De GasAndes a Alto Maipo: El río suena

Un grupo que partió siendo minoría, pero que en el último mes ha tomado forma entre la comunidad que amenaza con volver a levantarse como hicieron en los noventa.

“¡El agua no se vende, se defiende!”, gritan los manifestantes que ocupan unas cinco cuadras de la Alameda. Se ven banderas del Pro, el Partido Humanista, las Juventudes Socialistas, la DC y movimientos anarquistas; a los diputados Camila Vallejo y Daniel Melo; al ex candidato presidencial Alfredo Sfeir dando entrevistas; a un grupo de “sahumadoras” -personas que hacen sahumerios- y también a “kayaquistas” -personas que andan en kayak-. Es la mayor muestra de apoyo público que han organizado los opositores del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de la generadora AES Gener y la minera Los Pelambres, que reunió a miles de personas el sábado pasado para pedirle a Michelle Bachelet que la resolución de calificación ambiental sea revocada y se pida un nuevo estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica. El objetivo de fondo es que el proyecto, uno de los más grandes que hay actualmente en construcción, simplemente no se haga.

La marcha, en la que participaron más de 60 organizaciones, fue convocada por la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM), surgida en 2007, junto con las primeras tramitaciones de la hidroeléctrica, cuando un grupo de directivos, profesores y apoderados del colegio Andino Antuquelén, en la localidad de El Manzano, comenzaron a preguntarse por las consecuencias del proyecto. Luego se sumaron otros miembros de la comunidad del Cajón del Maipo, como Marcella Mella, hoy vocera del movimiento; la ambientalista Sara Larraín y el ingeniero en aguas Jack Stern, quienes además tienen tierras en la zona por donde va a pasar el proyecto; el empresario Olaf Bercic, dueño de la conocida Trattoria Calypso; y la legendaria familia Astorga, dueña del centro turístico Cascada de las Ánimas. Las reuniones eran cada martes en el colegio.

En mayo de 2008, AES Gener retiró el proyecto original del Sistema de evaluación impacto ambiental (SEIA) y lo volvió a presentar a los 15 días considerando las observaciones ciudadanas. “Esto nos obliga a estudiar todo de nuevo, se suman nuevos actores de la comuna y se empieza a diversificar la coordinadora”, cuenta Mella. Se vinculan otros grupos como empresas de rafting y la Asociación de Andinismo. También comienzan los acercamientos con la Cámara de Turismo del Cajón de Maipo, que terminan con los 40 empresarios que la componen en el movimiento. Con eso las asambleas de los martes se trasladan desde el colegio a la Trattoria Calypso, el restaurant Los Cuernos del Toro o el centro de eventos Casa Bosque.

En marzo de 2009, la Corema de la Región Metropolitana aprueba el proyecto y la CCRM asume que su mensaje no está llegando a sus vecinos. “La empresa promueve la división en la comuna entre los que tienen la necesidad de trabajar y nosotros ‘los hippies que tenemos la vida resuelta’”, se queja Mella. Por eso a fines de ese año deciden llevar su discurso a toda la ribera del río Maipo y Stern, el ingeniero Tomás González y el estudiante de derecho Anthony Prior inician charlas informativas en distintas comunidades.

Esta no es la primera vez que el Cajón del Maipo es escenario de conflictos entre la comunidad y las grandes empresas. Hace casi dos décadas, GasAndes marcó un hito en la causa medioambiental chilena. Anunciado en 1995, nace para transportar gas natural entre la provincia argentina de Neuquén y la Región Metropolitana a través de un gasoducto que pasaba por sectores del Cajón del Maipo. Pero enfrentó una fuerte oposición en la zona. “Fue la primera vez que se vio el movimiento ambientalista como defensor de las comunidades”, dice Elena Serrano, directora de relaciones comunitarias de GasAndes en esos años.

Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, el proyecto sirvió para ver en acción la recién creada legislación ambiental chilena. Las comunidades poco podían hacer legalmente: GasAndes tenía derecho a las servidumbres de paso y tránsito para acceder a sus terrenos. Todo había sido visado antes de cualquier estudio ambiental. “El gobierno de Eduardo Frei no era un ente neutral, estaba absolutamente jugado por el proyecto”, dice Carlos Aldunate, director de la Escuela de Periodismo en la UDP y autor del libro El factor ecológico: las mil caras del pensamiento verde.

En 1996 se anunció el trayecto final del gasoducto y partió lo que la prensa bautizó como la “guerra del gasoducto” con tres focos de resistencia en Pirque, San Alfonso y Cascada de las Ánimas. El mensaje era claro: no permitirían el paso del gasoducto por sus localidades, y para demostrarlo los vecinos de San Alfonso bloquearon el camino e impidieron el paso de los contratistas de GasAndes. En la Cascada de las Ánimas la familia Astorga cortó el único puente para acceder al lugar, iniciando una resistencia que duró un mes y los transformó en un símbolo. “Ellos aportan algo que en general el movimiento medioambiental ha perdido: épica. Fueron los héroes y agregaron un elemento tangible: la Cascada de las Ánimas, una especie de paisaje mágico que se tenía que defender. Eso, comunicacionalmente, es muy fuerte”, dice Aldunate.

Finalmente, la empresa se sentó a negociar rutas alternativas para el gasoducto en un hecho inédito para el país y pactó con Manuel José Ossandón, alcalde de Pirque, la construcción de sedes comunitarias y casas para los más pobres de la comuna. Además, anunció una vía alternativa que abarcaba sólo 200 metros de Cascada de las Ánimas y que no atravesaba San Alfonso, donde se comprometió a pagar un millón de dólares a la comunidad e invertir otros 10 millones en medidas de seguridad en un convenio que quebró para siempre confianzas. “En esos años nadie en Chile tenía experiencia en negociaciones para asesorar a la comunidad. Ni abogados ni líderes ambientales. La comunidad lo hizo sola”, recuerda Liberona, que fue dirigente de San Alfonso durante el conflicto.

Hoy las cosas han cambiado. La coordinadora que agrupa a los opositores a Alto Maipo tiene una red de profesionales voluntarios que incluye ingenieros, geógrafos, paleontólogos, arqueólogos y estudiantes de derecho que monitorean las actividades de Alto Maipo en lo que llaman “fiscalización ciudadana”. También han trabajado con abogados ambientalistas con experiencia como Fernando Dougnac y Gustavo Manríquez, un ítem donde dicen que han gastado más de 37 millones de pesos, que se financian con aportes que recolectan a través de mingas y bingos.

Los contactos también han llegado a la esfera política. Desde que se inició el proyecto se han reunidos con los ministros de Energía, Medio Ambiente y Obras Públicas de las últimas tres administraciones. La última fue el lunes, con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Cuentan con el apoyo de varios senadores y diputados, aunque prefieren mantener distancia para preservar el carácter ciudadano de la causa. “Todos están invitados a formar parte, menos los partidos políticos. Por eso nuestras campañas tienen un apoyo parlamentario transversal. No estamos con ningún partido, pero estamos con todos”, dice Prior.

Pero la organización actual se construye sobre la herencia de GasAndes, que según Carlos Aldunate, marcó un hito a nivel nacional en dos sentidos: dejó el precedente de que las empresas no pueden actuar sin considerar a las comunidades, lo que obligó al Gobierno a empezar conducirse como regulador y no promotor. Pero, según él, también fue el último conflicto donde el valor ecológico pesó, dando paso a una era de criterios técnicos al que se sumaron los ambientalistas perdiendo su mayor atributo: la épica. “El movimiento viene en bajada hace 20 años. Hoy no tiene actores relevantes, la última es Sara Larraín. HidroAysén fue una gran excepción, el respaldo ciudadano fue parecido a las cascadas: era otro paraje mágico que había que proteger. Esa épica promovió que hubiera miles de personas marchando contra el proyecto”, explica el director de Periodismo de la UDP.

Paradojalmente, la familia Astorga, que fue clave en la construcción de esa épica, quedó lesionada ante la comunidad tras el acuerdo. “Los Astorga salieron heridos, la prensa que avalaba el proyecto se encargó de dejar claro que no eran tan nítidos y la comunidad se consideró traicionada”, explica Aldunate. Algo que Soco Astorga reconoce: “Se dijo que nos pagaron siete millones de dólares, que nos dieron camionetas. Ensuciaron para siempre el nombre de la familia”. Hoy, Serrano aclara que “jamás existieron millones de dólares ni camionetas. A ellos se les pagó al rango de lo que habíamos acordado con todos en San Alfonso”. Por eso, en esta nueva causa ellos han evitado figurar mucho.

“Por GasAndes dividieron a la comunidad y destruyeron un fundo que era precioso para que hoy por ese gasoducto no pase absolutamente nada”, dice Alexis Carcamo, parte de la directiva de la Asociación de guías de rafting y miembro de la CCRM.

Que el escudo de San José de Maipo tenga un signo de energía eléctrica, es la muestra más evidente de lo acostumbrada que está la comuna a este tipo de proyectos. Acá se instaló la central Los Maitenes, la primera de la zona central, y en 1987 se ubicó Alfalfal, que en su proceso de construcción dejó un recuerdo de progreso entre los habitantes. Por eso, cuando se presentó Alto Maipo la comunidad en general estuvo a favor. “Inicialmente el 90% de la población apoyaba este proyecto”, dice Luis Pezoa, alcalde (RN) de San José de Maipo, sobre una tendencia que parece estar revirtiéndose.

En esto mucho tiene que ver la emisión del programa de Chilevisión En La Mira que el 23 de junio denunció irregularidades en la aprobación de la central y abrió interrogantes sobre sus verdaderos efectos en los cauces de agua del Cajón del Maipo. “Después del programa la gente quedó muy shockeada”, reconoce Jorge Orellana, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San José de Maipo. Muchas de estas acusaciones habían sido antes hechas por la CCRM sin resultados. “Fue increíble el efecto de la televisión”, reconoce Mella.

Las consecuencias del reportaje llegaron incluso al consejo de desarrollo local que conforma la empresa con el municipio. “En la última sesión dije que ponía punto suspensivo a mi participación, que no lo iba a volver a citar y que no me invitaran a participar en sus actividades hasta que la empresa no se hiciera cargo de las acusaciones”, dice Pezoa, quien aunque originalmente apoyó el proyecto, hoy está solicitando una audiencia con la Presidenta Bachelet para pedir garantías del gobierno sobre los efectos de Alto Maipo.

A esto se suman otros grupos de la comunidad que piden nuevas compensaciones de la empresa. Uno de estos es el Movimiento Autónomo de Acción Social del Cajón del Maipo, que agrupa a pequeños empresarios que en un principio también apoyaron el proyecto, pero hoy exigen que se revisen las 5.807 UF anuales (139 millones de pesos aproximadamente) que la empresa se comprometió a aportar durante 30 años al desarrollo de la comuna. ¿La razón? Ese monto se calculó como un porcentaje del costo de la operación, que en un principio era de 670 millones dólares. Hoy, en cambio, está estimado en más de 2.300 millones dólares. “Exigimos renegociar la diferencia, si no que no hagan el proyecto”, dice Jorge Riffos, presidente de la organización, que también pide se revisen los cupos para trabajadores locales en el proyecto.

Desde la empresa se muestran abiertos a negociar los montos: “Entendemos la posición de la comunidad y creemos que es legítimo que a partir del aumento de los costos del proyecto también hayá un incremento en el convenio social”, dice Marcelo Grifferos, gerente de gestión comunitaria del proyecto Alto Maipo.

En este escenario, el Movimiento Autónomo de Acción Social del Cajón del Maipo y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San José de Maipo amenazan con plegarse a la oposición del proyecto. Anthony Prior dice tener “la absoluta seguridad de que Alto Maipo no se va a realizar”, explicando que seguirán presionando para que el Consejo de Ministros revoque la Resolución de Calificación Ambiental de Alto Maipo, como pasó con HidroAysén.