Las alertas que enciende el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad

No por ser la última parte de la nueva institucionalidad ambiental chilena es la menos importante. Es más, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ya encendió alarmas en el mundo minero y está siendo analizado en detalle por todos los actores productivos.

Si bien la iniciativa -que ingresó a mediados de junio a la Cámara de Diputados- es menos llamativa que los otros eslabones de la ley medioambiental, como la creación de la superintendencia y los tribunales especializados, el proyecto es ambicioso y busca concentrar en un solo organismo las atribuciones e instrumentos necesarios para la conservación de la biodiversidad.

Lo que más llama la atención de los privados es que la propuesta enviada por el Ejecutivo es mucho más amplia que el proyecto elaborado por la administración Piñera y que en 2011 entró al Congreso, sin muchos avances en su tramitación. ¿Por qué mandar un nuevo documento? “Porque si bien existían coincidencias con las ideas matrices del proyecto presentado por el gobierno anterior, la aproximación general de nuestro proyecto, a través de sus distintos instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad, son mucho más amplios y ambiciosos que aquellos que consideraba el proyecto que retiramos, especialmente en el resguardo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas”, explica el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.

En concreto, agrega Badenier, el proyecto retirado consideraba a las áreas protegidas como el eje central de la regulación, en circunstancias que en “nuestro proyecto constituye un instrumento más de gestión de la biodiversidad. Del mismo modo, consideramos que existía un sesgo ideológico en que predominaba el garantismo hacia los sectores industriales por sobre el adecuado equilibrio que requiere la actividad productiva y el cuidado ambiental. Tales razones transformaban, en lo sustantivo, a ambas iniciativas en proyectos distintos, no obstante compartieran el título y el objeto general de la regulación”.

Las claves del proyecto

Según se describe en el proyecto, la ley tiene por objetivo la conservación de la “diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”.

Para eso el documento define nueve principios que regirán el actuar del nuevo organismo. Entre éstos destacan el principio de coordinación -que establece la implementación coordinada de instrumentos de conservación entre los distintos órganos competentes- o el de jerarquía, que sostiene que los impactos sobre la biodiversidad deben ser mitigados, reparados y, en último término, compensados. “La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, según se demuestre científicamente, no es posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación”, señala el artículo.

El servicio se define como funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio y sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio del Medio Ambiente. Entre sus tareas destaca el administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fomentar la creación de este tipo de zonas, aprobar y velar por el cumplimiento de sus planes de manejo en las áreas protegidas privadas o fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión y los permisos otorgados en las áreas protegidas del Estado.

Asimismo, el proyecto define nueve zonas de protección, lo que es calificado por algunos abogados de la plaza como “excesivo”.