Pablo Badenier “Vamos a desarrollar una herramienta ausente en Chile: las cuentas ambientales”

—El ministro explica que es necesario conocer el estado y la cantidad de nuestros recursos naturales, incluidos suelo, agua y aire. El Pulso 02 abril 2014.


—Sobre los impuestos verdes, estos afectarán a los vehículos livianos a diesel y a fuentes fijas de emisiones como termoeléctricas, fundiciones y calderas de cierta capacidad.

Son las siete de la tarde del lunes y el ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier sigue con agenda en pleno desarrollo. No son pocas las tareas que tiene por delante.

De partida, dos de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno son responsabilidad de su cartera: el Servicio Nacional de Biodioversidad y planes de descontaminación para zonas saturadas.

Pero, considerando que se acaba de conocerse el plan de reforma tributaria, partimos por ahí. “La incorporación de impuestos verdes en la reforma tributaria se refiere a, básicamente, ocupar instrumentos económicos a los cuales Chile ha renunciado o no ha aprovechado la oportunidad de incorporarlos como un instrumento de gestión ambiental.

Ellos permiten el sobrecumplimiento de la norma: es decir, que los regulados, además de cumplir la norma, tienen el incentivo de disminuir más sus emisiones contaminantes”. ¿Cuáles son? — Los impuestos verdes que incorpora la reforma tributaria, tienen que ver, primero, con una tasa impositiva para la importación de vehículos livianos diesel. Segundo, una tasa impositiva para emisiones de fuentes fijas que tengan una capacidad instalada: termoléctricas, fundiciones, calderas y toda fuente fija que emita contaminantes globales como el CO2, pero también de contaminantes locales, material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre.

Es decir, las fuentes reguladas pueden mejorar su tecnología, incorporar tecnología de abatimiento de estos contaminantes o bien mejorar o cambiar los combustibles que utilizan. Por lo tanto, al tener impuestos se abre el abanico de posibilidades del cómo reducir emisiones”. ¿Cómo cree que va a recibir la industria estos impuestos? — Creo que la industria los va a recibir bien. La industria entiende que sus proyectos generan externalidades negativas.

Las comunidades, los alcaldes y los gobiernos locales también lo entienden y los proyectos tienen que hacerse cargo. Vamos a las prioridades para las primeras 50 medidas del gobierno… — Dentro de los primeros 100 días hemos asumido el cumplimiento de dos compromisos. Uno es el trámite legislativo de una indicación sustitutiva que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el esfuerzo de distinguir que del orden del 20% de nuestro territorio es área protegida.

Esas áreas tienen que incorporarse como un activo de las comunidades, a las regiones.

Tienen que valorizarse y tener una relación más estrecha con las comunidades aledañas a estas áreas. Además, hay que generar condiciones que nos permitan restringir las acciones que se puedan hacer dentro de un área protegida, para poder resguardar la biodiversidad, o el patrimonio ambiental que la hacen merecedora de ser un área protegida.

Segundo, hemos comprometido que en todas las zonas que deban ser declaradas saturadas o latentes por determinado contaminante, vamos a emprender administrativamente la elaboración de anteproyectos de descontaminación.

Básicamente, en las ciudades del norte nuestro foco está en el material particulado grueso. Y al sur tiene que ver con regular y disminuir las emisiones de material particulado fino, que básicamente viene de la quema de biomasa para uso residencial.

Para el sur el plan es restringir y regular las emisiones de artefactos a leña. Pero también apuntar al desarrollo de medidas más estructurales, como lo hacen algunos países europeos, como calefacción distrital mediante calderas de uso comunitario, por ejemplo.

También creemos que hay que mejorar las normas de constructibilidad de las viviendas, de manera de tener mejor aislación térmica. Sobre el Servicio de Biodiversidad, hay una especie de batalla con los proyectos grandes.

Me explico: Hidroaysén, por ejemplo, plantea la duda de qué es mejor: resguardar ese lugar en tanto servicios ecosistémicos o hacer un megaproyecto energético.

En ese eje es que se viene hablando del ordenamiento territorial, que es también parte del programa, ¿no? — Para las áreas protegidas vamos a desarrollar planes de manejo por cada una de ellas.

Esos planes van a decir qué actividades pueden desarrollarse y qué actividades no. Y no se van a poder desarrollar actividades que contravengan el plan de manejo.

Dentro de las áreas protegidas sí se van a poder desarrollar algunas actividades, justamente las que permitan valorizar el área como infraestructura de acceso y planes de turismo que así lo señalen.

Pero además, vamos a organizar planes de ordenamiento territorial que nos permitan efectivamente constatar, levantar y caracterizar los atributos que tiene el territorio, donde no necesariamente es área protegida, pero sí es un territorio que tiene características relevantes para el desarrollo de otras actividades económicas, que tienen que tener un grado de compatibilidad con megaproyectos que los puedan alterar. El programa de gobierno hablaba de un desarrollo sustentable. ¿Cuál es el plan en lo macro? — Vamos a desarrollar una herramienta ausente en Chile que son las Cuentas ambientales.

Se ha trabajado muy poco en eso. La idea es generar indicadores que se incorporen a los indicadores macroeconómicos, para poder objetivar el estado en términos de cantidad y calidad de los recursos naturales que tiene Chile.

En un país explotador de sus recursos naturales como Chile, necesitamos saber cuál es nuestro stock en calidad y cantidad de recursos naturales y también algunos otros componentes como suelo, agua, aire.

Eso se hace a través de cuentas ambientales y en este periodo vamos a desarrollar esas cuentas que Chile no tiene y debe tener si quiere evaluar cuán sustentable es el desarrollo que tiene el país. Respecto a la institucionalidad ambiental, ¿cómo ve usted el tema de la judicialización de proyectos? — A nosotros no nos preocupa la judicialización, es parte de las reglas del juego. Y no somos quién para restringir el uso de garantías que las personas tienen.

Pero entendemos el mensaje de los tribunales de justicia, en el sentido de que se requiere mejores procesos de evaluación ambiental de proyectos. Todas las evaluaciones ambientales que no han concluido bien o que concluyen en aprobaciones condicionadas, han terminado en los tribunales de justicia, por lo tanto nuestra tarea es hacer mejores evaluaciones.

Y que eventualmente concluyan en los tribunales ambientales, que se crearon para eso, ¿no? — Los tribunales de justicia tienen el deber de analizar los recursos que les lleguen y ellos verán si los acogen o no. Pero obviamente que hoy teniendo Tribunales Ambientales, sabemos que hay materias más técnicas donde el llamado a pronunciarse es a los Tribunales Ambientales.

Sobre el proyecto de ley de Responsabilidad Extendida del Productor, qué va a pasar? — Nosotros lo reconocemos como una prioridad con alto interés de los parlamentarios y de la industria del reciclaje. Nuestro objetivo es que las actividades vinculadas al reciclaje tengan una mayor formalidad, lleguemos a volúmenes mayores y que en determinados residuos, el productor o el importador también asuma responsabilidades desde el punto de vista de recolección y de tratamiento o reciclaje de estos residuos.

Por lo tanto, hay que distinguir las funciones que va a tener este importador o productor, las del municipio y, fundamentalmente, las de los recicladores de base que hoy tiene el país como un activo y que tienen que ser parte de esta cadena. ¿Qué pasa formalmente con el proyecto que hoy está en el Congreso? — Vamos a enviar una indicación sustitutiva, pero sí reconozco que hay varios aspectos del proyecto de ley presentado que son útiles para la indicación sustitutiva.

El tiempo que demore tiene que ver con las prioridades con otros proyectos de ley que tengamos.

JUDICIALIZACIÓN “ Entendemos el mensaje de los tribunales de justicia, en el sentido de que se requiere mejores procesos de evaluación ambiental de proyectos”

CUENTAS AMBIENTALES “En un país explotador de sus recursos naturales como Chile, necesitamos saber cuál es nuestro stock en calidad y cantidad de recursos”

IMPUESTOS VERDES “Creo que la industria los va a recibir bien, porque entiende que sus proyectos generan externalidades negativas de las que deben hacerse cargo”

2 Comments

  1. Nielz Cortés Torrejón dice:

    Me preocupa el raciocinio de nuestras autoridades, poner un impuesto por contaminar a las empresas, solo aumentara los costos de la producción y como suele suceder esto no les afecta, ya que las multas o impuestos son siempre bajos, por el contrario, esto les permite contaminar y estar en regla, a costa de los vecinos que seguirán sufriendo por la contaminación.
    Ya es hora Sr. Badenier que su ministerio haga lo que tiene que hacer, hago presente que este tiene una deuda importante con la comunidad, deje de idear estrategias pencas o copiar cosas de otros países, sin mayor sentido, como sucede con la norma de Calidad Primaria de Material Particulado Respirable MP 10, Sr. póngase los pastelones y cambie el contamina paga, por el que contamina cierra, en estos momentos necesitamos que se respete la normativa ambiental y se deje un precedente que ya no más empresas contaminadoras, que burlan el sistema. Podría partir por CODELCO División Ventanas, que ni siquiera tiene regularizada su situación Ambiental.

  2. Nielz Cortés Torrejón dice:

    Agrego que esta división, fue protagonista del peor episodio de contaminación ambiental de los últimos años, produciendo daños en la salud de la escuela de La Greda, es más, obtuvo el 18 de abril de 2012, una calificación de actividad peligrosa y un informe ambiental desfavorable (N° 907/SEREMI de SALUD), el cual señalaba entre otras cosas que existen problemas graves de captación de gases y no hay estructuras para captarlos.