Superintendente de Medioambiente acusó deficiencias presupuestarias, de infraestructura y de personal

Ante la Comisión de Medioambiente de la Cámara, Cristián Franz reconoció que de 1.300 casos denunciados, sólo 27 terminan con cargos debido a las falencias institucionales. Fuente: Cámara.cl 08 de mayo 2014.


Sin embargo, afirmó que se realiza una labor eficiente, si se considera la abultada carga de trabajo. Anunció que se espera contrarrestar estar situación a partir de 2015, gracias un plan de fortalecimiento de la Superintendencia y de coordinación con otros organismos estatales.

Un conjunto de deficiencias presupuestarias, de infraestructura y de personal al interior de la Superintendencia de Medioambiente, estaría afectando la capacidad operativa de la institución y, por tanto, la potencialidad de sancionar las infracciones a la normativa vigente, según acusó esta tarde el titular del organismo fiscalizador, Cristián Franz.

Ante la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, el Superintendente informó que de 1.300 casos denunciados que pasaron el test de admisibilidad, 137 siguieron a la etapa de solicitud de actividad de fiscalización. De dicho conjunto, precisó, 83 fueron absorbidos por la unidad de fiscalización efectivamente y sólo 27 terminaron con procedimientos sancionatorios.

“Claramente esto muestra que en materia de denuncias hay, sin dudas, un trabajo muy importante que hacer, porque una institución como esta, que debe estar al servicio de la ciudadanía, tiene que tener una capacidad de respuesta mucho mayor. Tiene que tener más recursos para responder a esa demanda ciudadana de fiscalización y de control de aquellas actividades que sienten o consideran que vulneran sus derechos en materia medioambiental”, puntualizó a los diputados durante su presentación.

Informó que la Superintendencia, cuando efectúa la programación de sus actividades de fiscalización, lo hace pensando tanto en sus propios recursos como en el de los organismos sectoriales que tienen competencia en esta área (15). Recalcó que, por ejemplo, el presupuesto global de todas las instituciones destinado para fiscalizar las resoluciones de calificación ambiental (cerca de 15 mil) es de 2000 millones de pesos; en tanto que los montos reservados para verificar el cumplimiento de las normas de calidad en todo el país es en 2014 de 50 millones de pesos.

Confidenció a los diputados que la institución reúne cerca de cien empleados en todo el país, siendo solo tres regiones las favorecidas con una planta mayor a diez personas. En el resto de las regiones, acotó, sólo hay un funcionario que carece de oficina propia y de otros elementos fundamentales para efectuar las tareas de fiscalización. Afirmó que algunos estudios indican que se debe cuadruplicar los recursos, tanto en materia técnica como humana, “para realizar una gestión decente”.

“El desafío es muy significativo y me parece que el instrumental en materia de recursos, tanto como humano, técnico y financiero es evidentemente insuficiente para desplegar esta tarea de manera efectiva”, reconoció.

Recalcó, sin embargo, que la institución es un organismo joven (menos de dos años), que mantiene, pese a las limitantes, un buen nivel de cumplimiento de las tareas de fiscalización programadas. Además, adelantó que, por especial encargo de la Presidenta Michelle Bachelet, se llevará a cabo un fortalecimiento institucional que pasará tanto por una restructuración interna, como por la ejecución de un plan de reforzamiento presupuestario, de personal y de infraestructura, a partir de 2015.

“La buena noticia es que nuestro Gobierno está comprometido en consolidar esta institución y eso significa, en primer término, poder consolidar la presencia regional de la Superintendencia. Hoy no tenemos oficinas regionales salvo en tres y el programa de la Presidenta es llevarla, dentro de los cuatro años de Gobierno, a las quince regiones”, precisó.

Asimismo, explicó que impulsará un plan estratégico 2014-2018, destinado a fortalecer la coordinación con los organismos colaboradores a través de lo que se ha llamado “la red nacional de fiscalización ambiental”.

Opiniones

El presidente de la Comisión, diputado Daniel Melo (PS), se manifestó muy satisfecho por la presentación “rigurosa” del Superintendente Cristián Franz y estimó que existe una deuda pendiente con la institucionalidad ambiental de nuestro país. “Se requiere que en el próximo presupuesto se asignen los recursos para infraestructura, temas operativos, más personal y, en definitiva, para tener una Superintendencia que cumpla con su rol fiscalizador y sancionatorio”, enfatizó.

Recordó que, en su conjunto, la institucionalidad ambiental tiene sólo cuatro años, estando la Superintendencia operativa menos de dos, sin embargo, reconoció que ya es momento “de dar un salto cualitativo y cuantitativo para fortalecer la institucionalidad”, para lo cual es preciso contar con más recursos.

La diputada Andrea Molina (UDI) valoró la presentación del titular de la Superintendencia y lamentó que la falta de recursos impida a la institución realizar una labor fiscalizadora y sancionatoria efectiva, afectando con ello las comunidades del país que se ven tremendamente afectadas en su salud y en su calidad de vida por los temas medioambientales y por la contaminación.

“Nosotros tenemos un funcionario en la Quinta Región, qué va a hacer un funcionario que hoy ni siquiera tiene un automóvil para poder trasladarse. Es una burla y, lógicamente, que esto es parte del inicio del camino, porque esto está empezando, llevan un año y medio, pero ya que hoy tenemos el antecedente, tenemos que tomar cartas en el asunto y solucionarlo”, puntualizó.

Comunicó que, durante la sesión, pidió a sus colegas firmar un proyecto de resolución para ser presentado a la Sala, por medio del cual se le solicite a la Presidenta de la República que tenga a bien estudiar este tema en la próxima discusión presupuestaria, de modo de asignar los recursos necesarios para la institución.

El diputado Leopoldo Pérez (RN) valoró la voluntad de fortalecer la institución y destacó el proyecto de ampliación de la red de apoyo a la labor fiscalizadora, muy particularmente, la posibilidad de incorporar dentro de este grupo a los municipios del país.

Para el diputado Marcelo Chávez (DC), quedó claro que la institución tiene una presencia deficiente en la mayor parte de las regiones, afectando con ello su capacidad de respuesta frente a las denuncias que se presentan. Además, junto con suscribir la propuesta de la diputada Molina, estimó conveniente que se hagan llegar a la Comisión propuestas para perfeccionar la legislación, de modo de corregir actuales trabas a la fiscalización.

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