Contaminación: Santiago alcanzó su nivel de esmog más crítico en 14 años

Aumento de emisiones y mala ventilación explican el fenómeno. Plan que busca reducir a la mitad la polución fina debutará en 2016.


Unos 500 automóviles entran diariamente al parque automotor de Santiago, que en total ya suma más de 1,4 millones de vehículos. Un crecimiento explosivo que, sumado al aumento de estufas a leña (pasaron de 80 mil en 2008 a 120 mil actualmente) explica un alza importante de la polución atmosférica este año en Santiago.

Especialmente la emisión de material particulado fino (MP 2,5), el más peligroso porque es capaz de penetrar en el torrente sanguíneo y contribuir a la muerte de las personas que se exponen a su acción.

En cifras, el Gran Santiago alcanzó su invierno más crítico en los últimos 14 años: acumuló tres emergencias por MP 2,5; 14 preemergencias y 31 alertas. Las cifras son muy superiores a las del año pasado, cuando hubo 15 alertas y ninguna preemergencia ni emergencia ambiental. En tanto, en material particulado grueso (MP 10) este año hubo nueve alertas y tres emergencias. En 2013 solo se registraron 15 alertas.

A juicio de Sebastián Tolvett, jefe de la división de calidad del aire del Ministerio de Medio Ambiente, el pasado “fue un año inusual y benigno en ventilación, lo que determinó pocos episodios. Este año, en cambio, los equipos están midiendo mejor, porque están capturando mejor el MP 2,5. También hay un factor meteorológico determinante”.

Las cifras debiesen cambiar gradualmente a partir de 2016, cuando comience a operar el nuevo plan de descontaminación para MP 2,5. Ese instrumento busca reducir a la mitad, hacia 2020, las 4.599 toneladas de esmog fino que se emiten cada año.

La estrategia de US$ 787,9 millones incluye la prohibición de la leña y una nueva restricción vehicular por zonas y a automóviles con convertidor catalítico de más de 15 años de antigüedad. Actualmente, la propuesta está siendo revisada y firmada en el Ministerio de Medio Ambiente y en los próximos días será ingresada a la Contraloría para su toma de razón, lo que según estimaciones del Gobierno debiese ocurrir en un plazo de dos meses. Después, las medidas serán convertidas en un anteproyecto que va a ser discutido en procesos de participación ciudadana, para luego convertirse en el plan definitivo.

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