La ofensiva de las eléctricas luego del rechazo a Hidroaysén

Intensa ha sido la campaña comunicaciones emprendida por las empresas generadoras para criticar la decisión del comité de ministros de rechazar el proyecto hidroeléctrico HidroAysén. Ambientalistas y académicos concuerdan en señalar que el sector privado ha creado mitos entorno a las energías renovables no convencionales. Fuente: Diario U. de Chile 15 de junio 2014.


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Luego del rechazo del comité de ministros al proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, el empresariado ligado a este ámbito inició una ofensiva comunicacional criticando la decisión y advirtiendo que sin la central, habrá una crisis energética que sólo podrá ser resuelta con la instalación de nuevas plantas.

Muchas de ellas a carbón y por ende más contaminantes que Hidroaysén o hidroeléctricas pero en una mayor cantidad, “se requieren 7 u 8 centrales termoeléctricas y doce mini hidro para compensar”, aseguran las generadoras.

“La agenda (de Energía) dice que hay que aprovechar los recursos hidroeléctricos del país y en Aysén están una parte importante de esos recursos. Parte del potencial aprovechable para efecto generación eléctrica está ahí”, afirma René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile.

Por su parte, el economista y gerente general de la Consultora Gemines, Tomás Izquierdo, ve con preocupación la señal que se da con el rechazo al proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, “uno ve en esta decisión un grado de discrecionalidad con motivos políticos, a mí eso me preocupa en general, independiente de si se está o no a favor del proyecto, en el sentido de que uno espera que la institucionalidad que regula el tema medio ambiental en el país sea robusta, confiable, que genere certeza y que quienes se acojan a esta institucionalidad tengan la certeza de que, si aprueban todos los requisitos exigidos por la ley, su proyecto es viable”.

Pero ¿qué tan cierto es este temor expresado por los empresarios ligados al sector energético? Para la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, la reacción del sector privado es algo esperable, considerando el tamaño de la iniciativa rechazada.

Asimismo rechazó que en el corto plazo se produzca una crisis energética, aunque advierte que para el mediano y largo se requiere de una política clara al respecto y que privilegie la generación de energías renovables no convencionales.

En ese sentido, Flavia Liberona sostiene que “la política eléctrica en Chile la definen las empresas, no la define el Estado y esperamos que con la agenda nacional de energía esto empiece a cambiar, sin embargo hay que tener muy presentes que los instrumentos regulatorios dejan al Estado sin poder ordenar una agenda eléctrica.

Para los especialistas existen muchos mitos respecto de las energías renovables no convencionales, el principal, su costo, el que para los empresarios resultaría muy caro, afirmación que es falsa para el ingeniero de nuestra universidad, Roberto Román.

“No son caras y no son inaccesibles, de hecho, son bastante razonables de precio, de un orden de magnitud, con un sistema conectado a red, que vale como 350 mil pesos con IVA, que es capaz de bajar la cuenta eléctrica entre un 30 y 40%, entonces son números que no son para nada exorbitantes y que cambiarían rápidamente la forma en que se desarrolla la matriz eléctrica en Chile”, afirma el académico.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, concuerda sobre la importancia de potenciar otros proyectos hidroeléctricos en el país y evitar que un episodio como el de HidroAysén vuelva a ocurrir.

“La posibilidad de Chile de explotar los recursos hidrológicos del sur es una discusión que va mucho más lejos de un proyecto con nombre y apellido en particular. Esa discusión es la de fondo que tenemos que tener como país”, enfatiza.

Recordemos que HidroAysén puede apelar a la decisión del comité de ministros, acudiendo a los Tribunales Ambientales, proceso que podría extenderse por casi un año.

El argumento de la compañía se ligaría con la defensa de la autorización ambiental recibida a nivel regional y que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema en el mismo año 2011, cuestión para la que cuentan con un plazo de 30 días.

Otra alternativa apuntaría a que la firma acuda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), ya que el Gobierno de Sebastián Piñera no habría cumplido al dilatar por casi tres años las 35 reclamaciones presentadas tanto por la firma como por los opositores frente a la RCA.

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