Los desafíos que debe enfrentar el nuevo ministro de Agricultura

Análisis de las tareas pendientes y de las demandas insatisfechas del sector. Lignum 03 abril 2014.


Una nutrida agenda legislativa, implementación de cambios institucionales, tender puentes de diálogo con los distintos sectores gremios agropecuarios y avanzar hacia el mejoramiento de la eficiencia y la competitividad del sector son los principales desafíos que tiene por delante el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Furche.

La larga lista de tareas es evidente, y en el Ministerio ya están trabajando para abordarlos, lo que queda de manifiesto en las numerosas reuniones y visitas a terreno que ha sostenido el secretario de Estado, desde que asumió, el pasado 11 de marzo.

Agenda legislativa

En materia legislativa, el Gobierno ya retiró del Parlamento el proyecto de ley de obtentores vegetales, mal llamada Ley Monsanto, debido a las fuertes presiones de grupos ciudadanos y ambientalistas, así como de parlamentarios oficialistas.

La iniciativa, si bien había sido presentada en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, perdió el apoyo parlamentario con el paso de los años. Y si bien en la administración Piñera se le dio urgencia, en enero pasado éste se la quitó ante la falta de votos.

Es importante, sin embargo, que el Ministerio presente un nuevo proyecto que permita actualizar la actual legislación, para proteger efectivamente la propiedad intelectual en la producción de semillas, y dar cumplimiento a los acuerdos internacionales firmados por Chile. En ese sentido, Furche deberá compatibilizar la necesidad de contar con una ley moderna sobre este tema y acoger los planteamientos de sus detractores, quienes vinculan el texto con el uso de transgénicos, pese a que se trata de temas distintos.

Pero sin duda, el proyecto de ley estrella del sector es el que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales, que fue enviado por la administración Piñera y respecto del cual existe consenso político en cuanto a su importancia, ya que los nuevos desafíos de Chile en materia alimentaria exigen contar con una institucionalidad moderna, enfocado en la administración eficiente de los recursos y particularmente, en la calidad e inocuidad de los alimentos.

Un área que genera dudas, sin embargo, es el del fomento forestal, ya que si bien existe un proyecto de ley que envió el gobierno anterior al Parlamento, hoy no existe certeza de que contará con los votos oficialistas que constituyen mayoría en ambas cámaras.

Según el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, se prorrogarán por dos años más los incentivos a la forestación, lo que constituye una nueva prórroga para un decreto que data de 1974 y que requiere una urgente modificación, tendiente a focalizar el apoyo estatal en los pequeños y medianos productores, y no en la gran empresa como ocurre actualmente.

Existe la duda respecto del sentido de esta prórroga, entonces, puesto que podría significar que con ello se busca ganar tiempo para elaborar un nuevo proyecto de ley, o bien para realizarle las indicaciones respectivas al proyecto en trámite, de manera de acoger los requerimientos de los parlamentarios oficialistas que han manifestado su rechazo a éste.

Lo cierto es que buena parte de las críticas hacia el proyecto, tal como ha ocurrido con el de obtentores vegetales, tienen más bien una raíz ideológica y no se ajustan a una argumentación fundada.

Finalmente, el proyecto de ley que establece el Estatuto Laboral Agrícola y que fue ingresado al Parlamento por la administración Piñera también tiene sus días contados, puesto que en el programa de gobierno de Bachelet se señala claramente que el Ejecutivo enviará un nuevo cuerpo legal al Legislativo, que contenga el Estatuto del Temporero y la Actividad Agrícola de Temporada.

Pese a que ambos están orientados a aumentar la protección de los trabajadores agrícolas, se prevé que en el nuevo documento no se considerará la flexibilidad laboral como un elemento clave, lo que podría tener efectos en el sector empresarial, presionando las remuneraciones al alza y probablemente, limitando la generación de nuevos empleos.

Esta situación es particularmente sensible en la Provincia de Ñuble, puesto que según el INE, cerca del 20% de los trabajadores se desempeña en el sector silvoagropecuario.

Transparencia de mercados

Otro aspecto importante consiste en seguir avanzando en materia de transparencia de mercados, ya que hoy la asimetría en algunos sectores castiga los precios en perjuicio de los pequeños productores, que están altamente atomizados y a merced de las decisiones de grandes poderes compradores, que en algunos casos constituyen un oligopolio, como en los mercados del trigo y de la uva vinífera.

En ese sentido, los agricultores esperan una acción más efectiva de Cotrisa, empresa estatal que reactivó su operación en los últimos tres años saliendo al mercado a comprar granos, con el objetivo de frenar la especulación por parte de los grandes compradores. Se espera que ahora Cotrisa tenga un rol más determinante, comprando mayor cantidad de granos y no sólo a los beneficiarios de Indap.

En el mundo agrícola también existe la esperanza de que los órganos fiscalizadores de la libre competencia, como la Fiscalía Nacional Económica, tengan más atribuciones para actuar en situaciones de vulneración de la libre competencia, y han manifestado la necesidad de que se instaure una Fiscalía Nacional Agrícola, de manera que tenga una preocupación exclusiva por las imperfecciones de los mercados agropecuarios.

En materia de competencia desleal, que se observa por parte de países que son socios comerciales de Chile, también existe una tarea pendiente, y cuyos efectos negativos se han observado en casos como la importación de maíz partido desde Argentina, así como de trigo y de carne de vacuno desde países del Mercosur.

Si bien la institucionalidad ha actuado en casos recientes denunciados por los afectados y sancionados por la autoridad, se le ha criticado su lentitud, principalmente a la Comisión Antidistorsiones de Precios.

El gobierno anterior realizó algunas modificaciones al funcionamiento de dicho organismo, sin embargo, aún están pendientes reformas mayores a la Comisión y que requieren de un proyecto de ley.

Compepitividad

La gran deuda de todos los gobiernos con el agro sigue siendo la falta de competitividad de algunos sectores, pues mientras los exportadores frutícolas gozan de ventajas competitivas que les han permitido ingresar con éxito a distintos mercados externos, hay otros sectores que deben lidiar con la incertidumbre generada por las fuertes fluctuaciones de precios, el clima, el alto costo de la energía, el aumento de las remuneraciones, la escasez de mano de obra, los problemas de eficiencia en el riego y la disponibilidad de agua, así como la variabilidad del tipo de cambio.

Aunque muchos de estos temas no son resorte exclusivo del Ministerio de Agricultura, las consecuencias de ellos son percibidos con mayor fuerza por los agricultores y ganaderos.

En ese sentido, será clave la capacidad del nuevo ministro de articular soluciones en conjunto con otros ministerios para seguir avanzando en soluciones de mediano y largo plazo, que eviten que continúe deteriorándose la actividad agrícola, cuyas principales consecuencias se pueden observar en la reducción de las hectáreas sembradas y la paulatina migración campo-ciudad, en contraste con el fuerte avance de las plantaciones forestales.

Disponibilidad de agua

Si bien durante el gobierno anterior se lograron importantes avances en materia de riego, como la modificación de la ley de fomento al riego, que permite cofinanciar proyectos de mayor envergadura, la escasez de agua sigue siendo uno de los principales problemas en las regiones del centro.

El gobierno de Bachelet ha comprometido la designación de un delegado presidencial para abordar este tema urgente, lo que podría contribuir a la implementación de soluciones más rápidas y efectivas, sin embargo, el papel del Ministerio será clave como articulador.

Al respecto, Furche sostuvo el 20 de marzo que se revisará el marco normativo para garantizar el recurso hídrico a las necesidades de todos.

En su primera actividad en terreno, Furche fue enfático al señalar que se está viviendo una situación muy delicada, tras años consecutivos de sequía, “por lo tanto, debemos adaptarnos a un cuadro de menor abundancia de agua. Debemos ser conscientes de cuidar el líquido vital, asimismo, necesitamos hacer las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia en su uso”, indicó.

En este sentido, anunció que se implementarán inversiones de pequeña, mediana y gran envergadura, y enfatizó que es necesario mejorar el marco regulatorio y el sistema de propiedad de recursos hídricos, “ya que debemos garantizar que el uso diverso que se da al recurso hídrico, tanto en la agricultura, minería, energía y consumo humano, satisfaga las necesidades de todos”, dijo.

Es por eso que el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet contempla el nombramiento de una figura interministerial que trabaje directamente con las carteras de Interior, Obras Públicas, Energía y Agricultura, “con el objetivo de abordar integralmente el problema, ya que la falta del recurso hídrico es un problema ahora y lo será en el futuro, por eso debemos ser más eficientes en su uso, invertir, generar medios que permitan recolectar de mejor forma el agua y esa es una tarea en la que el Gobierno se abocará”, señaló la autoridad.

Estilo de gestión

Una de las principales críticas que recibió el ex ministro Luis Mayol fue su estilo de gestión, que los agricultores calificaron como de puertas cerradas.

En ese sentido, Furche ha señalado que él tendrá un estilo abierto al diálogo, por lo que se espera que las demandas del sector sean acogidas.

El ministro dijo el pasado 17 de marzo que la Secretaría de Estado “siempre privilegiará el diálogo, con la posibilidad cierta de conversar los temas, de buscar puntos de acuerdo, y tratar de ir resolviendo los problemas que dificultan la plena expresión productiva de este sector, vital para el desarrollo de Chile, tanto por el empleo que recoge, como además, por ser la principal actividad productiva que articula trabajo en la mayor parte de las regiones del país”.

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