decisiones, porque tal declaración revela un juicio a priori, lo cual le resta legitimidad a lo que puedan resolver más adelante.

Creo que ese juicio anticipado de quienes deben tomar decisiones como autoridad, es un atentado a la institucionalidad que nos rige. Es como saltarse los procedimientos institucionales. Los miembros del Comité de Ministros no deben opinar cuando los proyectos están siendo reclamados.

Recuadro :  «No queremos suponer que esta medida sea una excusa para buscar el rechazo definitivo de HidroAysén”.


Publicado en: Resumen de prensa

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