Glaciares entran al área chica del debate ambiental

El 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet anunció una ley de protección de glaciares en respuesta a la demanda de grupos ambientalistas. Fuente: La Segunda internet 02 de septiembre 2014.


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La iniciativa no ha pasado desapercibida: mientras algunos dicen que no es necesario normar y sectores empresariales sienten amenazada la certidumbre de sus proyectos, para otros es trascendental que se preserven estas grandes reservas de agua dulce en peligro por el cambio climático y las actividades productivas directas.

Chile posee aproximadamente el 82% de los glaciares de Latinoamérica, los que según diversos estudios, se encuentran en retroceso. Aunque ese escenario no es exclusivo de nuestro país, es aquí donde alcanzaría cifras alarmantes, pues cada año contaríamos con 42 kilómetros cuadrados menos de estas reservas de agua dulce.

Para llamar la atención sobre la necesidad de protegerlos en sus distintos tipos, en marzo Greenpace Chile lanzó la llamativa campaña “República Glaciar” para evidenciar ante la opinión pública el vacío legal, que según la organización, existe en torno a su uso, propiedad y conservación. La iniciativa se extendió rápidamente, generando simpatías entre los ciudadanos dentro y fuera de nuestros límites, teniendo eco a nivel gubernamental. Tanto así que ello derivó en que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara en su discurso del 21 de mayo el envío de un proyecto de ley de protección de los glaciares y su entorno, haciéndolos compatibles con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales.

Esta medida se suma a otros intentos conservacionistas. A nivel público existe una Estrategia Nacional de Glaciares y una Política Nacional de Glaciares, además de una Unidad de Glaciología dependiente de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, que buscan cautelarlos. Y en el Congreso se han presentado varias iniciativas parlamentarias que no han logrado ver la luz.

Todos estos esfuerzos, sin embargo, a ojos de Matías Asun, director de Greenpeace Chile, no han sido suficientes. “Los glaciares hoy no existen ni en el Código de Aguas ni en la Constitución política, lo que quiere decir que no hemos sido capaces de generar un marco jurídico que establezca que son de todos los chilenos. Son reservas estratégicas de agua, sistemas que ayudan a regular el clima y que tienen una serie de beneficios ambientales, que al no estar considerados en la ley, quedan en tierra de nadie”, plantea.

Como consecuencias de este “vacío legal”, dice, es que hoy existen proyectos de actividades productivas, fundamentalmente mineros y de generación energética, que están esperando obtener permisos ambientales o que ya los tienen, lo que impactará a distintos glaciares. “Codelco, para ampliar las operaciones de la División Andina, ha redactado un proyecto donde de manera muy clara señala que van a dañar cinco glaciares. Es decir, objetivamente hoy puedes dañar glaciares y pedirle permiso al gobierno para hacerlo”, reflexiona.

¿Legislar o no legislar?
El análisis de Asun es compartido por el diputado Daniel Melo (PS), presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y uno de los impulsores de la Ley de Glaciares que hoy se discute en el Congreso y que hace unas semanas fue aprobada unánimemente por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

“Actualmente los glaciares, en todas sus variantes, se encuentran en un limbo jurídico. No existe ninguna claridad respecto de que el Estado sea su dueño, ni políticas o mecanismos que permitan su protección”, afirma el parlamentario.

Pero no todos comparten esta visión. El glaciólogo Gino Casassa, investigador de la Universidad de Magallanes y uno de los científicos que participó en el trabajo del Panel para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) que fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz, subraya que hay que ser cautelosos a la hora de establecer si es necesario o no una ley específica para los glaciares, pues Chile ya cuenta con una regulación ambiental, como es la Ley de Bases del Medio Ambiente, a la que se le han sumado reglamentos que regulan las actividades humanas en estas reservas.

“Hay que tender a una armonía entre el espíritu de conservación, que sin duda defiendo, pero es totalmente compatible un crecimiento sustentable con una protección de los glaciares”, asevera.

A su juicio, las actividades productivas en los glaciares tienen que estudiarse caso a caso y no se deben prohibir a priori, aunque enfatiza la necesidad de que exista una reglamentación que se base en fundación científica. A modo de ejemplo, plantea la existencia de un centro de esquí en estos bloques de hielo. “La pregunta sería ¿es lícito hacer una cancha de esquí sobre un glaciar? Yo creo que es totalmente razonable en el sentido de que pones medios mecanizados, torres mecánicas y andariveles, hay un beneficio en cubrir parte de ese glaciar con geomembranas para que la nieve dure más hacia el verano. ¿Es eso una intervención? Claro que es una intervención”, destaca.

El reconocido experto agrega que Chile sería el tercer país en el mundo en contar con una ley de estas características junto a Kirguistán y Argentina. “En otros países existen una serie de medidas que regulan el medio ambiente, dentro de los cuales caben las aguas, los suelos y también los glaciares. Por eso me pregunto si realmente necesitamos una ley de glaciares y mi respuesta es no”, sostiene.

En Greenpace, sin embargo, consideran que el caso nacional no es homologable a ningún otro país, pues “en Chile de facto el agua es privada”.

Altas expectativas
Actualmente, en el Parlamento hay al menos dos proyectos más de protección de glaciares, además del ingresado por el diputado Melo. Y durante este semestre el gobierno planea enviar al Congreso un nuevo proyecto que incluya las definiciones de la mesa de trabajo constituida por los ministerios del Medio Ambiente y de Obras Públicas, que desarrollan reuniones con distintos actores del mundo científico, privado y público y que por estos días debiera tener su primer borrador.

La idea de esta mesa es poder recoger la experiencia ya existente en los servicios públicos para poderlos consolidar en un cuerpo legal de mayor jerarquía, incorporando también los principios de los proyectos presentados anteriormente por los senadores Antonio Horvarth (2006) y Guido Girardi (2008), además del proyecto del diputado Melo. Todo esto, con el foco de proteger a los glaciares como fuente de agua dulce que alimenta las cuencas, pero también como ecosistemas valiosos y particulares que hay que preservar y conservar.

Para esto, dicen en el Ministerio del Medio Ambiente, esta ley debe contar con algunos “mínimos”, como la definición de glaciar, la institucionalidad responsable, la importancia y función del catastro de glaciares y su administración, además de aquellas prohibiciones, actividades posibles y mecanismos para su autorización, entre otros temas que son materia de revisión.

En Greenpace las expectativas son altas, pues apuntan a que “una buena ley de protección de glaciares” debe establecer claramente el que, sin importar su tipo (blancos o de roca), todos son glaciares, y por lo tanto, deben estar protegidos, y considerar como parte de un glaciar todo aquello que conserva el hielo, de modo que es relevante todo aquello –como los vientos, la temperatura y las mareas– que aplica para que estos bloques de agua se conserven.

Para la ONG, debe limitarse y prohibirse las actividades que dañen este recurso y que la ley sea “pareja” en su aplicación, por lo que quienes hoy tienen permisos para afectar a un glaciar tienen que desarrollar un plan de adaptación, como también que estas reservas de agua dulce sean un bien nacional, cuya responsabilidad de protección recaiga en el Estado.

Protección versus desarrollo

Por lo pronto, el proyecto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja que sigue su tramitación contempla que “no podrán realizarse en glaciares, zonas glaciares y periglaciares (…) actividades que generen impactos significativos o daños irreversibles”. Esto ha llevado a encender las alertas en distintas industrias, especialmente en la minería y en quienes intentan desarrollar la geotermia, pues a su juicio, la aplicación de esta normativa significaría el fin de esos sectores entre las regiones de Antofagasta y O’Higgins.

El gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, ya acudió a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para entregar la visión del gremio, oportunidad en que destacó ante los parlamentarios que no creen conveniente establecer prohibiciones absolutas, sino que hay que evaluar caso a caso, porque, dijo, no todos los glaciares deben tener igual grado de protección, ya que no todos cumplen la misma función.

En los actores ligados a la geotermia, el proyecto también causó alarma, ya que estiman que –de aprobarse– su actividad quedaría prohibida por ley, pues prácticamente la totalidad de los yacimientos hallados están en zonas aledañas a glaciares.
El diputado Melo discrepa en este punto. “La minería es la única industria chilena con estándares de nivel mundial. Eso significa que es posible exigirles las mejores prácticas disponibles. Si usted protege y preserva glaciares o hace respetar la consulta indígena no está prohibiendo hacer minería. El único efecto es que deberán ocupar mejor tecnología y recursos”, indica.

Agrega que ello traerá mayores costos, pero cuestiona por qué el país debe darle un subsidio ambiental a una industria que tiene utilidades siderales. “En cualquier otro país del mundo esto se llama dumping y es algo que se sanciona por la comunidad internacional”, acota.

Algo que es compartido por Asun. “Con esto no se paraliza ningún tipo de actividad minera. De lo que se trata es generar un espacio de resguardo para un patrimonio ambiental que es fundamental. Los glaciares son la garantía de que en un escenario de cambio climático vamos a poder cuidar unos activos ambientales que nos van a permitir nuestras actividades productivas cotidianas”, menciona.

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