OIT acoge petición de privados y encarga estudio regional para evaluar ajustes a aplicación del Convenio 169

En octubre deberían estar listas las propuestas, que apuntan a que el Convenio no sea una piedra de tope para la inversión. Fuente: El Diario 07 de agosto 2014.

Una consultoría para analizar el efecto de la aplicación del Convenio 169 sobre los proyectos de inversión en Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala, encargó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El análisis, que está en plena ejecución, surgió a raíz de la solicitud de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), instancia que en el caso chileno está integrada por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

“El objetivo es aclarar el marco normativo vigente para la implementación del convenio, así como determinar el flujograma del proceso de consulta previa, paso a paso, institución por institución, haciendo notar los tiempos transcurridos en cada etapa, así como identificar recomendaciones y sugerencias para lograr un proceso más inclusivo, más eficaz, eficiente y predecible”, explicaron en la OIT.

En la industria comentan que la visión en torno al Convenio 169, que entre otras cosas establece la obligación de consulta a las comunidades originarias afectadas, tanto para proyectos productivos como actos administrativos del Estado y que desde 2008 en Chile tiene rango de ley, hasta ahora ha sido una piedra de tope para la inversión.

Por esta razón, estiman, es necesario que el organismo haga recomendaciones que mejoren la aplicación del Convenio.

En la CPC están expectantes sobre el estudio, en particular respecto a la evolución tras la entrada del mecanismo de consulta, especialmente en lo relativo a la adecuación del convenio a “la realidad social del país y su contribución al desarrollo sostenible de la actividad empresarial y la materialización de los proyectos de inversión, cumpliendo el requisito de la certeza jurídica”.

Una encuesta que Pwc divulgó en marzo y que aplicó a empresas mineras y de energía con proyectos en evaluación ambiental, estableció que el 91% de los consultados cree que el nuevo reglamento del SEIA –vigente desde diciembre de 2013- no basta para minimizar la judicialización de proyectos por conflictos con pueblos indígenas. El sondeo arrojó, además, que un 65% de las compañías no tiene un plan de acción para cumplir las disposiciones del Convenio 169.

Millonarias paralizaciones

Aunque en el último tiempo la paralización de proyectos por órdenes judiciales basadas en la no aplicación de la consulta indígena ha bajado, en 2012 hubo 12 iniciativas por más de US$ 13.000 millones que estuvieron en esta situación.

La más emblemática fue El Morro, mina de oro de GoldCorp, cuyo permiso ambiental fue anulado en 2012 por la justicia (que retrotrajo el proceso de evaluación) por no realizar la consulta. Tras realizar este procedimiento, el proyecto está nuevamente en tribunales, esta vez por el reclamo de algunas comunidades que la autoridad no consideró como parte del proceso. Firmas como Endesa (Neltume) o de Celco (MAPA), también están en esta situación.

La consultoría incluye la revisión del marco jurídico y técnico actual del Convenio 169, especialmente la implementación de la consulta. Además, se dimensionarán su impacto sobre las inversiones.

Todo lo anterior permitirá a la OIT -que fue la gestora de este convenio que sólo 22 países han ratificado- evacuar recomendaciones para los gobiernos y las empresas en torno a la mejor aplicación de la consulta indígena.

A nivel local el organismo internacional le encargó este trabajo a Matías Abogabir, ex jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, y actual director ejecutivo de la consultora Local, dedicada al relacionamiento comunitario.

El resultado de esta medición se entregaría en octubre, en el marco de un encuentro al que la OIT convocará a representantes empresariales de todo el continente.

 HISTORIA DE LA POLÉMICA NORMATIVA

En junio de 1989 la Conferencia General de la OIT adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

En Chile éste fue aprobado por el Congreso que le dio rango de ley y desde septiembre de 2009 forma parte de la legislación chilena.

La normativa establece la obligación de consulta, cuya aplicación comenzó bajo la forma del decreto 124, que fue derogado en 2013 cuando entró en vigencia el mecanismo actual de consulta, que tiene su aplicación en dos ámbitos. Los proyectos de inversión quedaron al alero del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y debe ser aplicada por el servicio del área a las comunidades que tienen alguna afectación. Para los actos administrativos del Estado, en tanto, se definió un reglamento y la consulta se realiza a un consejo de comunidades, cuya estructura está actualmente sometida a consulta por parte del gobierno.