CCU admite que proyectos deben validarse con la autoridad, pero también con la población

El 19 de agosto, CCU decidió echar pie atrás en uno de su proyectos más ambiciosos. En 2013 la firma ingresó a evaluación ambiental una declaración para levantar una planta por US$ 300 millones en Paine (desde hace más de una década que la empresa, controlada por el grupo Luksic y Heineken, no construye una unidad productiva en el país). La iniciativa, no obstante, se encontró con un fuerte rechazo ciudadano y municipal, a lo que se sumó la autoridad medioambiental, que, en junio, rechazó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Si bien CCU podía apelar o ingresar un Estudio de Impacto Ambiental, optó por revisar su estrategia de desarrollo de nuevas plantas. “Teníamos poderosos argumentos para reclamar la decisión. Sin embargo, un proceso como ese podría haber retardado el cumplimiento de los plazos que nos impusimos para el desarrollo de la planta. Preferimos no insistir, revisar la estrategia y quedarnos con 20 hectáreas para eventuales desarrollos”, explica el gerente general de Embotelladora CCU, Francisco Diharasarri.

En Paine, el grupo proyectaba originalmente una planta de cervezas y bebidas en un sector agrícola, zona que -según dice- permite el cambio de uso de suelo y el desarrollo industrial. “Esta comuna no considera aún el desarrollo de otras actividades. Fuimos los primeros en plantear un proyecto industrial en un sector de fuerte tradición agrícola”, dice.

Diharasarri defiende el proyecto. Asegura que la nueva estructura no implicaba un riesgo en materia de suministro de agua, como planteaban los vecinos. Por el contrario, propuso incluso aumentar la disponibilidad de riego en la zona, ya que se extraía agua de napas profundas, se trataba, y se devolvía más del 60% a cauces superficiales. “Lamentablemente algunos actores se formaron la convicción de que este proyecto amenazaba la disponibilidad de agua, cuando lo que se planteó era el uso de derechos de agua ya otorgados. Lo que vivimos en Paine es parte de lo que hoy le puede pasar a cualquier empresa que pretende instalarse con un proyecto en una zona que, permitiendo el cambio de uso de suelo, es de tradición agrícola”.

CCU reconoce errores. “Creímos, nosotros y nuestros asesores ambientales, que la tramitación sería distinta en complejidad y tiempo. Es claro que hoy cualquier intervención debe ser evaluada internamente de una manera mucho más compleja”, dice. “En ese sentido, aprendimos que los proyectos hoy no se validan sólo frente a una institucionalidad ambiental, sino que debemos ser capaces de presentarlos, defenderlos y convencer con ellos a la población”, añade.

El ejecutivo asegura que si bien la firma debe responder al crecimiento del consumo, la compañía cuenta con mecanismos para hacerle frente en el corto plazo. Para los próximos ejercicios deben invertir en capacidad, sobre todo en el negocio de bebidas. “Queremos hacer proyectos acordes con las realidades y comunidades donde se construyen y, además, que se ajusten a la necesidad de crecimiento de cada centro de consumo y que sean eficientes en el uso de recursos”, dice. Asegura estar analizando alternativas.

“Aprendimos que los proyectos hoy no se validan sólo frente a una institucionalidad ambiental, sino que debemos ser capaces de presentarlos, defenderlos y convencer con ellos a la población”.

FRANCISCO DIHARASARRI
GERENTE GENERAL EMBOTELLADORA CCU
Municipalidad y vecinos cuentan los reparos que tuvieron con la planta y las razones de su oposición

Marcela Rojas, vocera de los vecinos de Paine, dice que fue a través de los diarios que se enteró que construirían una planta en 50 hectáreas a casi 900 metros de su casa. Y fue también por la prensa -y por el portal del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)- que la Municipalidad de Paine supo de la envergadura de la fábrica que, en su comienzo, se presentó como una “planta de bebidas” y que luego se descubrió que era un proyecto de US$ 300 millones.

“En el inicio CCU se presentó como un proyecto de inversión dentro de la comuna de Paine sin ningún número sobre la mesa, sin ningún cálculo, ninguna proyección. No era más que una nueva empresa que es bueno para cualquier alcalde”, cuenta el edil de la comuna, Diego Vergara.

Como el municipio no tenía la potestad de rechazar o aprobar el proyecto, se preocuparon de concientizar a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y de coordinar reuniones con los diferentes servicios dentro de la comuna. “La DIA no estaba a la altura de lo que es realmente el proyecto. Porque ¿cómo sale rechazado un proyecto de US$ 300 millones y no se insiste en el tema? Se quería hacer por el camino fácil, lo que no es bueno”, aseguró el alcalde.

Además de la falta de comunicación de parte de CCU, que el alcalde definió como “nula”, la planta -asegura- presentaba problemas de ubicación, ya que, según el edil, se instalaría a más de ocho kilómetros del área industrial establecida.

Desde la voz de los vecinos, Rojas se centró en protestar contra el gran impacto ambiental que significaba, a su juicio, la construcción de la planta. “Vamos a oponernos a toda empresa de gran magnitud. Estamos cuidando nuestra tierra, nuestra agua, nuestro ambiente. Si viene cualquier empresa a ensuciarnos cualquiera de esos tres elementos básicos para la vida de un ser humano, nos vamos a oponer”. La mayor crítica al proyecto de parte de la vocera fue que CCU no hizo un estudio acabado y no les aclaró a los vecinos las condiciones con las que se iban a instalar. “El futuro puede ser uno que mezcle el desarrollo agrícola con el industrial, pero consúltenos, nosotros somos los vecinos”, afirmó Rojas.