Ex seremi de Taparacá: “Quiero decirle al ministro Badenier que si una institucionalidad permite tapar cosas indebidas, estoy en contra de ella”

Juan Carlos Liendo acusa al gobierno central de presionar para aprobar proyectos mineros. Fuente: El Mostrador 07 de agosto 2014.

Hoy, ya fuera de su cargo, asegura que se trató de convencer a los organismos regionales para que dieran su visto bueno al Proyecto de Continuidad Operacional de Cerro Colorado –que busca extender hasta 2023 la vida útil del yacimiento–, pese a que las autoridades de la zona ya se habían pronunciado en su contra. Este, agrega, no sería un caso aislado. “Parece que no le importamos a nadie. Cuando se vayan las mineras, nos van a dejar secos y todos nuestros pueblos al interior van a tener que migrar a las ciudades”, aseguró.

El pasado 21 de julio, el ahora ex seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Juan Carlos Liendo, desató una batahola al convocar, por iniciativa propia, a un punto de prensa para dar a conocer información que consideraba clave sobre el Proyecto de Continuidad Operacional de Cerro Colorado, de la empresa transnacional BHP Billiton. La autoridad puso de manifiesto su inconformidad con la iniciativa, asegurando que “desde el punto de vista técnico y medioambiental, el proyecto es inadmisible”. Pero lo que hizo que Troya ardiera fueron sus dichos sobre supuestas presiones por parte del gobierno central para que el estudio de impacto ambiental recibiera el visto bueno.

La Minera Cerro Colorado produce alrededor de 125 mil toneladas de cátodos de cobre al año y su yacimiento, con permiso para funcionar hasta 2016, se encuentra a 120 kilómetros de Iquique. Para operar, está autorizado a extraer agua del bofedal Pampa Lagunilla. El Proyecto de Continuidad Operacional, cuyo informe de evaluación fue presentado en julio de 2013, busca prolongar su vida útil hasta 2023 y obtener los permisos para profundizar sus excavaciones.

Ante la polémica provocada por las declaraciones del entonces seremi, el Ministerio decidió pedirle a Liendo poner su cargo a disposición, al que renunció no sin antes difundir en las redes sociales una carta en la que emplazó duramente al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. “¿También el futuro seremi de Medio Ambiente en Tarapacá tendrá que callar cuando se instalen en nuestra región las termoeléctricas aprobadas en el gobierno anterior? ¿Tendrá que callar mientras todos vemos cómo se desprecia y se seca nuestra Pampa del Tamarugal?”, rezaba el documento.

– ¿Cuál es el origen de la urgencia por convocar a esta conferencia de prensa?

-Cerro Colorado es una de las mineras que está instalada y tiene permiso hasta el 2016. El año pasado ingresó el estudio de impacto ambiental de su proyecto de continuidad operacional para extender su plazo hasta 2023. Como Seremi nos tocó evaluar algunos de los aspectos más sensibles dentro del estudio. En primer lugar, la empresa quería seguir extrayendo los mismos volúmenes de agua de la Pampa Lagunillas, es decir, 150 litros por segundo mientras el proceso productivo así lo requiriera. Para mitigar, el proyecto tenía autorizado usar doce litros por segundo para regar el bofedal. En segundo lugar, se evaluó el material particulado que generaba el proceso, el cual afecta directamente a las comunidades del interior, que son Mamiña y Parca. Y, tercero, nos tocó evaluar el efecto directo que ocasionan las tronaduras sobre la fauna local. En estos tres aspectos que evaluó el personal técnico de la Seremi, (el proyecto) en ningún caso calificó. Así que se generó un ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones), que se le entregó al titular, haciéndole preguntas sobre el proyecto y al que éste respondió a través de una adenda. En ninguno de estos tres temas se satisfizo las demandas ajustadas a la norma medioambiental. Nosotros como Seremi no queríamos bajó ningún concepto elaborar otro ICSARA para que nos siguieran explicando cosas que, a nuestro juicio, no tenían asidero. Me enteré de que los otros servicios, todos, se habían pronunciado inconformes y que tampoco consideraban, desde el punto de vista técnico, generar un nuevo ICSARA.

-¿Cuál de estos aspectos era a su juicio el que tenía un impacto más grave en la comunidad o en la zona abarcada por el proyecto?
-El más sensible es el de la Pampa de Lagunillas. El bofedal ha sido depredado por esta minera. En una primera instancia, cuando se le autorizó operar hasta 2014, se le había propuesto que se constituyera un estudio de conservación del humedal, y la única medida paliativa o mitigatoria que se llevó a cabo fue regarlo. En su momento, un estudio arrojó que, una vez terminada la faena en 2016, este bofedal se iba a demorar hasta 25 años en recuperar parcialmente su potencial natural. Haciendo extensiva la faena minera hasta el 2023, estamos hablando de hasta 100 años sin tener la seguridad de que realmente pueda volver a ser parte de lo que fue. Eso no se conduce con minería sustentable bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, nuestra Seremi se postuló inconforme a la continuidad de operaciones de la Compañía Minera Cerro Colorado. Firmé el documento y se derivó al Servicio de Evaluación Ambiental Regional. Cuando todos los servicios ya se han pronunciado, nos juntamos y se presenta un Informe Consolidado de Evaluación (ICE), aprobando el proyecto o reprobándolo. Con esa postura, el SEA hace una presentación a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, que es presidida por el señor intendente. Estábamos esperando que se convocara al comité técnico para decir que este proyecto no era viable. Esperé, esperé, esperé… Pero desde el SEA no se citaba a la comisión técnica para zanjar y promulgar el ICE de rechazo.

-Usted acusó presiones indebidas por parte del gobierno central…
-Me enteré claramente de que eso no se hacía porque el SEA nacional estaba insistiendo al SEA regional que elaborara igual un ICSARA 2. Había presiones para que se generara otro informe. Traté de averiguar por qué, si se supone que los organismos regionales tienen independencia a la hora de elaborar o promulgar un ICSARA, dando su aprobación o su rechazo. Me molestó el hecho de que se cuestionara el profesionalismo de cada uno de los funcionarios de los seremis que participaron en el estudio de impacto ambiental, que conocen la región, que estuvimos en terreno. Son cosas que me molestaron mucho y las consideré una presión centralista que coartaba la autonomía regional. No se condice con la minería sustentable que la Presidenta ha promulgado, así como la autonomía respecto de las regiones en relación con los problemas más sensibles.

“La intencionalidad de las autoridades entrantes al gobierno regional era hacer cumplir el deseo de la Presidenta Bachelet: que se valide la decisión, la opinión, la participación, la inclusión de las comunidades en proyectos que los afecten directamente. Siempre fue respetar y hacer valer ese derecho. Por lo tanto, la situación de Paguanta fue eso, defender a las comunidades que no fueron consultadas de acuerdo a lo que establece el reglamento. Yo estoy seguro de que ninguno de esos señores ministros (del comité) conoce nuestra Pampa del Tamarugal y desde su oficina revirtieron una decisión tan importante. Me parece una falta de respeto.
-Entonces usted decide convocar a un punto de prensa para dar a conocer por cuenta propia esta información. ¿Cómo reaccionan las autoridades centrales ante esto?

-Les dije a los periodistas que, a mi juicio, con los elementos que nuestra Seremi evaluó, el SEA debía estar en condiciones de emitir un ICE de rechazo, pero que esto no se podía hacer porque nos están presionando desde Santiago a que se genere un ICSARA 2 y obligar a todos los servicios a seguir con un estudio que no tiene ningún sustento desde el punto de vista ecológico, medioambiental y menos sustentable. El intendente (Mitchel Cartes) no estaba al tanto de que yo iba a convocar el punto de prensa, pero sí conocía la situación de Cerro Colorado, de las cosas que estaban pasando, sabía que la situación no era viable. Lo habíamos conversado en más de alguna oportunidad, no era nada que él no supiera.

La conferencia generó una situación incómoda al ministro Badenier. Me llamó primero el subsecretario, y días después me llamó el ministro manifestándome claramente su enojo y su incomodidad por las declaraciones, haciendo alusión a que yo no había respetado la institucionalidad medioambiental. Tuvimos una conversación muy dura por teléfono, que terminó con él solicitándome la renuncia. Muchos, incluso políticos, me dijeron que no renunciara. Pero, si yo no lo hacía, sólo ponía mi cargo a disposición del ministro, no se sabría nada de lo ocurrido. Yo no estoy en política para buscar un trabajo, soy médico traumatólogo, miembro del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico. Eso es lo que me motivó para estar ahí en la Seremi, para hacer las cosas bien, basándome en lo prometido en la campaña de la Presidenta Bachelet. Qué hay detrás, no lo sé. Lo que no puedo aceptar es que se le falte el respeto a la autonomía de las entidades técnicas que participan en un estudio de impacto ambiental, a los profesionales de mi Seremi que yo sé que son idóneos, cabales, se toman el trabajo en serio, son de terreno, eminentemente técnicos y no políticos.

-En respuesta a su decisión de salir a dar a conocer estos antecedentes, desde el Ministerio de Medio Ambiente esgrimieron que sus actos se alejaban del apego a la transparencia y la normativa ambiental y que terminaban “por vulnerar la institucionalidad ambiental”.

¿Cree que su decisión de sacar a la luz anticipadamente esa información estuvo inserta en ese marco?
-Quiero decirle al ministro Badenier que si una institucionalidad permite cubrir, tapar o esconder cosas indebidas, estoy en contra de esa institucionalidad. Esconder cosas bajo el manto de la institucionalidad no es bueno. La institucionalidad es importante porque es lo que nos rige, somos una nación eminentemente republicana, pero cuando su mando permite hacer cosas indebidas, exacerbar el centralismo, realizar cosas que pueden ir en contra de lo que es una normativa, entonces hay que romper con ella. Primero es la verdad de cara hacia la comunidad. Eso es lo más importante. Uno no puede estar negando a la comunidad las cosas que hace. Yo no dije nada que fuera falso. En esta situación prefiero ser vencido diciendo la verdad que salir triunfador diciendo mentiras.

-Proyectos de esta gran envergadura, que amenazan el recurso hídrico de la región, ¿gozan, a su juicio, de demasiada permisibilidad?

-Tengo la certeza absoluta de que en un país desarrollado, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, el proyecto de continuidad Compañía Minera Cerro Colorado ni siquiera hubiese ingresado a un estudio de impacto ambiental. Ese proyecto debiera haber sido tirado para atrás y no haberle dado curso al estudio. De ahora en adelante, aquí a nivel regional, tenemos que tener la capacidad de exigir a todas las mineras que quieran continuar sus procesos productivos que tienen que invertir más millones en desalinizar el agua, porque aquí mar tenemos de sobra, pero no pueden seguir depredando la Pampa del Tamarugal. Dicen que les sale más costoso, pero las utilidades que ellos obtienen son tremendas.

EL PROYECTO PAGUANTA
Pero las aseveraciones de Liendo sobre presiones o intervenciones por parte del gobierno central no se limitan al proyecto de BHP Billiton. Sus alcances, asegura el ex seremi, se extienden también a otros, como el Proyecto Sondajes de Prospección Paguanta, de la Compañía Minera Paguanta S.A. La iniciativa tiene como objetivo realizar una evaluación para cuantificar los recursos de las reservas del depósito mineral del sector y se emplazaría a los largo de 145 hectáreas. Aunque su informe de evaluación ambiental fue rechazado por el Comité de Evaluación Ambiental de la región en marzo de 2013, luego, en julio de este año, fue aprobado por un Comité de Ministros liderado por la Cartera del Medio Ambiente. Esta situación ha generado la molestia de la ciudadanía en el norte y el pasado viernes varias organizaciones se tomaron las calles de Iquique pidiendo que no se lleve a cabo el proyecto.

¿Es la primera vez que las autoridades regionales son objeto de presiones por parte del gobierno central?
-Muchas veces. Un ejemplo es lo que pasó con el proyecto de prospección de Paguanta. El estudio de impacto ambiental ingresó en la administración pasada y se debería haber votado el 7 de marzo, pero no se hizo. A nosotros, recién llegando al gobierno, nos dijeron que en tres o cuatro días teníamos que votar ese proyecto. Un ente político y técnico que no ha participado en el proceso, que le pasen solamente un libraco de lo que fue el convenio y que te digan en tres días más tiene que votarlo, me parece complicado. Supuestamente ese proyecto venía sugerido por el gobierno anterior desde el punto de vista técnico para su aprobación. Pero nos encontramos con una situación bastante compleja al interior de la comisión medioambiental. Unos minutos antes de ingresar a votar a la comisión medioambiental, recibí un llamado del jefe de gabinete del ministro diciendo que votara a favor. Al final, se votó no y quedó rechazado. Sin embargo, yo salgo de mi cargo el día domingo y el martes o miércoles sale el consejo de ministros y revierte la decisión regional. En menos de una semana, fueron dos golpes durísimos de centralismo implacable en la región. Un grupo de ministros, mucho respeto les tengo, no los conozco, pero sostuvieron que los argumentos que habíamos presentado, los que rechazaron el proyecto, no habían tenido la claridad técnica para ello. Me parece una falta de respeto.

-¿Cuál fue el argumento que ustedes sostuvieron para rechazar el proyecto?
-La justificación técnica de esa decisión fue que en el artículo 85 del Reglamento de Estudios de Impacto Ambiental se habla del Convenio 169 de la OIT, en el que dice que si un proyecto afecta directa o indirectamente a una comunidad indígena, se le tiene que hacer la consulta. En este caso, sólo se le había hecho a la comunidad de Cultane. Pero el artículo 86 de ese reglamento dice que, no obstante lo expresado en el artículo 85, se le debe consultar o informar a las comunidades aledañas sobre el emplazamiento de este proyecto, y eso no se hizo.

CUESTIÓN DE EXPECTATIVAS
-¿Cuáles eran las expectativas que usted tenía en cuanto a su gestión medioambiental en la Región de Tarapacá, así como del Ministerio de Medio Ambiente, cuando asume en marzo junto con el nuevo gobierno?

-La intencionalidad de las autoridades entrantes al gobierno regional era hacer cumplir el deseo de la Presidenta Bachelet: que se valide la decisión, la opinión, la participación, la inclusión de las comunidades en proyectos que los afecten directamente. Siempre fue respetar y hacer valer ese derecho. Por lo tanto, la situación de Paguanta fue eso, defender a las comunidades que no fueron consultadas de acuerdo a lo que establece el reglamento. Yo estoy seguro de que ninguno de esos señores ministros (del comité) conoce nuestra Pampa del Tamarugal y desde su oficina revirtieron una decisión tan importante. Me parece una falta de respeto.

-Después de haber confiado en un programa y en un proyecto para la región, ¿hay una especie de decepción para con la labor del gobierno central en materia medioambiental?

-Me deja una sensación de decepción que tiene relación con mi cartera, porque yo entré con mucho entusiasmo a trabajar en esto. Era un trabajo que me entretenía, me gustaba, estaba muy entusiasmado y tenía perfilados otros proyectos. Pero siempre haciendo la pega en base a la normativa, probidad y en la sustentabilidad, que es lo que supuestamente había prometido la Presidenta. Con esta actitud, con lo que me ocurrió al denunciar presiones indebidas del estamento central y lo que ocurrió con el comité de ministros, por supuesto que pongo en duda los intereses del gobierno central. Ya no sé si nuestra Presidenta tendrá conocimiento de lo que estamos hablando.

-¿Cómo interpreta este gesto en materia de una señal hacia el regionalismo en Chile?
-Con todas estas cosas, parece que no le importamos a nadie. Somos parte de Chile, generamos grandes cantidades de recursos. La minería acá aporta un buen porcentaje del sueldo de Chile, tenemos que ser escuchados. Le estamos pagando el sueldo al fisco. Que siga siendo así, pero bajo una premisa sustentable. Cuando se vayan las mineras, nos van a dejar secos y todos nuestros pueblos al interior van a tener que migrar a las ciudades. Hay que tener una visión mucho más regionalista y defender lo poco que nos queda.