Las tres claves de la propuesta de Reforma Tributaria de Bachelet

Grávemenes a las plantas termoeléctricas en le centro de la discusión. Experto advierte que gradualidad de las medidas anunciadas es clave para entender que no se verán afectadas las inversiones ni su financiamiento. Diario Concepción 06 abril 2014.


Finalmente, la Presidenta Michelle Bachelet firmó la reforma tributaria, una de las tres iniciativas más importantes de su programa de gobierno. El proyecto de ley enviado al Congreso busca recaudar US$8.200 millones bajo la premisa de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes, de modo de revertir el déficit fiscal.

Además, busca mejorar la distribución del ingreso, a través de una mayor equidad tributaria; incentivar el ahorro y la inversión, y disminuir la elusión y la evasión tributaria.

La idea incluye cambios en el sistema tributario de las empresas y de las personas, además de una serie de medidas como los llamados impuestos verdes e impuestos directos.

En este último caso, la medida propone elevar el impuesto de timbres y estampillas, que grava los créditos hipotecarios, de 0,4% a 0,8%; y aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas y a las analcohólicas con azúcar.

También se propone fortalecer las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la Repúbica y de Aduanas con el objeto de reducir la evasión y la elusión tributaria.

¿Cómo se verán impactadas las personas?

Se debe entender, sostuvo el economista Víctor Hernández, que el principio básico de la reforma, es recaudar recursos, los cuales serán destinados a inversiones que afectan positivamente a las personas, en áreas como salud y educación.

“El uso de los recursos por parte de las autoridades será clave. La idea es financiar políticas públicas vinculadas con la parte social. Ahí está el beneficio que recibirán las personas, en especial, los que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población”.

Gratuidad total en la educación y salud, son grandes aspiraciones, destacó Hernández, y es un beneficio palpable para las personas, sobre todo de los quintiles más bajos.

Reducción del 5%

La iniciativa busca reducir de 40% a 35% el impuesto a la renta que pagan las personas que se ubican en el mayor tramo imponible, reducción que no se hará extensiva para la Presidenta, los ministros, subsecretarios y parlamentarios.

Hernández recordó que esto, particularmente, será para aquellos de más altos ingresos.

La pregunta que cabe, sostuvo, por qué no al resto.

“De alguna manera esto está vinculado con el impuesto que se le va a aplicar a las empresas al pasar de un 20 a un 25%, lo que junto a la eliminación del FUT, significa que los empresarios van a tener que tributar directamente, retiren o no utilidades”.

Lo que ocurre que al retirar utilidades, esos dineros llega a los accionistas o propietarios de las empresas, esto le afecta a ellos desde el punto de vista del global complementario, porque una cosa es lo que pagan las empresas y otra lo que pagan las personas.

“Desde el punto de vista de las empresas, éstas pagarán el 25%, pero al retirar las utilidades, los afectará no como empresas sino como personas. En consecuencia, estarían recibiendo un impacto mayor, porque la autoridad propone subir del 20 al 25%, obligar a declarar todas las utilidades, afectando además el global complementario. Entonces para compensar este mayor gravamen, se decide bajar del 40 al 45%”.

Impuestos verdes: el que contamina paga

La propuesta de Reforma Tributaria incluye una serie de impuestos que buscan proteger el medio ambiente, como, por ejemplo, tributos que graven las emisiones de fuentes fijas y móviles.

En concreto, se han anunciado impuestos adicionales a las emisiones de fuentes fijas grandes (centrales termoeléctricas de más de 50 MW) y para la importación de vehículos diésel.

Ambas fuentes cuentan con recientes y exigentes normas de emisión. Por ello, analistas han sostenido que el ideal es que se impongan tributos asociados al daño que provocan más que a la tecnología que utilizan.

Desde muchos sectores se ha aplaudido esta medida, en el entendido que Chile carece de este tipo de gravámenes.

Un ejemplo es el impuesto a los combustibles. Si bien este impuesto encarece el uso de los vehículos, lo hace ambientalmente en forma equivocada, pues un vehículo bencinero paga cuatro veces más en impuesto específico que un vehículo a diésel. Pero son precisamente los vehículos petroleros los que emiten más material particulado, el contaminante que tiene saturadas a numerosas ciudades del país, como Santiago y Temuco y en latencia, como Concepción.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, celebró estas medidas, primero, por ser una potente señal política de la importancia de la componente ambiental.

“La discusión debe estar centrada en los valores propuestos. Entendemos que lo relacionado al CO2 es bajo”, sostuvo, recordando que Chile tiene un compromiso internacional de reducir gases de efecto invernadero.

Liberona dijo que esto hay que verlo como un instrumento de gestión ambiental más, que se suma a las normas y planes.

Por su parte, el director del Centro Eula, Claudio Valdovinos, celebró el hecho de que esta reforma no sólo tenga un impacto positivo desde el punto de vista de la recaudación, sino también en el medio ambiente, porque impulsará el uso de tecnologías más limpias, en especial, en las fuentes emisoras más grandes.

Vehículos diésel

Consultado el jefe de carrera del Área Mecánica de Inacap, Jorge Ochipinti, sobre el impuesto a la importación de vehículos diésel, éste justificó la medida, toda vez que se entiende que es una tecnología más contaminante y de uso cada vez más masivo. “Creo que esta medida impulsará a que se comiencen a importar y a usar tecnologías más limpias, como los autos híbridos o que utilizan gas”.

Fuentes fijas

La semana pasada, las empresas generadoras cuestionaron el alza de impuestos a las plantas termoeléctricas.

“Lo que quiero señalar es que el C02 es una parte de la vida de distintas acciones que hace cada uno, no es una externalidad negativa que tiene solamente las centrales a carbón. Ni tampoco de las centrales a carbón superiores a 50 Mw. Todas las centrales ya sea chicas o grandes emiten CO2. Si uno piensa de alguna manera penalizar la emisión C02, debiera ser algo que fuera completamente abierto a todos los sectores”, enfatizó el CEO de GDF Suez, Juan Clavería.

“Tenemos una norma de emisión bastante exigente, que se está empezando a aplicar y comparable a países de la Unión Europea”, aseguró el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón.

Consultado el ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción, Claudio Roa, sostuvo que es una situación complicada, pensando, en especial, en las plantas termoeléctricas.

“El año 2010, el Ministerio del Medio Ambiente sacó un decreto el que limitaba la emisión de contaminación en base a concentración, no en base a tonelaje emitido, tras lo cual se realizó un cronograma de cumplimiento hacia el 2015”.

Roa recordó que para cumplir con esta nueva normativa, las empresas debieron realizar fuertes inversiones, por lo que “me complica entender por qué se tiene que gravar a un área de la producción, si el Estado ya decidió una forma de hacerlo”, puntualizó.

El académico sí sostuvo que el gravamen debiera regir para otro tipo de industrias que usan combustibles como el diésel o el fuel oil, ya que no están normadas.

Empresas y la gradualidad de las medidas propuestas

Para las empresas, el proyecto propone aumentar de 20% a 25% el impuesto de primera categoría y eliminar gradualmente el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).

Además, se restringirá el crédito especial del IVA a las constructoras, el que ahora sólo regirá para las viviendas de hasta US$2.000 Unidades de Fomento. Y, s e elimina el Decreto Ley 600, que es un contrato mediante el cual se fijan condiciones para las inversiones extranjeras en el país.

Para las pymes, se establecen una serie de medidas para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas entre las cuales destaca un mecanismo de depreciación instantánea , que permitirá que las firmas descuenten de sus impuestos las inversiones que realicen dentro del primer año, lo que podrá ser imputado tanto a la empresa como a los socios de ésta.

También se propone ampliar el sistema simplificado bajo el cual tributan las pymes. Hoy acceden empresas individuales que pagan IVA y tengan ventas menores a 5.000 UTM. Ahora el beneficio se extendería a empresas con ventas anuales menores a 14.500 UTM.

En tanto, las grandes empresas que realicen compras a plazo a sus proveedores, serán ahora responsables de pagar una proporción del IVA de dichas operaciones.

Así lo explicó el economista de la Universidad de Concepción, Víctor Hernández, quien puso el acento en la gradualidad contemplada en la aplicación de estas medidas.

“Se pretende recaudar US$8.200 millones, lo que equivale a un 3% del PIB, pero gradualmente. De esta forma, hacia el 2014, se pretende recaudar lo equivalente a un 0,29% del PIB, y el 2015, un 0,82%, es decir, en menos de dos años, no alcanza a recaudar el 1% del PIB, y recién hacia el 2018 , se llegará a un 3,1%”.

Por lo anterior, Hernández dijo que hay que ser cauteloso, en clara referencia a las voces de alerta que apuntan a que se afectará la inversión. “No es así”, puntualizó el académico.

Sobre la eliminación del FUT, Hernández dijo que hay que entenderlo en el contexto.

“Esto partió en 1980, cuando el sector bancario estuvo al borde de la quiebra, rompiéndose la cadena de colocaciones y créditos a las empresas, por lo tanto, se vio afectado el financiamiento de las inversiones. Fue cuando se permitió que las empresas utilizaran sus utilidades para reinvertirlas a un costo cero, por lo que claramente era un muy buen negocio para las empresas”.

El problema, sostuvo, es que varias empresas utilizaron las utilidades en instrumentos de carácter financiero, por lo tanto, comenzaron a ganar intereses. Pero lo grave de esto, advirtió, es que el Estado deja de percibir impuestos.

“Más menos, las utilidadees retenidas por más de treinta años han acumulado cercano a los 250 mil millones de dólares, o sea, un PIB”.

El economista explicó que si se aplica la tasa de impuestos a estas empresas, quiere decir que el Estado ha dejado de percibir el 20%, lo que equivaldría a US$50 mil millones.

“Este es el gran temor”, enfatizó, insistiendo que esto es gradual y recordando que hoy no existen problemas de financiamiento.

1 Comment

  1. Andrés Forno dice:

    La forma mas sencilla de desincentivar el daño por emisiones de CO2 es un impuesto al consumo de carbono fósil que se aplique a la primera facturación que hagan los importadores o productores de TODOS los combustibles fósiles. Este impuesto debe aumentar progresivamente y debe ser compensado con una reducción del IVA para evitar su efecto negativo en la economía. El IVA también es un impuesto al consumo, pero tiene la desventaja de no hacer distinción entre los consumos de las personas que causan daño al bien común y aquellos que no causan daño.