Gobierno visa licitación para termoeléctricas de Piñera y destraba obras por US$5.250 millones

Ministerio de Bienes Nacionales y Contraloría descartaron irregularidades en la adjudicación de seis terrenos fiscales licitados a fines de enero. Por estos días se envían las notificaciones a las empresas que ganaron la licitación.


Esta semana llegarán a las manos de los principales ejecutivos de las empresas Doña Inés de Collahuasi, ECL, Endesa, Inkia y South Andes Capital, los sobres que los certifican como los adjudicatarios del último proceso de licitación de terrenos fiscales desarrollado en el gobierno de Sebastián Piñera, y que permitirán la construcción de centrales termoeléctricas.

Estos decretos fueron literalmente congelados por la administración Bachelet, ya que los equipos jurídicos del Ministerio de Bienes Nacionales, y luego Contraloría, desarrollaron una exhaustiva revisión legal. ¿La idea? Fuera de toda presunción, la actual administración quería descartar de plano una eventual afectación del interés fiscal en la licitación encabezada por el ex ministro de la administración Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna.

La revisión analizó las cláusulas de los contratos de las cinco compañías ganadoras, incluyendo además los dos contratos firmados el 10 de marzo por Endesa, que lo hacían adjudicatario de los terrenos de Tames II y Totoralillo Sur. Uno de los elementos que fue revisado con mayor detenimiento fue la presencia de un certificado de Conadi en cada uno de los lotes licitados, el cual aseguraba que no existía afectación indígena.

Este elemento fue el que generó mayores discusiones en los equipos jurídicos que chequearon la licitación. De esta manera, a pesar de no estar de acuerdo con el timing de la licitación, el Ministerio de Bienes Nacionales dio finalmente el vamos al proceso, para ahora iniciar el proceso de notificación a las empresas que se adjudicaron los seis lotes en disputa.

Tanto fuentes de Inkia como de EC-L señalaron a PULSO que con la notificación en la mano, recién comenzarán a desarrollar los estudios avanzados para determinar el tipo de central a desarrollar en los terrenos, que por las bases de la licitación deben ser superiores a 350 MW.

De acuerdo a los índice de costos y criterios de localización de centrales publicados por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la inversión de las seis compañías en su conjunto no debería ser menor a los US$5.250 millones.

En el caso del principal beneficiado, Endesa Chile, la compañía está estudiando construir un complejo de 400 MW en cada uno de los sitios asignados (Tames II, en la comuna de Mejillones, y Totoralillo Sur, en Caldera), que podrían ampliarse si es que las condiciones del lugar y del mercado lo hicieran factible. No está definido si se instalará una unidad a gas o a carbón o una de cada tecnología.

Esto dependerá de una serie de estudios a realizar, entre ellos de emisiones contaminantes, de disponibilidad de combustible y de línea de base, entre otros.

EL FACTOR EAE.

Tras dar por cerrado el polémico proceso de licitación desarrollado por el gobierno anterior, en el Ministerio de Bienes Nacionales sostienen que por el momento sólo llevarán adelante nuevos concursos para la entrega de terrenos fiscales para el desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

En el caso de energías convencionales, como termoeléctricas, hidroeléctricas, entre otras, la secretaría de Estado esperará la promulgación del reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Medio Ambiente y que será visado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

¿Qué ha pasado? El Gobierno y la Contraloría descartaron irregularidades en la licitación de terrenos fiscales a eléctricas hechos en la administración de Piñera.

¿Por qué ha pasado? Al haber asumido el nuevo gobierno, el proceso se congeló para analizar si existió una afectación al interés fiscal o visos de ilegalidad en los contratos.

¿En qué está el proceso? Actualmente, el Gobierno se encuentra notificando a las firmas sobre la adjudicación de los seis terrenos en el norte del país.

CIFRAS DEL PROCESO

2,7 Millones de dólares. Ofreció Suez EC-L por el paño fiscal de Tames I, situado en la Región de Antofagasta.

US$1,2 mills. Ofreció la empresa Doña Inés de Collahuasi por el terreno de Caleta Chica en la Región de Tarapacá.

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