Bachelet apaga la luz a HidroAysén

El 10 de junio, el Comité de Ministros de Medio Ambiente pondrá término a siete años de controversias y decidirá el futuro del megaproyecto hidroeléctrico más emblemático del país. Fuente: La Tercera 01 de junio 2014.


Noticias relacionadas: Decisión definitiva sobre Hidroaysén se conocerá el próximo 10 de junio
Alcalde de Tortel: “Mega proyectos como HidroAysén entorpecen los sueños que tuvieron nuestros antepasados”

Fuentes de gobierno aseguran que la instancia dejará sin efecto la resolución medioambiental que sustenta la iniciativa. En el directorio de HidroAysén no saben si lo que se les viene será un misil a la cabeza o un torpedo bajo la línea de flotación, pero lo que sí tienen claro es que la resolución que dictará el 10 de junio el Comité de Ministros de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet será el acta de defunción del megaproyecto hidroeléctrico que pretendía construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia.

A las 8 de la mañana de ese día, los ministros de Medio Ambiente, Salud, Energía, Economía, Agricultura y Minería se reunirán en las dependencias del Servicio de Evaluación Medioambiental -en Miraflores 222-, en la última instancia administrativa para “pronunciarnos sobre la totalidad e integralidad de las materias reclamadas, para dirimir si la resolución de calificación ambiental queda sin efecto o es una resolución aprobatoria”, explicó el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier.

Será, por tanto, una decisión de todo o nada, aseguran fuentes de gobierno, por lo que no hay posibilidades de que se mantenga la incertidumbre sobre la emblemática iniciativa que ha enfrentado una fuerte oposición social y medioambiental.

Personeros vinculados al proceso de evaluación del proyecto adelantaron que se han examinado las 35 reclamaciones que se presentaron a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 225, otorgada en mayo de 2011 por la Corema de Aysén, una de las cuales tiene más de mil observaciones. La conclusión es que no están todos los elementos para asegurar la sustentabilidad medioambiental y social de la iniciativa, por lo que la decisión será dejar sin efecto la RCA.

“Este es el triunfo más grande que hemos tenido como movimiento medioambiental en Chile”, dijo el ecologista Manuel Baquedano, uno de los líderes de la campaña de Patagonia sin Represas, adelantándose a una decisión que ya da por hecho. “Esperamos que ese día sea un punto de inflexión, en el que por un lado la institucionalidad ambiental recupere su curso normal de desarrollo, pero también marque el inicio de una nueva política energética, con un nuevo paradigma y una valoración de las energía renovables no convencionales con énfasis en la eficiencia energética”, señaló Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, entidad que agrupa a unas 80 organizaciones ambientalistas y sociales opositoras a la construcción de las megarrepresas en la región.

Para HidroAysén se trata -en cambio- del escenario más oscuro. Por eso, no fue alentador el ambiente que hubo en el piso 13 del edificio de Miraflores 383 el viernes último, cuando se reunió el directorio que preside el español Joaquín Galindo Vélez, en representación de Endesa, para analizar los pasos a seguir una vez que se conozca oficialmente la decisión del Comité de Ministros.

En conjunto, Endesa y Colbún han invertido más de US$ 320 millones en sacar adelante durante siete años el proyecto que pretendía generar 2.700 megawatts en hidroelectricidad, y aunque parte de esa cifra la constituyen activos como derechos de aguas, terrenos, estudios y prospecciones, un monto significativo tendrá que ser asumido como pérdida.

En la reunión, además, se habría ratificado una decisión que hace algunas semanas venían conversando los máximos ejecutivos de Endesa y Colbún y que podría ser clave una vez que el proyecto sea desahuciado: no disolverán la sociedad que constituyeron en 2006.

La determinación da espacio a que HidroAysén evalúe la presentación de un recurso en contra de la decisión del Comité de Ministros ante el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia. Si se opta por este escenario, los ejecutivos tienen 30 días de plazo, los que corren desde el momento en que son notificados oficialmente de la resolución del gobierno de Bachelet.

Otro paso posible consiste en iniciar acciones civiles en contra del Estado de Chile por “falta de servicio”, basándose en la queja de que el gobierno de Sebastián Piñera dilató por más de dos años y medio la decisión sobre las reclamaciones que se habían presentado al proyecto una vez que éste fue aprobado por autoridades medioambientales de Aysén en 2011. Por esta vía podrían llevar el caso incluso hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

En La Moneda, pese a que reconocen que el fantasma de un juicio en el Ciadi ha dado vueltas, afirman que ven como improbable que los accionistas de Endesa y de Colbún se animen a iniciar un litigio contra el Estado de Chile.

En diciembre pasado, el presidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, instruyó a los estudios jurídicos que asesoran el proyecto a que los escritos y presentaciones que se hicieran en el futuro dejaran abierta la puerta para emprender acciones civiles.

Así quedó en evidencia en el texto de 1.350 páginas que entregó la empresa el 14 de abril a Badenier en respuesta a la decisión adoptada meses antes por el Comité de Ministros del gobierno de Piñera que solicitó nuevos estudios para resolver el proyecto. “Existe claramente una falta de servicio de parte de la Administración del Estado y particularmente de parte del Comité de Ministros, puesto que no se ha cumplido oportunamente con los estándares de diligencia que exige el servicio que está obligado a prestar. Ha existido una actuación ilegal y arbitraria de parte de la Administración del Estado, que ha generado evidentes perjuicios (al proyecto)”, se lee en el documento, en el que se dejó expresamente establecido que la empresa se reservaba los derechos de iniciar acciones civiles.

Decisiones políticas

La molestia de HidroAysén, en todo caso, se concentra en la postergación que tuvo la tramitación del proyecto durante el gobierno de Piñera. Una de las quejas recurrentes apunta a que pese a que las resoluciones de Calificación Ambiental tienen una vigencia de sólo cinco años, la administración anterior tardó tres de ellos en convocar al Comité de Ministros para decidir la suerte de HidroAysén.

Autoridades del gobierno pasado afirman que en esta decisión fue clave la recomendación realizada por Colbún a los ejecutivos del proyecto a mediados de 2012. En ese entonces, la eléctrica aconsejó a HidroAysén suspender el ingreso del estudio de impacto ambiental del tendido eléctrico mientras no se consensuara una política nacional energética.

En reserva, Piñera convocó a una reunión en La Moneda a los ministros Cristián Larroulet (Segpres), Jorge Bunster (Energía), María Ignacia Benítez (Medio Ambiente) y a un grupo de asesores, a quienes instruyó no avanzar en la tramitación del megaproyecto mientras HidroAysén no diera señales claras de que materializaría el proyecto. En otras palabras, el entonces mandatario dejó en claro que no estaba disponible para pagar los costos políticos de aprobar una iniciativa que generaba resistencia en un sector de la población, cuando no había claridad de que ésta se fuera a concretar.

En el gabinete de Piñera no todos estuvieron de acuerdo. Fuentes de esa administración señalaron que el ministro de Economía, Pablo Longueira; el subsecretario de Energía, Sergio del Campo; la ministra de Medio Ambiente y el equipo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) eran partidarios de resolver el tema de una vez por todas.

La campaña presidencial de 2013 terminó por convencer al mandatario de postergar la decisión. A mediados de ese año, la entonces candidata Michelle Bachelet declaró que “HidroAysén es inviable y, por lo tanto, no debiera seguir adelante”. Así, la orden que enviaron desde Palacio a los ministros sectoriales fue tajante: el Comité de Ministros por HidroAysén no sería convocado hasta después de las elecciones presidenciales.

Quienes recuerdan el episodio afirmaron que la determinación contrarió a Longueira, quien se quejó ante sus pares del gabinete argumentando que la elección se veía cuesta arriba de todas maneras, por lo que si había convencimiento de que HidroAysén era necesaria para Chile, era mejor “irse para la casa con la conciencia tranquila de que se hicieron las cosas que había que hacer”.

Bachelet, en tanto, seguía enviando señales en contra del megaproyecto. El 21 de noviembre, entre la primera y la segunda vuelta presidencial, la abanderada se reunió con el senador Antonio Horvath. El parlamentario por Aysén, férreo opositor a la hidroeléctrica y por entonces jefe programático de Franco Parisi, planteó a Bachelet cinco puntos a cambio de su respaldo, no sólo en la elección presidencial, sino que también después desde el Congreso. “Fue una conversación muy franca. La Presidenta se comprometió a trabajar en cinco materias, entre ellas el no a HidroAysén”, afirmó Horvath. Ese día, el ecologista Manuel Baquedano, quien acompañó al senador a la reunión con la candidata, escribió en las redes sociales: “Hoy ha muerto HidroAysén”.

Fue en este escenario que Piñera dio el vamos a la convocatoria del Comité de Ministros para revisar la iniciativa. El 30 de enero, la instancia determinó resolver sólo algunas reclamaciones y solicitó dos nuevos estudios, uno de flujos hídricos y otro de impacto laboral, con lo cual quedaba pendiente la resolución definitiva para el futuro gobierno.

Ex ministros de Piñera afirmaron que la fórmula fue elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental a instancias de La Moneda, por lo que debieron apoyarla, pese a que no la compartían.

La respuesta del gobierno de Bachelet fue contundente. Ocho días después de asumir las nuevas autoridades, el renovado Comité de Ministros de Medio Ambiente invalidó la decisión de sus antecesores por estimar que tenía vicios de ilegalidad.

Fue un momento duro, aseguran fuentes del actual gabinete. Ese día, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, habría sido el único partidario de esperar los estudios que había solicitado el gobierno de Piñera, lo que postergaría dos años más una decisión definitiva respecto de HidroAysén. Pero un estudio jurídico hecho por el abogado Luis Cordero ayudó a reforzar la posición del Ejecutivo en la materia. El tiempo para HidroAysén había terminado.

Desde 2006, cuando se constituyó la sociedad entre Endesa y Colbún que planeó HidroAysén, se han invertido US$ 320 millones.

El proyecto ha sido foco de protestas ciudadanas para impedir la construcción de cinco represas en la Patagonia.

Comments are closed.