Columna de opinión de Javiera Espinoza, Geógrafa de Fundación Terram publicada en portal El Quinto Poder el 30 de abril 2014.
Incendios, des-ordenamiento territorial y las políticas públicas
Angustiantes y agresivas imágenes del incendio en Valparaíso y el terremoto que afectó el norte de nuestro país, aún están frescas en nuestra retina y es que en poco tiempo, hemos sido afectados por catástrofes que de seguro se repetirán en el futuro, pero que nos dan la oportunidad real de aprender y no replicar los mismos errores.
Son muchos los vacíos en términos de políticas públicas que tenemos como país ante eventos extremos. Sin ir más lejos, Chile no cuenta con una ley de incendios que institucionalice, por ejemplo, a bomberos con algún fondo económico que les permita funcionar, mantener en buen estado sus equipos y recibir remuneración.
Tampoco existe un marco legal con exigencias en las normativas para la construcción de viviendas o infraestructura pública; la implementación de cortafuegos en las construcciones; mayor dotación de equipamiento para CONAF o bomberos quienes abordan estos eventos; o las sanciones respectivas para quienes son los responsables.
Ante eventos como incendios o sismos, son muchas las acciones que se pueden realizar para aumentar las medidas preventivas que aplaquen sus consecuencias o efectos, pero éstas necesitan de coordinación entre instituciones públicas nacionales -centrales y regionales-, así como definiciones sobre el rol de los privados y cómo se actúa en el momento mismo de la emergencia.
Un vacío importante en las políticas públicas chilenas y que ha quedado en evidencia con los últimos sucesos es el ordenamiento territorial, el cual es prácticamente inexistente y carente de rigurosidad para los escasos instrumentos con que se cuenta, como son los planes reguladores.
En el caso de Valparaíso, su localización geográfica singular, conjugada con factores climáticos y sequía, agudizó el incendio iniciado, supuestamente, en un vertedero ilegal. Nuevamente el “manejo de riesgos” es un tema inexistente en nuestra regulación.
Si tuviésemos ciudades mínimamente planificadas, pensadas y preparadas para todo tipo de eventos -los que son de frecuente ocurrencia en Chile- de seguro se lamentarían menos víctimas, y los costos asociados a la reconstrucción para el Estado e incluso para privados, serían menores.
Desde definir las zonas con pendientes aceptables para construir viviendas, calles con anchos adecuados para la evacuación, grifos y tomas de aguas definidas a distancias apropiadas, control y manejo de la basura, zonas de áreas verdes y esparcimientos libres de riesgos, cortafuegos en caso de incendios, drenaje para inundaciones, son algunas de las mínimas consideraciones al minuto de tener una ciudad “pensada” y “adecuada” para circunstancias de emergencia.
Si la mayoría de los incendios son de responsabilidad humana, no queda una mejor manera de prevenirlos que con un diseño de la ciudad, adaptación de espacios y medidas para la reconstrucción.
La autorización y/o regularización de viviendas en zonas de riesgo -como quebradas- amerita una profunda crítica. Habitualmente responden a viviendas de construcción ligera, asentamientos informales y de estratos socioeconómicos de bajos recursos que ven en estos espacios disponibilidad para su utilización.
La continuidad de uso del espacio traspasa generaciones y hacen de dichos asentamientos espontáneos, sitios altamente vulnerables a catástrofes como incendios o derrumbes, por mencionar algunos. La gente que habita en esas zonas, muchas veces no sabe los peligros a los que se arriesga y otras, no tienen opciones de vivir en otro lugar, en estos casos la autoridad debe tener un rol claro y definido.
Sin embargo, los escasos instrumentos de ordenamiento territorial son en su mayoría indicativos, cuando se requiere de más instrumentos de carácter normativo y rapidez en la actualización y tramitación de éstos.
Sociológicamente el arraigo al territorio es inherente a cualquier desastre que afecte a las personas y está demostrado que estos eventos hacen aflorar el vínculo para volver a habitar los sectores afectados, (al igual como con el terremoto o la erupción en Chaitén) por lo que aprender de las lecciones es vital para re-diseñar la ciudad y su equipamiento, definiendo preventivamente las zonas aptas para ser habitadas.
Los desastres a su vez, son oportunidad para crear políticas de Estado asociadas al manejo de riesgos, planificación territorial e incluso una ley de incendios que contengan medidas de prevención, adaptación y consecuente implementación, no sólo para Valparaíso, sino que a lo largo de todo el territorio nacional.