¿País protegido?
En Chile, el 20% del territorio está bajo protección ambiental, pero la inversión para preservar esas áreas es paupérrima: el gasto es similar al de países de menores recursos, como Eritrea, Irak o Argelia. Fuente: Revista Capital 25 de julio 2014.
En 2015 viene una comisión de la OCDE a evaluar la situación local y la administración Bachelet intenta ponerse al día.
En 2010, el Convenio sobre Biodiversidad Biológica de Naciones Unidas estableció que un 10% de los ecosistemas de los países miembros debía estar bajo protección. El 20% del territorio de Chile está bajo esa categoría, pero con la salvedad que más de un 84% del patrimonio ambiental se ubica desde Aysén al Cabo de Hornos.
Con 30 millones de hectáreas bajo resguardo, estamos lejos de asomarnos a un buen ranking en cuanto a inversión en el tema. Aquí los recursos por hectárea conservada apenas llegan a un dólar, por debajo de Argentina (8,6 dólares) y Uruguay (4,3 dólares) y muy lejos de Costa Rica donde se destinan 16,5 dólares. La media de América Latina es de 11,5 dólares por hectárea.
Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Georgia, Michigan y Brown, junto a expertos ingleses, canadienses y brasileros, colocó a Chile en la lista de 40 países peor evaluados del mundo, ubicándonos en el lugar nueve, al lado de un buen puñado de naciones con ingresos per cápita bastante más modestos, como Irak, Eritrea o Argelia.
El año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) traspasó la situación a números: Chile debería gastar, por lo bajo, 55,4 millones de dólares más al año en conservación y biodiversidad.
La administración Bachelet lo sabe. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, reconoció a Capital que en Chile “las áreas protegidas tienen protección formal, pero no real” y que a estas alturas “es indispensable que sean tratadas como un activo relevante para el país”.
Datos del propio ministerio revelan que el aporte al PIB de las áreas protegidas alcanzaron en 2013 unos dos mil millones de dólares, más de sesenta veces el gasto actual en gestionarlas. Sólo por turismo, el aporte anual de las áreas protegidas asciende a unos 70 millones de dólares.
A fines de junio, la Presidenta Michelle Bachelet envió al Senado un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que pretende cambiar el rostro no sólo de lo que ya se vigila, sino que también del territorio que hoy no es considerado área protegida, es decir, el 80% restante donde a diario se juega el partido desarrollo versus medioambiente.
Este proyecto, en todo caso, ya había sido enviado por la administración Piñera, pero el poco consenso en torno a su contenido y su letanía en el Congreso llevó al actual Gobierno a levantarlo y presentar uno nuevo, como compromiso de campaña.
El cambio
Hoy, el territorio protegido en Chile tiene 32 modalidades de cuidado y lo más insólito es que los 158 emplazamientos fiscales dependen casi todos de distintos actores del aparato estatal. La mayoría, por lo demás, sin un presupuesto acorde a las necesidades.
“Este proyecto permitirá conducir y planificar el trabajo de preservación de manera orgánica, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas”, asegura el ministro Badenier.
El proyecto de ley que está en la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, crea un servicio descentralizado con direcciones regionales, un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que ejercerá como fiscalizador de los proyectos de conservación, sean éstos públicos o privados; se encargará de sus planes de manejo, además de definir políticas y estudios de conservación de la biodiversidad en todo el territorio. Asimismo, será el responsable de establecer las categorías de protección de especies, prohibiciones y limitaciones de actividades en zonas definidas.
¿Nuevos recursos? “Definitivamente sí”, responde el ministro Badenier.
¿Cuánto más? “Aún no está zanjado”, agrega.
El proyecto no tiene urgencia y, por ahora, el ministro está abocado a socializarlo con empresarios, ambientalistas y líderes regionales. Pero ya se anticipan reparos desde algunas empresas y agrupaciones ambientales: los primeros temen que se coarte el desarrollo de proyectos productivos, mientras los segundos que se convierta en un proyecto hecho sólo para cumplir los mandatos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, en todo caso, reconoce que parte importante de la nueva institucionalidad ambiental ha sido empujada por las exigencias de la OCDE, el club de los países ricos del que Chile forma parte desde 2010.
Durante los últimos años, a la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 2010, luego la Superintendencia del ramo y los cambios al Sistema de Evaluación Ambiental, han ido en esa dirección, y ahora el SNAP “viene a cerrar el círculo de la nueva institucionalidad”, precisa el ministro.
Manos privadas
La directora para Chile de la Wildlife Conservation Society y directora ejecutiva del parque privado Karukinka, en Tierra del Fuego, Bárbara Saavedra, admite que hay reparos, pero no desconoce que se trata de un gran avance con respecto a lo que hay, pues hasta ahora, dice, “no existe una institucionalidad adecuada para avanzar en el cuidado de la biodiversidad” y tampoco la conciencia nacional de que “la conservación no atenta contra el desarrollo económico”, sino que se puede avanzar de la mano.
De hecho, aunque las áreas de conservación privadas representan una ínfima parte en relación a las del Estado –1,6 millones de hectáreas divididas en 308 iniciativas–, Saavedra reconoce que hay empresas productivas que están realizando importantes trabajos de recuperación de tierras y ecosistemas, más allá de los territorios protegidos.
“Ésa es la única llave que puede abrirnos la puerta a la sustentabilidad del país, pues dependemos directamente de la explotación de nuestros recursos naturales. Una economía como la chilena, basada en recursos naturales, sólo puede hacerse sustentable en la medida que todas sus actividades productivas incorporen en su diseño y ejecución elementos que permitan conservar dichos recursos o, al menos, sus procesos naturales”(ver recuadro).
Mandato OCDE
El informe “Evaluación ambiental en Chile 1990-2004” que dio a conocer la OCDE con la Cepal en 2005 fue lapidario: “La naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica de Chile”.
Esa vez, el organismo internacional acusó al país de no contar con ninguna ley específica de conservación de la naturaleza. “Las estructuras institucionales y de manejo dan importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes”, sentenció ese informe.
En 2015 se realizará una segunda revisión y, por eso, para la administración Bachelet es clave que en ese entonces esté aprobada la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
La directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, que ha liderado el diálogo de los ambientalistas con el Gobierno para esta nueva ley, advierte que espera subsanar en el Congreso las diferencias que aún mantienen con la actual administración y advierte que, aunque va en la dirección correcta, ni siquiera este proyecto dimensiona la importancia de la biodiversidad que existe en Chile y su relevancia para el mundo.
“La Conservación y el resguardo de la biodiversidad es un tema que históricamente no ha sido de interés de las autoridades, no entienden el vínculo directo que tiene con el ser humano, con el futuro de todos”, sentencia.
El ministro Badenier insiste en que este nuevo servicio será un tremendo avance, no sólo porque habrá una única cabeza al mando de las áreas protegidas y la biodiversidad, sino que permitirá implementar planes de acción concretos para resguardar especies y ecosistemas amenazados, obligando a desarrollar planes de intervención.
Apoyo de privados
De las 30 millones de hectáreas protegidas en Chile, poco más de 1,6 millones está en manos de privados que han decidido conservar y levantar santuarios de la naturaleza. La nueva ley les permitirá realizar actividades turísticas, científicas y de educación en ellos. Y aunque el proyecto no lo considera, el sector privado seguirá peleando porque existan incentivos tributarios o de algún tipo para este tipo de iniciativas.
En el resto del territorio, en aquellas zonas no definidas como áreas protegidas, se exigirán mayores mitigaciones y cuidados al medio ambiente, sobre todo en las que se definan como lugares con especies en extinción o daños al ecosistema. El nuevo servicio podrá imponer normativas e incluso prohibir desarrollos que atenten contra la biodiversidad.
Y aunque existe temor respecto del alcance que esto pueda tener en algunos desarrollos productivos, ya hay importantes ejemplos de empresas que han apostado por ir un paso más adelante, a través de trabajos de conservación y recuperación.
Andes Iron, la empresa minera ligada a los empresarios Carlos Alberto Délano y José Antonio Garcés, en la Región de Coquimbo, está realizando un proceso de desalinización de agua de mar no sólo para abastecer su mina de hierro en la Cuarta Región, sino que también duplicar la capacidad de agua potable para la comuna de La Higuera donde se emplaza. Aplaudido en la zona ha sido también el plan para proteger el borde costero y la relocalización del relave, a unos 40 kilómetros de las áreas protegidas.
La minera Los Pelambres, del grupo Luksic, en tanto, recuperó un humedal abandonado y convertido en basural clandestino, en Los Vilos, IV Regios. Tras este proceso, incluso, Laguna Conchalí fue declarada monumento nacional y se transformó en el primer humedal privado en lograr en lograr categoría Ramsar, la convención internacional de protección de humedales. Algo similar están realizando en el cerro Santa Inés, a la altura de Pichidangui, donde más de 700 hectáreas fueron declaradas sitio prioritario para la conservación de especies vegetales vulnerables y en peligro de extinción.
A fines de junio, la Presidenta Michelle Bachelet envió al Senado un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que pretende abordar no sólo el 20% protegido, sino también el 80% restante.
Hoy, el territorio protegido en Chile tiene 32 modalidades de cuidado y lo más insólito es que los 158 emplazamientos fiscales dependen casi todos de distintos actores del aparato estatal.
“Las áreas protegidas tienen protección formal, pero no real (…) es indispensable que sean tratadas como un activo relevante para el país”, admite el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.
El año pasado. el PNUD traspasó la situación chilena a números: el país debería gastar por lo bajo, 55,4 millones de dólares más al año en conservación y biodiversidad.