Código de Aguas: en alerta por reforma del gobierno, afectados demandan otros cambios

En un seminario expertos, regantes y agricultores expresaron su inquietud por los anuncios de La Moneda, y presentaron las modificaciones que a su juicio requiere el sistema de derechos de agua para mejorar la institucionalidad y la coordinación. Fuente: El Pulso 29 de septiembre 2014.


La posible modificación al Código de Aguas -que data de agosto de 1981- ha comenzado de a poco a tomarse la agenda de políticos, regantes y propietarios de estos derechos. Fue en su cuenta pública del 21 de mayo pasado que la Presidenta Bachelet mencionó que el cambio climático y la sequía hacen necesario dar una nueva mirada.

Dada la sobreexplotación de cuencas y del mal uso de los derechos de agua, “hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas”, dijo. El anuncio, si bien sacó aplausos en el Congreso, no resonó igual en aquellos que cuentan con derechos de aguas (DA), ya que podrían ver limitada su explotación. Hasta hoy, una vez adquirido este permiso, es a perpetuidad (a personas y empresas). Aunque no se ha detallado cómo serán los cambios, se sabe que el gobierno estaría estudiando un plazo de 30 años para la tenencia de derechos de agua con derecho a prórroga, hecho que distintos inversionistas ven como limitante a la hora de proyectos de largo plazo. Asimismo, el Ejecutivo ha afirmado que si este derecho no es utilizado, podrá revocar su autorización. Hoy sólo se aplica multa a los cinco años del no uso del agua.

LOS ‘PEROS’ . Tras el anuncio ha comenzado un debate en torno al tema y la presentación de propuestas.

Un reflejo de esta preocupación fue el Seminario Código de Aguas desarrollado la semana pasada en Los Ángeles y organizado por la Asociación de Canalistas del Laja, donde regantes, agricultores y expertos abordaron el tema.

El presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Patricio Guzmán, criticó la intención del Ejecutivo:“no se puede aceptar que nuestro sistema jurídico y el derecho de propiedad esté siendo permanentemente atacado y puesto en duda. Comienza a ser común que la certeza jurídica que nos ha hecho respetados como país, esté pasando a transformarse en confusión e incertidumbre permanente”.

Una opinión similar expresó el ex director general de Aguas, Matías Desmadryl, y llamó a despejar cuanto antes la incertidumbre en áreas como “la retroactividad de los cambios propuestos, el derecho de propiedad o la determinación de prelación”.

En tanto, Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, dijo que una potencial reforma constitucional “debe tener presente aspectos económicos, como que los derechos de aguas son instrumento de garantía crediticia, así como un incentivo para inversiones futuras”.

De todos modos, reconoció que el actual mercado de derechos de agua evidencia asimetrías de información, y concentración de derechos de agua (no consuntivos).

PROPUESTAS. Pero el seminario también dio paso a propuestas de parte de los asistentes. Según el presidente de la Junta de Vigilancia Río Maule, Cristian Soto, algunas mejoras al Código de Aguas pasarían por mayor información desde la DGA.
Propuso que esta entidad investigue. “No contamos con estaciones apropiadas para investigar y medir los recursos que nos permitan su planificación. No existen redes de monitoreo de nieve acumulada”, indicó.
Asimismo, planteó la creación de un Instituto Técnico Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio que investigue los suelos, recursos hídricos e incluso los fenómenos de la naturaleza.

Soto sumó otro punto no menor: “un reordenamiento de organismos estatales”, ya que existen 29 organismos de gobierno relacionados con la gestión de los recursos hídricos repartidos en 10 ministerios, más 10 organismos autónomos del Estado. “en total, hay 102 funciones en 43 actores. Una realidad acreditada por el Banco Mundial y de público conocimiento”.

A esto, agregó la necesidad de una coordinación público-privada para incorporar a los actores relevantes, como son las organizaciones de usuarios de agua y representantes de las instituciones públicas involucradas. Hermann, en tanto, apuesta por utilizar un registro público y electrónico de inscripción de derechos de agua (DA) en la DGA. Es decir, “no utilizar a los Conservadores de Bienes Raíces ni notarios. y trasladar hacia la plataforma de Empresa en Un Día para constituir sociedades en el ministerio de Economía”. Asimismo, sugirió incentivar el uso de la Bolsa de Productos para transar DA, ya que “la ley lo permite, porque los DA son insumos para la producción agrícola. La Bolsa es fiscalizada por la SVS y próximamente, se transarán concesiones acuícolas”. Hermann admitió que existen detalles que pueden ser mejorados en el mercado de los derechos de aguas para una asignación más eficiente como aplicar subastas, registro de inscripción electrónico, o mejorar el diseño de patentes.

Así también, llamó a despejar las incertidumbres jurídicas sobre los DA y apuesta por un trabajo consenso público-privado, ya que es “el mejor camino” para efectuar un mejoramiento.

Matías Desmadryl, en tanto, apuntó a una mirada más integral. Indicó que la titularidad estatal del dominio público hidráulico “el reconocer la calidad de bien nacional de uso público a nivel constitucional, no cambia la sujeción de este bien a determinados poderes del Estado, o restricciones distintas de las que se aplican hoy”.

Por lo tanto, añadió la ex autoridad, “lo que corresponde analizar son las competencias, atribuciones y potestades exclusivas que tiene el Estado sobre este recurso estratégico”.

-¿Qué ha pasado? La Presidenta Michelle Bachelet anunció el 21 de Mayo que modificará el Código de Aguas.

– ¿Por qué ha pasado? La idea, comentó la mandataria en su Mensaje , es “reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados”.

– ¿Qué consecuencias tiene? Quienes hacen uso del Código de Aguas, ven con recelo esta propuesta, ya que significará cambios importantes en el modo de operación de sus acciones, como regantes, vigilantes y agricultores. Asimismo, aseguran que la incertidumbre de la propuesta que aún no se conoce, afecta su desarrollo productivo.

-“La iniciativa privada del libre emprendimiento agrícola no debe ser entorpecida por los ‘cantos de sirena’ que buscan la intromisión del Estado”.

JORGE HERMANN Director Hermann Consultores

-“Se necesita un reordenamiento de los organismos estatales. En total hay 102 funciones en 43 actores”.

CRISTIÁN SOTO Presidente Junta de Vigilancia Río Maule

-Medida

Una de las medidas que barajaría el gobierno es entregar derechos de agua por 30 años, prórrogables.

EVOLUCIÓN CÓDIGO DE AGUAS

– 1951: Primer Código de Aguas (CA). Definición de derecho de aprovechamiento de aguas, dominio, traspaso, inscripción Conservador de Bienes Raíces (CBR).

– 1981: Nuevo Código de Aguas. Establece el dominio, inscripción y derecho de aprovechamiento de aguas. Se establece el agua como un bien de uso público, cuyo uso requiere de derechos de agua (DA) que se consideran propiedad privada. .

– Los DA están separados de la tenencia de la tierra y pueden ser comercializados libremente. Registro CBR.

– El Estado asigna los derechos de usos originales, gratis, permanente, y sin límite de cantidad.

– El CA permite el libre ejercicio y transferibilidad de los DA consuntivos (se faculta consumir totalmente las aguas en cualquier actividad) y no consuntivos (permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla).

– 2005: Reforma al Código de Aguas. Incluye incentivos económicos y de competencia, e incorpora una patente para evitar la concentración de DA que no son utilizados (consuntivos principalmente).
– La modificación quiere evitar que las compañías y personas naturales adquieran derechos de agua y los mantengan improductivos impidiendo el desarrollo. Si la patente no se paga, esos derechos irán a remate.

– 2013: En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se concluye que la patente no ha sido eficaz en desincentivar el no uso de DA, puesto que los propietarios tienden a pagar lo cobrado para no perder derechos cuyos precios de mercado superan a los de las patentes.

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